El número de denuncias por violencia de género creció en Navarra un 22,2% respecto al año anterior: 1.836 casos frente a 1.502. Y eso que llovía sobre mojado, porque el incremento total de las denuncias en dos años ha sido del 54,1%, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El aumento lo recogen también los datos del Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM), que aporta el Colegio de Abogados de Pamplona: las denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 78% en Navarra de 2016 a 2017: de 36 se pasó a 64 casos. Y la tendencia se mantiene, pues son 16 de enero a abril de 2018.
Maribel Martínez Pérez es la coordinadora del Servicio de Asistencia a la Mujer Maltratada del Colegio de Abogados de Pamplona, que presta servicio 24 horas al día los 365 días del año gracias a un convenio con el Gobierno de Navarra. Son 40 abogados y abogadas entre los que se encuentra Carlos Bacaicoa, que defendió a la víctima de la manada por encontrarse de guardia ese día.
Maribel explica que no hay un perfil de la mujer maltratada más allá de que la mayoría tienen entre 30 y 40 años y son de origen español. “Empiezan a denunciar mujeres mayores, el otro día una de más de 80 años; antes era impensable”, afirma. Las chicas jóvenes “están más concienciadas para no permitir desde el principio estas actitudes de maltrato”.
¿Se denuncia más porque hay más maltrato y agresiones o porque hay más sensibilidad hacia el tema?
Existen informes que hablan de datos que no tenemos, de denuncias que no se interponen y que indican que existe un maltrato oculto, invisible. Pero por su propia naturaleza es muy difícil de medir. Nosotras siempre decimos que esto es la punta del iceberg, porque hay más maltrato que el que se denuncia. Ahora, como los divorcios son más fáciles, y hay apoyo familiar e independencia económica de la mujer, muchas se deciden por el divorcio en lugar de la denuncia. Si no quieren denunciar, no lo hacemos, eso es decisión de la víctima. Son procesos muy duros para ellas, muchas veces son los padres de sus hijos... En Navarra tenemos la ventaja de que pueden acudir a los servicios asistenciales sin necesidad de denunciar. Eso es lo que se pretende hacer ahora en España con el pacto de Estado.
O sea, que el desafío es que las víctimas se atrevan a contarlo
Sí, gracias a la protección legal se atreven a denunciar más mujeres. Las estadísticas lo reflejan claramente: en el año 2000, cuando empezamos a recoger estos datos, en Navarra se asistió a 78 mujeres. En 2017, se ha asistido a 486 mujeres. Se sienten más protegidas, más apoyadas, y eso lleva a interponer más denuncias.
¿A qué se dedica el Servicio de Asistencia a la Mujer Maltratada?
Llevamos de 1998 trabajando. Lo iniciaron unas compañeras de forma completamente altruista, y desde 2000 firmamos un convenio con el Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno de Navarra. Trabajamos con víctimas de violencia de género y doméstica. Es un servicio permanente, los 365 días del año y las 24 horas. Además, hacemos asesoramiento legal. Pueden venir al Colegio y preguntarnos. Muchas veces las mujeres no tienen conciencia de que son víctimas de maltrato. Vienen, nos cuentan su historia y les ayudamos. El resultado no tiene por qué ser una denuncia.
Un asesoramiento gratuito y confidencial
Sí, gratuito, anónimo y confidencial. Nuestra labor como abogadas así lo exige. No es necesaria cita previa, no tienen que dejar datos personales… A través del 112 y los servicios de emergencias también nos derivan llamadas. Tenemos atención telefónica permanente.
Son 20 años de servicio durante los cuales la sociedad ha cambiado mucho, ¿cómo ha cambiado la víctima de la violencia contra la mujer?
Esto es muy complicado. No hay un perfil unívoco de la víctima de maltrato. En el imaginario tenemos a una señora con un entorno débil, de bajo nivel cultural y socioeconómico, probablemente extranjera… pero no es así, eso es un estereotipo. Las maltratadas son de cualquier clase social. En Navarra, las estadísticas dicen que la mujer maltratada es de origen nacional y de nivel socioeconómico medio o medio-alto. Entre 30 y 40 años. Y más allá de esos datos no hay un patrón consistente.
¿Y las jóvenes? A veces se piensa que el maltrato era posible por una mentalidad del pasado, pero no parece que sea así.
Estos dos últimos años ha bajado el repunte que tuvimos de violencia en jóvenes. Por lo menos las denuncias. La gente joven reproduce roles que pensábamos que estaban en extinción. Por eso pedimos formación: de los profesionales, en los institutos, en colegios… es absolutamente necesario. Las nuevas tecnologías facilitan que se reproduzcan dinámicas de dominación: esos 200 whatsapps preguntando dónde o con quién estás… control todo el día… Ese control es una forma de maltrato.
¿Cómo puede saber una mujer que lo sospecha si está siendo maltratada?
El Instituto Navarro para la Igualdad publica unas guías estupendas. Son de fácil lectura y dan pistas clave: si está todo el tiempo controlándote, si se enfada si no le contestas a sus continuos mensajes, si te dice cómo vestir o cómo no, si no le gusta que te relaciones con tus amigos… son indicadores que pueden ayudar a discernir el maltrato de una discusión.
¿Y el sistema legal?, ¿protege efectivamente a las mujeres?
Tenemos un sistema legal garantista. Tenemos una Ley de Violencia de Género que tuvo recursos de inconstitucionalidad porque hace excepciones respecto al resto de delitos. Se resolvieron los recursos a favor de la ley y ha sido imitada por muchos otros países: órdenes de protección, coordinación entre instituciones y fuerzas de seguridad… pero es verdad que las leyes tienen que ir evolucionando junto con la sociedad. En 1998 ni siquiera había ley de violencia de género. No hubo hasta 2004. Siempre han existido medidas cautelares, pero era mucho más complicado que las pusieran en marcha. La ley ha evolucionado, y siempre en favor de la víctima, pero debe ofrecer garantías para ambas partes. Hay que individualizar los casos.
¿Es machista la Justicia en España?, ¿heteropatriarcal?
La sentencia de la manada ha traído mucha polémica, pero esta semana hemos conocido por ejemplo una sentencia por agresión sexual en Murcia y los acusados están en libertad. Sin embargo, los acusados en este caso están en prisión desde el momento en que los detuvieron, al día siguiente de los hechos. Creo que no debemos legislar por casos particulares. Los jueces tienen que tener la independencia suficiente para juzgar caso por caso, independientemente de que nos gusten o no sus decisiones. Para expresar ese desacuerdo están los recursos. En la Justicia cada vez hay más mujeres, ya hay más mujeres que hombres. Pero sí es verdad que en los altos tribunales hay muchas corbatas. Pero el sexo no determina la opinión, algunos de esos hombres pueden ser más feministas que muchas mujeres. Lo importante es que sean independientes y tengan criterio.
Esta semana se ha conocido que la comisión encargada de reformar la ley sobre delitos sexuales está compuesta solo por hombres.
Se han incorporado cinco expertas, entre ellas la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
¿Hay que reformar esa ley?
Hay que adaptarla a los tratados internacionales. El 1 de agosto de 2014 firmamos el Convenio de Estambul contra la violencia contra la mujer. Hay que adaptarla a través de los cauces legales oportunos y con las debidas garantías. Ya lo dice el Código Civil, las leyes deben adaptarse e interpretarse conforme a los usos sociales. La sociedad evoluciona, y todos debemos hacerlo con ella. En 1998, cuando empezamos, eran muy pocas las mujeres que se atrevían a denunciar, porque probablemente se enfrentaban al cuestionamiento social: la propia Policía, los vecinos, el sistema legal… ese rechazo lo hemos superado. Igual que hemos evolucionado en eso, podemos hacerlo en el caso de las agresiones sexuales.
¿Ya no se cuestiona a las víctimas?
El testimonio de la víctima, para poder funcionar como prueba de cargo, debe reunir una serie de requisitos muy regulados por la ley y la jurisprudencia. Tiene que ser continuado en el tiempo, consistente, verosímil… y eso teniendo en cuenta que muchas veces son experiencias traumáticas que el subconsciente trata de eliminar. No se puede decir que basta con un simple testimonio de una mujer para eliminar la presunción de inocencia. El problema al que nos enfrentamos es que este tipo de delitos ocurren en la intimidad generalmente, sin testigos. De hecho, hay muchas sentencias absolutorias porque no se aportan pruebas periféricas que lo corroboren: informes médicos, psicológicos… el sistema trata de contar con datos objetivos.
En las redes sociales hay muchas víctimas de delitos contra la libertad sexual que manifiestan que no denunciaron en su día por miedo a no ser creídas o que se criticara su comportamiento. Bajo el hashtag #cuentalo.
¿Es necesaria la perspectiva de género en la Justicia?
Las normativas internacionales hablan de esa perspectiva de género, de la necesidad de formación de los jueces. Son delitos que afectan a más de la mitad de la población. En delitos concretos afectan en más de un 90% a mujeres y niñas. Por eso deberían juzgarse con esa perspectiva, también a la hora de legislar. Hemos visto sentencias, expresiones en el relato de los hechos, que se basan en estereotipos machistas. Es aquello de cómo iba vestida la víctima o de que caminaba por un lugar oscuro sola. A un hombre no se le juzga así.
¿Existen un problema con las denuncias falsas?
¡El mito de las denuncias falsas! Según el informe de la Fiscalía General del año pasado -el último con datos completos-, en los últimos ocho años se presentaron 1.055.912 denuncias y solo en 79 casos hubo sentencias por denuncia falsa. Eso es un 0,00075%. En total se investigaron 194 casos, un 0,18% del total.
¿Es bueno que se hable de Derecho en la calle? ¿Es legítima la crítica a una sentencia judicial?
Por supuesto, la crítica es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Es buena y sana. Los abogados criticamos las sentencias a través de recursos, que es el medio establecido. El problema es que son asuntos complicados: hay que guardar distancia. No se conocen todos los datos, se personaliza… hay que respetar las decisiones judiciales, dejar trabajar a los jueces y tribunales. Ellos, que han visto las pruebas en el juicio oral, bajo todos los requisitos que exige la ley, y son los que deben dictar sentencia.
¿Y qué pasa con el colectivo LGTB? ¿Se acercan al servicio? ¿Denuncian?
No. Estamos haciendo talleres de formación y sensibilización al respecto, pero en un principio, la Ley de 2004 recogía que la violencia de género se ejercía hacia la mujer por su pareja o expareja varón. Eso reducía nuestro ámbito. Ese sería uno de los cambios legales necesarios, ya advertido por el Convenio de Estambul: recoger cualquier tipo de agresión.
Por ejemplo, en el asunto de la manada en Navarra ha sido posible la asistencia porque la Ley Foral de 2015 sí recoge cualquier agresión, pero en algunas comunidades no es así y no permite poner en marcha el sistema legal de protección de la mujer.
¿Hay una estacionalidad en las agresiones? En verano, en primavera, durante las fiestas…
Yo creo que no. Hay fines de semana tranquilos, martes con cuatro asuntos… no hay una lógica muy grande. Pero sí es cierto que los entornos festivos, donde se da consumo de drogas, pueden llevar a un mayor número de problemas. Pero por ejemplo en Sanfermines se ha dado un aumento de denuncias por violaciones pero un descenso de la violencia de género strictu sensu, por la pareja o expareja.
¿Tienen registros del uso de drogas para anular la voluntad de las víctimas de agresiones?
No. Aunque así fuera es muy difícil de constatar. Algunas víctimas denuncian que les ha ocurrido porque no recuerdan nada. Pero el problema es que estas agresiones suelen darse en ambientes festivos, por lo que puede ser también producto del alcohol u otras drogas tomadas de forma voluntaria. Son drogas que duran muy poco en el organismo, y aunque por protocolo en el hospital se hacen pruebas toxicológicas completas es difícil de demostrar.