Mikel Zabalza era un joven navarro de 33 años. Trabajaba en Donostia como conductor del transporte público de la ciudad y no pertenecía a ETA ni tenía ningún tipo de relación con la banda terrorista. A pesar de ello, en noviembre de 1985 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista en la que también fueron apresadas otras cinco personas, incluidas su pareja, sus dos hermanos y un primo suyo. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo y allí, según un informe oficial de 2022, falleció a causa de las torturas a las que fue sometido. Su cuerpo, sin embargo, no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial de los hechos sigue siendo que Zabalza falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto. Arturo Espejo, recientemente ascendido a la cúpula del instituto armado, fue el instructor de la causa y uno de los encargados de custodiar a Zabalza en Intxaurrondo cuando era teniente de la Guardia Civil en ese cuartel.
Este martes, PNV y Geroa Bai (la marca navarra de este partido) han preguntado al Gobierno en el Senado por este ascenso, después de que el grupo nacionalista y también EH Bildu solicitasen previamente la comparecencia urgente del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska para explicar los motivos del ascenso de Espejo, nombrado jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, lo que para la familia de Zabalza ha supuesto una “ofensa” por su presunta implicación en la muerte de “Miguel Mari”, como ellos le llamaban, así como en la construcción de la versión oficial de que murió ahogado tras escaparse.
Ha sido el propio ministro quien ha respondido a las preguntas formuladas por Almudena Otaola y Koldo Martínez, quienes han señalado que Espejo, junto con el teniente Gonzalo Pérez y el guardia civil Fernando Castañeda “manifestaron en sede judicial que Zabalza se les escapó esposado cuando lo llevan a identificar un zulo tirándose al río”, versión que desmiente el informe elaborado por el Gobierno vasco. Grande-Marlaska ha defendido que Espejo no está, ni ha estado imputado por esta causa. “¿En base a qué resolución judicial está o estuvo formalmente imputado el general Espejo?”, ha preguntado el ministro.
Zabalza fue detenido a las 2.35 horas de la madrugada del 26 de noviembre de 1985 en el barrio de Altza de Donostia. Se encontraba en el domicilio de su primo Manuel Vizcay, también apresado aquella noche. Dos horas después, otros agentes detuvieron a su pareja, Idoia Ayerbe, y a Víctor Manuel Mediavilla. Aitor y Patxi, hermanos de Mikel Zabalza, fueron igualmente apresados en su Orbaizeta natal, mientras que a Jon Arreche lo arrestaron en Errenteria. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida”. Pese a que no se puede saber con certeza la causa de la muerte, se cree que falleció a cusa de una parada cardíaca —Zabalza padecía una dolencia en el corazón— mientras era torturado. El informe publicado por el Gobierno vasco que sirvió para que Zabalza fuera reconocido como víctima de la violencia policial tanto en Euskadi como en Navarra, sostiene que no fue una muerte fortuita en una fuga. La “sumersión vital en el río Bidasoa” durante veinte días es “prácticamente descartable” dada la ausencia de signos de ese tiempo bajo el agua, por lo que lo plausible es una “sumersión en un medio líquido distinto” –como una bañera– o “otro método de asfixia violenta que no deja alternaciones macroscópicas”.
La detención de Zabalza se produjo en un contexto, según apunta el mismo informe, en que las torturas de las fuerzas del orden tras la dictadura no habían desaparecido y en el que el Gobierno de Felipe González, del PSOE, les dio amplios poderes para combatir a ETA con una Ley Antiterrorista que le confería atribuciones especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos.
El caso nunca fue nunca debidamente investigado dando por buena la versión oficial de que había muerto ahogado en el Bidasoa pese a que el cuerpo apareció en una zona que ya había sido rastreada. Todo el grupo denunció haber sufrido malos tratos en el cuartel y la novia del joven, Idoia Ayerbe, llegó a contar entonces que escuchó gritos en Intxaurrondo, que logró identificar a Zabalza por la ropa que llevaba y que le estaban interrogando con una “bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza”. La causa judicial se cerró en 1988 y no se reabrió hasta 1995 cuando, el diario 'El Mundo' publicó la transcripción de unos audios entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en el que hablan con franqueza de lo ocurrido con Zabalza pero también de uno de los principales crímenes terroristas de los GAL, el de Lasa y Zabala.
—El tema de Zabalza está muy feo.
—Sí, muy mal.
—¿Has hablado con Felipe y éstos?
—No, no he hablado... Un juicio así rápido mío de valores es que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio.
[...]
—¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?
—Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, ésa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos.
[...]
—Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro... ¿Cuál era?
—¿A Lasa? Eso fueron dos tiros en la cabeza.
—¿Dos tiros?
—Dos tiros en la cabeza sin capucha.
Pese al contenido que posteriormente fue publicado en el documental 'Non dago Mikel?', el caso se volvió a archivar al considerar el tribunal que el audio no tenía “una mínima calidad convitiva”. En la actualidad continúa sobreseído.
La familia de Mikel Zabalza, que nunca vio verosimilitud en la versión oficial de los hechos, lo que les llevó a “ser acusados de difamadores y mentirosos”, como señaló su hermana Lourdes en una entrevista a este periódico, denunció al mismo tiempo el trato “degradante” que sufrieron en las horas posteriores a la detención de Mikel. “A mi madre le negaron por activa y por pasiva que estuviera detenido hasta que en un momento un guardia civil le dijo: 'Señora, si se ha perdido su hijo vaya a objetos perdidos'”, manifestó. Durante el tiempo en el que el cuerpo estuvo desaparecido la Guardia Civil también acudió al domicilio de unos allegados para tratar de convencerles de que Zabalza había cruzado la frontera para huir a Iparralde.
37 años después de los hechos, Mikel Zabalza ha sido reconocido por los Gobiernos vasco y navarro como víctima de la violencia policial, lo que permite a su familia acceder a una indemnización. Ambas comunidades han aprobado leyes en los últimos años para reparar a este tipo de fallecidos y heridos como complemente a las normas para víctimas del terrorismo (que incluyen a los GAL). Ellos sin embargo consideran que todavía falta un reconocimiento, el del Gobierno de España y de la Guardia Civil. El ascenso de Arturo Espejo, quien consideran que estuvo implicado el la muerte de Zabalza por ser uno de los agentes que custodiaban al joven, lo califican de “ofensa” y de “jarro de agua fría”. A su vez han acusado al Gobierno de España de haber “preferido elegir tortura en vez de verdad y justicia”.
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