La sala de espera de los derechos

Desde el pasado mes de agosto hemos detectado un preocupante retraso en las diferentes citas que se conceden en la Oficina de Extranjería de Pamplona para realizar los distintos trámites a los que muchas personas extranjeras tienen que hacer frente. Hablamos de reagrupaciones familiares, regularizaciones por arraigos o de solicitudes de protección internacional, hablamos de trámites obligatorios, costosos, que se dilatan en el tiempo y ponen en suspenso los derechos, que condicionan las vidas de quienes se ven sometidos a ellos, que se desprenden de legislaciones que llevamos denunciando desde su aparición: la Ley de Extranjería, máxima expresión del racismo institucionalizado, que crea categorías de ciudadanía y condena a la irregularidad y a un examen constante a las personas por su origen; o la de Asilo y Protección Internacional, que se restringe cada vez más y cuya aplicación esta diseñada en línea opuesta a la protección. Estos retrasos resultan inasumibles, y suponen un obstáculo más en unas legislaciones, ya de por sí laberínticas.

En los casos de reagrupación familiar, los retrasos agravan el ya difícil equilibrio burocrático de quienes tienen que presentar documentos aquí y allá, en embajadas que son una verdadera frontera externalizada y acarrea daños que, en los casos de necesidad o enfermedad grave, son irreparables, ¿dónde queda la inquietud que manifiesta el Gobierno por favorecer la “integración” de las familiar de las personas extranjeras?

En cuanto a las solicitudes de arraigo social, en las que es obligatorio la presentación de un proyecto autónomo o de un contrato de trabajo de al menos un año de duración, tras una estancia de al menos 3 años en el Estado, la cita para presentar la solicitud se demora hasta 5 meses, lo cual resulta intolerable. Pregúntense cómo actuaría su futuro/a jefa si le dijese que hasta dentro de cinco meses no puede iniciar su actividad laboral de forma regular, o que los documentos que tanto le ha costado conseguir han caducado al llegar la cita.

En los casos de Solicitudes de Protección Internacional, la espera a la primera cita llega hasta los 13 meses, lo que añadido al retraso en la adjudicación de plazas en los programas de acogida genera situaciones de desamparo, fruto de una mala gestión de los recursos ya existentes. Y nos preguntamos: ¿Cómo pueden vivir las personas afectadas hasta la fecha de la cita o hasta su aceptación en un programa de acogida? ¿A qué nivel de la Administración le corresponde garantizar las necesidades básicas y los derechos de cada persona? Tenemos claro que es una responsabilidad del Gobierno estatal y no podemos tolerar que practiquen la dejación de sus responsabilidades como norma.

¿Dónde queda el compromiso del Ministerio de Interior cuando manifiesta que actúa con eficacia y rapidez?, será que solo emplea esta rapidez y eficacia en las devoluciones, como hemos visto el pasado mes de agosto en Ceuta, cuando en 24 horas, expulsó sin pestañear a 116 personas aplicando la misma lógica que gobiernos anteriores: buscar recovecos legales para cerrar la frontera a cal y canto. No nos sorprende, ya sabemos que en materia de inmigración y de asilo hay un pacto de Estado que consiste en controlar, cerrar y externalizar las fronteras europeas y sacar de ello el mayor rédito político y la mayor rentabilidad económica.

Estos son algunos de los casos detectados, entendemos que son actos contra los derechos de estas personas, que incrementan su vulnerabilidad jurídica y social y que su solución es muy sencilla y pasa por una mejora en la gestión de los recursos y con emplear a más personal en la Oficina de Extranjería; es decir, con ejercer la responsabilidad política a la que tienen obligación.

Por todo ello realizamos un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse frente a la Delegación de Gobierno el próximo 24 de septiembre a las 13 horas, tras la concentración registraremos una queja dirigida al delegado de Gobierno, en la que le exigiremos que intervenga de manera inmediata y establezca una solución eficaz ante las demoras en las citas de los diversos procedimientos que se llevan a cabo en la Oficina de Extranjería de Pamplona.

Desde el pasado mes de agosto hemos detectado un preocupante retraso en las diferentes citas que se conceden en la Oficina de Extranjería de Pamplona para realizar los distintos trámites a los que muchas personas extranjeras tienen que hacer frente. Hablamos de reagrupaciones familiares, regularizaciones por arraigos o de solicitudes de protección internacional, hablamos de trámites obligatorios, costosos, que se dilatan en el tiempo y ponen en suspenso los derechos, que condicionan las vidas de quienes se ven sometidos a ellos, que se desprenden de legislaciones que llevamos denunciando desde su aparición: la Ley de Extranjería, máxima expresión del racismo institucionalizado, que crea categorías de ciudadanía y condena a la irregularidad y a un examen constante a las personas por su origen; o la de Asilo y Protección Internacional, que se restringe cada vez más y cuya aplicación esta diseñada en línea opuesta a la protección. Estos retrasos resultan inasumibles, y suponen un obstáculo más en unas legislaciones, ya de por sí laberínticas.

En los casos de reagrupación familiar, los retrasos agravan el ya difícil equilibrio burocrático de quienes tienen que presentar documentos aquí y allá, en embajadas que son una verdadera frontera externalizada y acarrea daños que, en los casos de necesidad o enfermedad grave, son irreparables, ¿dónde queda la inquietud que manifiesta el Gobierno por favorecer la “integración” de las familiar de las personas extranjeras?