La pandemia, más allá de provocar una crisis sanitaria, que todavía no ha finalizado, también ha dejado tras de sí una crisis económica de la que ya se han sufrido algunos efectos. Al parón de un gran porcentaje de la actividad durante tres meses le seguirá una caída en la recaudación, que el Gobierno de Navarra estima en unos 800 millones de euros, un 20% del total, según los cálculos de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz. Una merma de ingresos a la que además hay que sumar un gasto extraordinario para afrontar la crisis sanitaria cuantificado hasta la fecha en unos 190 millones de euros. Ante este panorama, llega el momento de buscar salidas y opciones para intentar tapar un agujero que se puede acercar a los 1.000 millones. Opciones en las que por el momento no entra la subida de impuestos, según la consejera, que siempre ha preferido hablar de “reorientar partidas”.
El primer ingreso puede llegar dentro de poco. Navarra tiene previsto recibir 88,5 millones de euros procedentes del primer pago del fondo estatal de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Un fondo cuyos criterios de reparto se votan este miércoles en el Congreso de los Diputados y del que en principio la Comunidad foral solo participará de una parte, la dirigida a cubrir los gastos en salud y educación, competencias transferidas a todos los territorios. Sin embargo, Navarra se quedará fuera, junto con Euskadi, del reparto los 5.000 millones de euros para compensar pérdidas en los ingresos debido a que son las dos únicas comunidades que tienen haciendas propias.
Este primer pago en el que Navarra recibirá 88,5 millones de euros está destinado las medidas de gasto sanitario, tal explicó esta semana el vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José María Aierdi. Aierdi señaló que se trata de una “cuantía importante que minorará el esfuerzo económico que ha hecho esta comunidad en relación con esta pandemia”. Sin embargo este primer pago no parece contentar del todo al Ejecutivo foral, así como a los partidos de la oposición, quienes mostraron su rechazo a que Navarra no pueda participar del reparto de los 5.000 millones.
Recurrir al endeudamiento
Una segunda opción en la que el Gobierno de Navarra está trabajando en estos momentos para compensar en cierto modo la caída de la recaudación que la propia consejera Elma Saiz cifró en unos 800 millones de euros para este 2020, es recurrir al endeudamiento, para lo que es necesario llegar a un acuerdo con el Gobierno central. La deuda de Navarra está cifrada en unos 3.000 millones de euros, un 14% del PIB, según el Banco de España. El propio vicepresidente de Navarra José María Aierdi señalaba esta semana que la principal preocupación ahora mismo del Ejecutivo es “cerrar con el Ministerio un acuerdo que nos autorice a formalizar un endeudamiento de la comunidad que nos permita responder a la caída de ingresos que sin duda esta pandemia va a tener en nuestra Hacienda”. Un acuerdo confían en poder alcanzar a lo largo del mes de julio en la Comisión de Coordinación del Convenio Económico entre Navarra y el Estado.
Un endeudamiento que para Geroa Bai debe acordarse de manera “urgente”, y por ello han presentado en el Parlamento de Navarra una declaración institucional para pedir al Gobierno central la autorización para la emisión de deuda “este mismo mes”.
Navarra Suma pide al Gobierno de Chivite que exija al Estado participar en el reparto de los 5.000 millones
Navarra, además también podrá echar mano de los 101 millones de euros de superávit con los que cerró la tesorería en el ejercicio del 2019. Una medida que anunció hace unas semanas la Ministra de Hacienda María Jesús Montero y a la que podría acogerse aquellas comunidades con superavit para sufragar el “hipotético déficit” generado por el gasto extraordinario por el coronavirus.
Aún con todo, desde el principal partido de la oposición, Navarra Suma, insisten en que el Gobierno de Chivite debe negociar con el Estado la participación en el fondo de 5.000 millones de euros para compensar pérdidas en los ingresos. Una medida que rechazó la consejera Elma Saiz, señalando que “el Estado no nos tiene que compensar porque nosotros tenemos nuestra propia autonomía fiscal”, por lo que parece descartado.
El departamento de Economía y Hacienda y en general el Gobierno de Navarra tienen ante sí unos meses que se avecinan intensos para intentar cuadrar todas las piezas del puzle que permitan hacer frente en la medida de los posible a la merma de ingresos y al gasto extraordinario fruto de la pandemia de COVID-19.