España. Noviembre de 2018. Cuando apenas quedan unos días para que sus nostálgicos infrinjan una vez más la ley de Memoria Histórica celebrando el 43 aniversario de Francisco Franco Bahamonde, dos cineastas se enfrentan a una petición de pena de cárcel por realizar un documental sobre el monumento a los Caídos de Pamplona. El presunto delito de “revelación de secretos” se lo imputa la Fiscalía por investigar los ritos que la Hermandad de Caballeros de la Cruz celebra todos los días 19 de cada mes en la cripta del edificio para conmemorar a los muertos de un solo bando, los de la cruzada por Dios y por España.
Esos añorantes de tiempos pretéritos han conseguido sentar en el banquillo de los acusados los próximos 14 y 15 de noviembre a Clemente Bernad y Carolina Martínez por filmar el edificio de Pamplona, el segundo más grande del franquismo tras el valle de los Caídos. Los dos cineastas procesados son los autores de A sus muertos, que se proyectó en unas jornadas celebradas en enero de 2017 por el colectivo memorialista ZER bajo el título “¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?”.
Una pregunta que precisamente se hace la capital navarra estos días con el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para decidir qué hacer con el edificio, que podría incluso ser derribado. Pero para la Fiscalía la investigación merece una petición de dos años de prisión y una multa de 12.000 euros por un supuesto delito de “revelación de secretos” tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal. La acusación particular eleva la petición a 2 años y 6 meses de prisión.
“El documental se pregunta qué hacer. Y se lo preguntamos a un montón de ciudadanos del entorno y de la ciudad. Qué les parece, si saben algo sobre cómo se creó o qué rememora. Lo grabado evidencia una gran ignorancia sobre la historia”, apunta Carolina Martínez, que subraya que no es un trabajo realizado “como activistas” de la memoria, sino “como profesionales” de la comunicación audiovisual.
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó este lunes una declaración institucional por la que manifiesta su “solidaridad” con Carolina Martínez y Clemente Bernad. La propuesta, presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, ha provocado que el Legislativo Navarro censure que “la labor de investigación se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, la Historia, así como la sociología de la ciudad de Pamplona”. El Partido Socialista apoyó ese punto, pero los regionalistas de Unión del Pueblo Navarra y el PP votaron en contra.
Asimismo, el Parlamento se opone “a la persecución judicial de quienes realizan su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión”. El PSN se abstuvo esta vez y UPN y PPN siguieron votando en contra.
En un tercer apartado, el Legislativo ha reiterado su “rechazo a la politización de la justicia, que avala la legitimación activa de La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada en 1939 por excombatientes requetés para 'mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España' y por cuyo objeto debería estar ilegalizada en una sociedad democrática, tal y como ha denunciado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”. El PSN se abstuvo y UPN y PPN votaron en contra.
Por último, el Legislativo expresa su “compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica que garanticen la verdad, justicia y reparación de la ciudadanía navarra y la no connivencia con cualquier tipo de acto de enaltecimiento del franquismo que suponga un ataque de la dignidad de sus víctimas”. Este punto fue aprobado por unanimidad.
“Un atropello judicial”
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera “un atropello” la “persecución judicial” que se lleva a cabo contra ambos cineastas y su “intento de sacar a la luz un acto de exaltación franquista que trata de camuflarse como de oficio religioso”. Para Emilio Silva, presidente de la asociación, “es evidente el interés informativo y social que conlleva el hecho de que un acto de enaltecimiento de la dictadura franquista se celebre dentro de un edificio de propiedad municipal y amparado por la Iglesia Católica. La conmemoración del golpe de Estado de 1936 podría tratarse de un delito de odio y discriminación el que lleva a cabo la Hermandad todos los meses”.
Silva considera que la apertura de este juicio “es un acto de humillación, denigración y desprotección de las víctimas de la dictadura y de un enorme ejercicio de doble moral de la justicia, que en caso de que el rito de exaltación de los asesinos franquistas consistiera en el enaltecimiento de cualquier miembro de un grupo violento terrorista la justicia actuaría de oficio y tendría muy claro quiénes son las personas que deben ser perseguidas judicialmente por el incumplimiento de la ley”.
Cientos de personas -más de 1.700 al cierre de este artículo- han firmado un manifiesto en apoyo a los dos cineastas, quienes han tachado de “fundamental” el apoyo. “Estamos emocionados y agradecidos, nos hacen sentir que no estamos solos, que no somos los únicos que pensamos que lo que hemos hecho no está mal. Vamos al juicio con la cabeza alta”, asegura Carolina. También apunta que esto “le puede pasar a cualquiera. Es muy serio que no se pueda investigar para informar”.
Emilio Silva denuncia además que las declaraciones del prior de la Hermandad “son profranquistas puras”, y asegura que el caso “tiene similitudes con el valle de los Caídos: es una propiedad pública, convertida en parte en una basílica”. En su opinión, “aunque las actividades que se desarrollen dentro puedan ser constitutivas de delito, se realizan casi en suelo diplomático, por los acuerdos Iglesia-Estado en España”.
Tal y como denuncia la asociación memorialista, la Hermandad celebra misas los días 19 de cada mes para conmemorar el golpe de Estado en Navarra de 1936 y en honor de los militares golpistas Mola y Sanjurjo, cuyos cuerpos estuvieron enterrados en la Cripta del Monumento a los Caídos hasta su exhumación en noviembre de 2016 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El Parlamento de Navarra se pronunció al respecto el 5 de febrero de 2015, cuando instó al Arzobispado a que “impida cualquier tipo de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta de su propiedad”. Efectivamente, el monumento a los Caídos es un espacio público, que fue donado por el Arzobispado al Ayuntamiento de Pamplona en 1997, pero en el preacuerdo, la Iglesia se reservó el derecho de la cripta central, precisamente para cederla en usufructo a la Hermandad de los Caballeros de la Cruz.