Tres vocales del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) han interpuesto una denuncia ante la Justicia contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, el titular de la asamblea regional, Alberto Castillo, y otras cinco personas por considerar que cometieron un delito de prevaricación durante el proceso de nombramiento de Juana Pérez Martínez como presidenta de la institución.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, los vocales impugnan todo el proceso por el que Pérez Martínez, hasta hace una semana vocal del Consejo de Transparencia, fue nombrada presidenta sustituta tras la renuncia de su antecesor en el cargo, Julián Pérez-Templado. Esa elección se produjo, según sostienen, en contra de la ley, y ni López Miras ni Castillo hicieron nada para impedirlo a pesar de que fueron informados puntualmente de lo que estaba ocurriendo.
Los hechos se remontan al verano de este año, cuando Pérez Templado, en ese momento presidente del CTRM, presentó su renuncia tras dos años en el cargo, que fue aceptada por el Consejo de Gobierno de la región cinco meses después. Tras hacerse oficial la salida, la vocal Pérez Martínez, con asiento en el Consejo en representación de las asociaciones de consumidores, convocó al resto de miembros “con el fin de elegir un nuevo presidente” para la institución, según consta en la denuncia.
Según la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de la región nombra al presidente de la institución previa designación de la asamblea a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios. Así, el candidato “deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea Regional en una primera votación o mayoría absoluta en una segunda”.
De ese modo, los vocales firmantes de la denuncia Mario Ginés, en representación de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, José Luis Fernández, de Comisiones Obreras, y Francisco Lucas, del grupo parlamentario socialista, solicitaron mediante un burofax a López Miras que adoptarse “las medidas que en derecho correspondan” para impedir que la Pérez Martínez “usurpase las atribuciones” que correspondían al Consejo de Gobierno.
“Como vocal del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, he recibido un correo remitido por Dª Juana Pérez Martínez, vocal en representación del CES, por la que se nos convoca a un pleno extraordinario para el próximo jueves día 24 de noviembre, a las 10'00 horas en primera convocatoria y a las 10'30 horas en segunda, a celebrar físicamente en la sede del CTRM, sita en Calle Frutos Baeza Nº 3, piso 2ª de la ciudad de Murcia. [...] ningún consejero tenemos la potestad de usurpar las atribuciones que corresponden al Consejo de Gobierno de la CA de la Región de Murcia, y mucho menos la de nombrar a al presidente del Consejo de la Transparencia”, rezaba el burofax, incluido en la denuncia.
La reunión finalmente se celebró, según el relato de los denunciantes, aunque a ella solo acudió el consejero José David Hernández, miembro por designación del Gobierno regional, y la propia Pérez, lo que imposibilitó que el nombramiento del nuevo presidente se efectuase por falta de quórum. Aún así, prosigue el escrito, los consejeros no cesaron en su empeño y el 19 de diciembre Hernández volvió a convocar al resto de miembros para nombrar al presidente. Los denunciantes respondieron a esa comunicación por la misma vía y con los mismos argumentos que en el burofax dirigido a López Miras para negarse a participar en dicha reunión. Acto seguido, enviaron un segundo burofax al presidente de la región para darle cuenta de ese nuevo intento y volver a pedirle que impidiera el “ilícito nombramiento” que se pretendía.
El pasado 21 de diciembre, Pérez Martínez fue nombrada finalmente presidenta interina del Consejo de la Transparencia por seis votos de los once que componen el organismo. Los vocales que se negaron a participar en la votación han denunciado también a los seis miembros del Consejo que sí acudieron y apoyaron con su voto el nombramiento de la actual presidenta sin las garantías que prevé, insisten, la legislación: que el titular de ese consejo sea nombrado por el Consejo de Gobierno tras la designación de la asamblea regional.
Los vocales denunciantes recuerdan en su escrito que el vocal José David Hernández, “promotor de la sesión o reunión” de consejeros que nombró a la nueva presidenta, es “Director General de la Comunidad y miembro del Consejo por designación de la Administración Regional”, esto es, un “subordinado” del presidente de la Región de Murcia.
En la denuncia dicen desconocer si Hernández actuó “siguiendo las instrucciones u órdenes directas o indirectas de este en la comisión del ilícito” denunciado, pero afirman que, en cualquier caso, López Miras fue informado y advertido de lo que estaba sucediendo hasta en dos ocasiones y no hizo nada para “frenar o enmendar” la celebración de esa reunión, “a pesar de que se trataba de una clara usurpación suya”.
“La omisión del procedimiento establecido para el nombramiento del Presidente o Presidenta del CTRM por los cauces establecidos en la ya referida Ley 12/2014 de 16 de diciembre de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia supone un claro fraude de ley, atentando contra el procedimiento democrático y dando lugar a sospechas de intereses espurios por el control de la Institución sin pasar por el debido trámite y control legal previsto”, argumentan los denunciantes, que entienden que bien por su participación directa, en el caso de los consejeros que votaron a la nueva presidenta, o bien por omisión “a sabiendas de su ilegalidad”, en el caso de López Miras y Castillo, todos ellos incurrieron en un delito de prevaricación y piden al juzgado que investigue en consecuencia.