El lunes 8 de octubre comienza la vista oral por el mayor caso de envenenamiento de fauna protegida registrado en España en la última década. Cuatro trabajadores de dos cotos de caza -Monte Cierzo de Tudela y Cintruénigo- están acusados de utilizar cebos envenenados para eliminar depredadores en ambas localidades navarras con el supuesto interés de proteger así las especies de valor cinegético. Un comportamiento “no solo ilegal y muy dañino para el medio ambiente y la biodiversidad; también demuestra un profundo desconocimiento de los ecosistemas y de la cadena trófica”, denuncia Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción.
Las agrupaciones ecologistas que ejercen la acusación particular tratarán de demostrar que los cebos con los venenos Demeton S-motil y Fentión y las jaulas trampa fueron la causa de la muerte de 138 aves rapaces entre abril y septiembre de 2012. Entre ellas cuatro milanos reales (en peligro de extinción), un alimoche (especie vulnerable), 129 milanos negros, un aguilucho lagunero, otro ratonero y dos buitres leonados, todos ellos calificados de protección especial. Además, cuatro cuervos murieron envenenados también.
La Fiscalía solicita tres años de prisión para cada uno de los cuatro imputados -los dos presidentes y otros dos guardas forestales de los cotos- por un presunto delito contra la fauna, así como una indemnización de unos 118.000 euros.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Tudela inicia la vista oral seis años después de los hechos, tras un largo proceso de instrucción complicado por los recursos presentados por los acusados, entre ellos la solicitud de nulidad de las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía Foral, petición finalmente no atendida por el juez.
Junto a la pena de prisión por un presunto delito contra la fauna de los artículos 334.1 y 2 del Código Penal, la Fiscalía también solicita para los acusados inhabilitación especial para su oficio de guarda de coto forestal e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por espacio de cinco años.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF -además del Gobierno de Navarra- ejercen la acusación particular, y esperan que la decisión judicial contribuya a difundir “un mensaje rotundo de tolerancia cero hacia una práctica que sigue muy extendida en España”.
Uso de cebos envenenados
Los informes El veneno en España (1992-2013) y Casos Graves de Envenenamiento en España (2010-2015)Casos Graves de Envenenamiento en España analizan los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, “una de las mayores amenazas para la biodiversidad”, y destacan el caso de Tudela-Cintrúenigo. Tal y como revelan estos textos, en España se han producido 8.324 episodios de envenenamiento, que han causado la muerte de 18.503 animales.
Sin embargo, las ONG estiman que la cifra de envenenamientos de fauna en España podría llegar a alcanzar los 185.000 casos, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no son localizados. “A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, principalmente asociados a malas prácticas de gestión cinegética o ganadera”.
Las ONG subrayan que la colocación de cebos envenenados es un método de caza “masivo, no selectivo y cruento para la fauna”. Estas prácticas ponen “especialmente” en peligro a aves y mamíferos, algunos con poblaciones muy amenazadas, como el águila imperial ibérica o el lince. También afectan a los animales domésticos, ya que en ocasiones se utiliza veneno para eliminar perros y gatos asilvestrados.
También subrayan que estos venenos (acaricidas, insecticidas y plaguicidas muy restringidos en sus usos legales) “suponen un grave riesgo para la salud pública, ya que las sustancias con las que se preparan los cebos son de una elevada toxicidad y quedan expuestas al alcance de cualquier persona, especialmente niños, que pueden ingerirlos por equivocación”.
La acción judicial de las ONG en este caso, que ha contado con el apoyo del proyecto Life+ VENENO, desarrollado por SEO/BirdLife entre 2010 y 2014, tiene por objetivo contribuir a reducir la impunidad con la que cuenta el uso ilegal de veneno y conseguir un reproche penal ante este tipo de delitos contra la fauna.
David de la Bodega, responsable del programa legal de Seobirdlife, explica que el uso de venenos contra la fauna es “una barbaridad, una gran amenaza silenciosa. La mayoría de la sociedad no es consciente de que aún hoy se utiliza en los ámbitos cinegético (zorros y otros depredadores) y ganadero (lobos y cuervos)”.