Maya en el jardín del Diablo

Antes de entrar en una polémica con quien esgrime un discurso xenófobo del tipo “los extranjeros delinquen”, hay que pensárselo dos veces si alguien ostenta una responsabilidad pública. En primer lugar, porque en una sociedad bien informada, soltar este tipo de afirmaciones, evidentemente falsas, no debería tener premio ni salir gratis. En segundo lugar, porque lo que se puede conseguir es engrandecer tanto la talla del xenófobo de turno como dar algún tipo de credibilidad a sus argumentos. Si debate conmigo sobre esto es que este problema existe. Al xenófobo le puede salir bien. A los discursos basados en datos, difícilmente.

Ahora bien, cuando quien emite discursos xenófobos es el alcalde de Pamplona-Iruñea y cuando quien ostenta la responsabilidad pública es el consejero de Políticas Migratorias, no hay opción. El alcalde por su cargo tiene una alta responsabilidad institucional que hace que sus palabras tengan eco ante sectores amplios de la sociedad. La misma responsabilidad por cierto que le debería llevar a medir sus expresiones si toma en consideración que es el alcalde de toda la ciudadanía, cada vez más diversa, de su ciudad. Por tanto, lo que dice no pasa desapercibido. Y se corre el riesgo de que el silencio otorgue.

Recordemos brevemente el origen de la polémica. Un desgraciado delito cometido en la ciudad tiene como víctima al hijo menor de edad de un diputado de la coalición del señor alcalde, quien no duda en hacer público el hecho y señalar como culpables a personas “de fuera”. A partir de aquí sectores de ultraderecha de fuera de la comunidad foral, movidos por cuestiones ajenas a la natural solidaridad con las víctimas, señalan un problema de seguridad en zonas de la ciudad y hacen responsable al alcalde de la misma. El partido del señor alcalde tiene que salir públicamente a desmentir esas afirmaciones evidentemente falsas de estos sectores de la ultraderecha.

Sorprendentemente, después de este desmentido, el señor alcalde empieza a hablar de inseguridad creciente. Recordemos que la seguridad de la ciudad recae en el Ayuntamiento que él dirige, con una policía municipal ampliamente dimensionada y formada. No explica el señor alcalde, que no es un recién llegado, desde cuándo se ha dado cuenta y en qué consiste ese pretendido aumento de la inseguridad. Pero descubre una manera de eludir su propia responsabilidad. La jugada es buena en su opinión. Flirtea con esos sectores de ultraderecha a la vez que saca en campaña cuestiones relativas a la seguridad ciudadana que cree que son cosas que al mundo conservador le vienen bien electoralmente porque el imaginario de su votante siempre tiende a apoyar figuras fuertes que calmen su ansiedad.

Para redondear el tema hay que buscar un culpable. Es fácil. Ya lo están repitiendo los tabloides de ultraderecha. La responsabilidad es de los menores extranjeros no acompañados y del Gobierno de Navarra que incumple sus obligaciones de tutela. Y él eso lo sabe. Él tiene datos. Como es obligación del Gobierno, la consejera de Derechos Sociales se pone en contacto directamente para contrastar. Una puntualización. Cuando un menor tutelado por Gobierno está un procedimiento judicial en el Juzgado de Menores, la Fiscalía avisa al Gobierno, igual que avisa a los padres o tutores del menor. Es prácticamente imposible que el Gobierno no se entere de que un menor tutelado por la entidad pública está en una causa. La consejera de derechos sociales dice que no le consta ningún menor.

Recordemos a estas alturas la tesis del señor alcalde. Hay un aumento de la inseguridad y ese aumento es por delitos cometidos por menores bajo tutela del Gobierno por la negligencia del Gobierno en tutelarlos. Claro, como el alcalde sabe que esto no lo va a poder sostener mucho tiempo, cambia el discurso. Ahora la responsabilidad es de los MENAS, tutelados o no. Una puntualización. La palabra MENA es un acrónimo de “menor extranjero no acompañado”. Como no están acompañados y son menores, las entidades públicas, cumpliendo la legislación internacional, tienen la obligación de tutelarlos, y así se hace en Navarra con todos los menores, sin excepción. Con lo que no existe el concepto de MENA como “menor extranjero”, sin tutelar.

Pero al alcalde esto ya no le interesa porque sabe que la ultraderecha ya ha estigmatizado el concepto MENA como algo negativo y no está mal contribuir a la confusión para salir del lío. En este momento cabe decir otra cosa. Los datos que pueda tener el señor alcalde lógicamente corresponden a datos de denuncias ante la policía municipal de Pamplona-Iruñea. No son datos que tenga en exclusiva. La policía tiene la obligación de perseguir delitos y de identificar a los culpables. A veces, cuando identifica sospechosos, consigna su nacionalidad y otras veces no. Sencillamente porque para la policía, como para el sistema judicial, la nacionalidad no es un dato definitorio a la hora del tratamiento del delito. Nos interesa lo qué has hecho, no quién eres.

Cuando estos discursos se emiten por gente con esta responsabilidad institucional, tienen consecuencias directas sobre personas que viven y trabajan entre nosotros y que empiezan a ser discriminados por su acento, color de piel, etc.

Estas denuncias aparecen en las memorias de la fiscalía, en los datos de la administración de justicia, en los registros del ministerio del Interior, en las diligencias del Juzgado de menores. Muchas veces para conocer cuáles son los fenómenos asociados a un incremento o no de la delincuencia hay que examinar muchos datos y sacar muchas conclusiones, que lógicamente pueden ser refutadas con otros datos y otras conclusiones. Es una ciencia y se llama criminología.

Tradicionalmente la criminología ha abordado las causas personales y sociales del delito, pero el origen del presunto delincuente no es significativo. Pero aquí ha llegado el señor alcalde y ha zanjado la cuestión. Huyendo del jardín donde se había metido con los menores y en la clásica huida hacia adelante donde reivindica su propia realidad, la realidad de la gente “normal”, hace unas declaraciones donde llega a decir que “casi todas las personas que cometen delitos no son nacidas aquí”, responsabilizando a todo un colectivo, el de la población migrante, de la comisión de los delitos. O a todo un colectivo no lo sé, porque ya puestos podríamos pedirle al señor alcalde que nos diga dónde hay que nacer para no ser responsable de la criminalidad y por ende del aumento de la inseguridad en su ciudad.

A lo mejor haber nacido en Alemania y ser directivo de la Volkswagen te libra. Y en cambio ser originario de Ecuador y trabajar de soldador en la misma fábrica, no. Son cuestiones sin duda interesantísimas que añaden una perspectiva nueva y ciertamente electrizante al panorama criminológico de la época y que le animo a ir desarrollando de una forma argumentada, no sea que haya gente, entre la que me incluyo, que pueda pensar que lo que realmente ha hecho el señor alcalde con su conjunto de declaraciones es un discurso xenófobo e irresponsable estigmatizando a toda la población de origen migrante de toda la delincuencia que se produce. Empezando por los menores, los más vulnerables, y siguiendo por todos los demás.

Lo que ocurre con este tipo de discursos es que cuando se emiten por gente con esta responsabilidad institucional tienen consecuencias directas sobre personas que viven y trabajan entre nosotros y que empiezan a ser discriminados por su acento, color de piel, etc. en cuestiones básicas como el acceso al trabajo, a la vivienda o sencillamente en su convivencia diaria. Y hay que ponerse literalmente en su piel. Porque eso es inadmisible en un Estado que proclama la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su origen. Porque eso es directamente racista y yo tengo la obligación de salir al paso, denunciarlo, condenarlo y pedirle que rectifique.

Por la dignidad de la ciudadanía navarra, que es una ciudadanía mayoritariamente de acogida. Por respeto a los derechos humanos y por respeto a la verdad. Y a partir de aquí yo estoy dispuesto a tener un debate público, insisto, público, con el señor alcalde para hablar de criminalidad y de sus causas. Mientras tanto que asuma sus responsabilidades en la gestión de la ciudad como el resto asumimos las nuestras. Con transparencia en los datos, respeto a la verdad, honestidad y sobre todo procurando respetar a todas las personas en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas e institucionales.

Antes de entrar en una polémica con quien esgrime un discurso xenófobo del tipo “los extranjeros delinquen”, hay que pensárselo dos veces si alguien ostenta una responsabilidad pública. En primer lugar, porque en una sociedad bien informada, soltar este tipo de afirmaciones, evidentemente falsas, no debería tener premio ni salir gratis. En segundo lugar, porque lo que se puede conseguir es engrandecer tanto la talla del xenófobo de turno como dar algún tipo de credibilidad a sus argumentos. Si debate conmigo sobre esto es que este problema existe. Al xenófobo le puede salir bien. A los discursos basados en datos, difícilmente.

Ahora bien, cuando quien emite discursos xenófobos es el alcalde de Pamplona-Iruñea y cuando quien ostenta la responsabilidad pública es el consejero de Políticas Migratorias, no hay opción. El alcalde por su cargo tiene una alta responsabilidad institucional que hace que sus palabras tengan eco ante sectores amplios de la sociedad. La misma responsabilidad por cierto que le debería llevar a medir sus expresiones si toma en consideración que es el alcalde de toda la ciudadanía, cada vez más diversa, de su ciudad. Por tanto, lo que dice no pasa desapercibido. Y se corre el riesgo de que el silencio otorgue.