La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha asegurado este miércoles que su formación rechaza “todo tipo de violencia, también la de ETA” al ser preguntada por la exigencia de Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) de que el Plan de Convivencia presentado por el Gobierno de Navarra incluya “una condena expresa” de ETA y el compromiso de no pactar con ninguna formación política que no haga esa condena.
Ruiz, que ha acusado a Navarra Suma de “chantaje” por incluir esta exigencia en su propuesta para el Plan de Convivencia, ha añadido que “si hay un sector político que ha hecho un reconocimiento, que ha intentado mostrar empatía con las víctimas, también con las de ETA, desde luego ha sido EH Bildu”. Por ello, ha asegurado que no van a “entrar en el juego” de Navarra Suma.
La portavoz de EH Bildu ha asegurado que las 23 propuestas presentadas por la coalición abertzale al Plan de Convivencia de Navarra no buscan “configurar un relato” sino “subsanar carencias” y hacer “aportaciones en constructivo”, a diferencia de lo que a su juicio hace Navarra Suma, que “ha expresado una intención de condicionar el debate” haciendo propuestas “a modo de chantaje”, como es la condena expresa a la violencia de ETA.
Entre las propuestas de EH Bildu se encuentra el reconocimiento de los casos de tortura o la gestión de la política penitenciaria y, según Ruiz, tienen el objetivo de “hacer una aportación en constructivo, mejorar el texto, subsanar carencias y completar aspectos” que a juicio de la coalición deben ser recogidos en dicho plan. En este sentido, ha indicado que hay “aspectos claramente mejorables”, como la “falta de profundidad y la superficialidad tanto en el diagnóstico de situación y en algunas medidas en ámbitos como la multiculturalidad, las desigualdades sociales, o la política lingüística”.
También ha destacado que “hay elementos que son indispensables para hacer un diagnóstico real y para hacer propuestas en constructivo y no se citan o se citan muy superficialmente, de forma parcial y poco inclusiva”. “Es evidente que, cuando se habla de víctimas, se cita las de diferentes violencias, pero hay una cuestión que es clave, y es la desigualdad existente en la implementación y ejecución de los derechos de cualquier víctima: el derecho a la justicia, a la verdad, al reconocimiento oficial”, ha explicado.
Ha asegurado que “es evidente que más allá de que las víctimas de ETA tengan un estatus que a la mayoría ha permitido acceder a esos derechos, las víctimas generadas por la violencia de Estado, tortura o grupos de extrema derecha, a día de hoy siguen bajo un manto de impunidad, sin tener acceso a la verdad, sin reconocimiento oficial ni acceso a la justicia”. Por ello, ha calificado de “llamativo y poco entendible” que “a lo largo de todo el texto ni siquiera se cite la realidad de la tortura”.
Por otro lado, Ruiz ha remarcado que “tampoco se cita la política penitenciaria”. “A decenas de presos y presas navarros se les ha aplicado una legislación excepcional, y una vez que este debate ya está encima de la mesa porque la CAV ha asumido la gestión de la política penitenciaria, habría que apuntar, al menos, a esa posibilidad, a la de poder gestionar la política penitenciaria para poder aplicar la legislación ordinaria y garantizar el derecho al arraigo de todos los presos navarros”, ha añadido.
En otro orden de cosas, también ha mostrado su “desacuerdo” con algunas acciones que se plantean en el propio plan, como la colaboración planteada con el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. “No compartimos esa colaboración, y eso no lo dice exclusivamente EH Bildu, sino también otros sectores sociales y asociaciones de víctimas, que plantean que el enfoque que se ha dado a este memorial es sesgado, poco inclusivo y no nos parece adecuada esa colaboración”, ha explicado.
Por último ha mostrado su “preocupación” ante “la redacción que se da a la colaboración con los ayuntamientos para que en los espacios públicos no se enaltezca la violencia, no se generen discursos de odio”. Tras mostrarse “absolutamente de acuerdo” en que en los espacios públicos no se permita discursos de odio, ha matizado que “la ambigüedad de la redacción”, podría “llevar a entender a algunos que las reivindicaciones legítimas por los derechos de los presos y presas entrarían dentro de esa clasificación”.