Como ocurría durante los gobiernos de UPN, el Gobierno de Uxue Barkos firmará el convenio para los profesores de la enseñanza concertada con la patronal del sector, obviando el parecer de los sindicatos. La única diferencia es que, con el actual Gobierno, los sindicatos de la concertada (UGT, SEPNA-FSIE, ELA y LAB) han sido invitados por primera vez a participar en la negociación del convenio. Pero el resultado de la negociación a tres bandas no ha traído diferencias con respecto a cuando UPN negociaba cara a cara con la patronal del sector: el convenio no contemplará las reivindicaciones sindicales.
El 31 de agosto es la fecha en la que concluye la prórroga de seis meses para el actual convenio que acordaron las tres partes durante la negociación. La consejera de Educación, María Solana, ha señalado que el Gobierno no quiere volver a la situación generada por el convenio anterior. “Las patronales han mostrado conformidad con el texto que ha resultado del proceso de negociación largo”, ha admitido también. Acto seguido, ha afirmado que “la negociación sigue abierta y no es cierto que se haya cerrado acuerdo ninguno”, aunque “estamos cerca de alcanzar uno”, ha matizado. Su voluntad, ha dicho, “es agotar el plazo y seguir negociando, con sindicatos por un lado y con patronales por otro”. El plazo, a pesar de la voluntad de la consejera, expira el 31. Por eso la firma entre Gobierno y patronal se produce en la misma fecha.
El Gobierno y la patronal se reunieron después de San Fermín para seguir negociando el convenio sin los sindicatos. Pero si la consejera se ha mostrado remisa a admitir que se ha alcanzado un acuerdo con la patronal, no ha querido ni hablar del contenido de dicho acuerdo. Entre otras razones, según informan los sindicatos, porque el convenio pactado a dos bandas mantiene la mayoría de las condiciones que habían motivado las protestas sindicales. Así, y con una vigencia para los cursos 2017/18 y 2018/19, se mantendría el polémico complemento a la función directiva y pedagógica, se mantendrá la reducción horaria para el profesorado o la política de sustituciones tal y como se ha venido articulando hasta el momento.
En cuanto a la reivindicación más importante de los sindicatos, que cifran en un 9% la pérdida de poder adquisitivo de los cerca de 3.000 profesores de la circunstancia desde el año 2012, el acuerdo al que han llegado Gobierno y patronal no prevé la recuperación salarial a costa de recortar otras partidas, como pretendía Educación. En cambio, el acuerdo recoge una declaración de intenciones en la que se manifiesta que, si se determina un incremento salarial para los profesores de la red pública, el mismo porcentaje de incremento se trasladará a los de la red concertada.
“Con los sindicatos me he comprometido a que hay mejoras evidentes en este acuerdo que se está proponiendo respecto del que había, entre otras cuestiones, garantizar una revisión salarial que antes no estaba recogida en ninguna parte”, ha admitido la consejera de Educación. Queda por ver hasta qué punto el texto que firmen Gobierno y patronal recoge como una garantía dicha revisión salarial, o si se queda en un mero enunciado.