La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) publicó recientemente un manifiesto titulado “Alianza ciudadana por la calidad de la Docencia Universitaria, en Defensa de lo Público y la Equidad Social”, en el que exige un mejor tratamiento a los estudiantes de la Universidad de Murcia a la hora de asignar prácticas universitarias a sus estudiantes de medicina. El manifiesto denuncia también “años de privilegios” que desde el Gobierno autonómico del PP facilitan a la Universidad Católica de Murcia, y que permiten que sea la universidad privada mas barata de toda España.
Mario Soler Torroja, portavoz de la asociación, asegura que la utilización de los centros sanitarios públicos por parte de la universidad privada “está perjudicando a la formación de los alumnos de la universidad pública”. El análisis de la propia asociación concluye que no se debería otorgar ningún privilegio por parte de la Comunidad a los centros privados, en este caso la UCAM, y menos aún en detrimento de un centro público como es la Universidad de Murcia.
El objetivo principal del manifiesto es que la Comunidad dé preferencia a la Universidad de Murcia en la utilización de las instalaciones sanitarias de la Región, y consiguiendo la exclusividad del Morales Meseguer, La Arrixaca y el Reina Sofía. “La UMU es una universidad transparente, en el que la meritocracia del alumno está por encima de cualquier otro criterio. No puede ser que alumnos que por mucho derecho que tengan a estudiar no cumplan esos criterios tengan ventajas formativas respecto de quienes sí las cumplen”, señala Soler atendiendo al “opaco” proceso de selección de alumnado que tiene la UCAM. “Es injusto que alumnos que entran a la universidad por el poder adquisitivo de su familia utilicen recursos públicos en detrimento de quienes entran por puntuación”, añade el portavoz de la ADSP.
Además, Soler indica que todo este tipo de privilegios consiguen que la UCAM “sea la universidad más barata de España”. Asegura que mientras que en otras privadas de España, estudiar medicina cuesta de media entre 16 y 18 mil euros anuales, en la Universidad Católica “las matrículas son de poco más de diez mil euros por cada curso”. El motivo principal, indica, “es que la UCAM consigue utilizar el sistema público a un precio irrisorio, lo que permite abaratar sus costes en cantidades importantes”.
El ejemplo más evidente lo sitúa Soler en Cartagena. Según el nuevo acuerdo establecido entre la UCAM y la Comunidad, la universidad privada dispondrá de la total disponibilidad del Hospital de Santa Lucía, y haciendo que los alumnos de la UMU destinados allí tengan que desplazarse para realizar sus prácticas. Soler habla de “expulsión” de los alumnos de la pública para ofrecer un sitio a los de la privada. Además, ha querido poner en duda la exclusividad acordada para el próximo curso en los tres hospitales de Murcia: “sospechamos que los alumnos de la UCAM seguirán utilizando Reina Sofía, Morales y la Arrixaca el próximo año”.
El manifiesto lo suscriben alrededor de 32 asociaciones que desean promover el sistema público y la utilización eficiente de los recursos públicos, apostando por la educación y sanidad públicas como pilares fundamentales del desarrollo en la Región. “La Conferencia de Estudiantes, la Unión de profesores interinos, sindicatos como UGT y CCOO, la Asociación de Usuarios de Sanidad de Murcia, hasta partidos políticos como PSOE, Podemos e IU, son varios de los grupos que nos apoyan, y en la actualidad tenemos más de dos mil firmas en apoyo a este manifiesto”, destaca Soler.
Con el manifiesto, la ADSP tiene previstos diversos movimientos para seguir ejerciendo presión sobre las instituciones. Al margen de diversas reuniones solicitadas tanto con la Consejería de Sanidad como con otros representantes, entre los que destaca el alcalde de Cartagena José López, cualquier tipo de movilización relacionada con la defensa de la educación y sanidad pública y en contra de los “privilegios” que recibe la UCAM será suscrita por la Asociación. “Las asociaciones de estudiantes tienen planeada alguna movilización, a la que nos añadiremos sin duda alguna; nosotros también nos planteamos salir a la calle si las reuniones planeadas no se dan como quisiéramos”, asegura el portavoz.
En definitiva, la ADSP propone que los recursos de la Región sean empleados por instituciones públicas en preferencia de instituciones privadas, por lo que suscriben totalmente que la UCAM reciba un periodo de margen para alcanzar acuerdos con centros del ámbito privado para sus prácticas de medicina, y que, como sentencia Soler, “todos los centros públicos se adscriban a la Universidad de Murcia, ya que no es posible que la UCAM reciba recursos ilimitados por parte de la administración”.