La empresa navarra Viscofan envió 597 toneladas de residuos líquidos a la planta cerrada en Artajona por irregularidades

Viscofan, empresa navarra dedicada a la fabricación de envolturas para productos cárnicos, envió a las instalaciones de la empresa Ecofert Sansoian, ubicada en Artajona y que producía fertilizantes y abonos, 597 toneladas de residuos líquidos, según un informe oficial al que ha tenido acceso este periódico. La planta de Ecofert Sansoain, que no tenía autorización para recibir lixiviados, fue clausurada de manera cautelar por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra por recibir más de 20.000 toneladas de este material de manera irregular enviados desde una planta pública de Zubieta (Gipuzkoa) y de otras procedencias, como las empresas Oleofat o la propia Viscofan.

El informe de inspección detalla que Viscofan, que en Navarra tiene instalaciones en Pamplona y Cáseda, envió durante el año 2023 al menos 597 toneladas de un residuo técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190814 con código de instalación 07, que corresponde a “residuos de procesos químicos orgánicos”. Ecofert Sansoain solamente podría importar lodos de la industria alimentaria y de la transformación de madera. Por ello, el informe de los técnicos de Medio Ambiente califica este envío como “muy relevante” y ordena el “cese inmediato” de la recepción de “cualquier residuo líquido no autorizado”. Además añade que “con posterioridad al informe de inspección (fechado en noviembre de 2023)” Ecofert Sansoain continuó recibiendo estos residuos líquidos procedentes de la empresa Viscofan.

Desde Viscofan reconocen a este periódico que realizaron los envíos de ese residuo y puntualizan que lo llevaban haciendo desde el 2017, fecha en la que firmaron un contrato con Ecofert Sansoain. Añaden que en ese contrato, la empresa productora de fertilizantes les aseguró que sí tenía autorización para recibir los lodos que ellos les iban a enviar. Por el momento desconocen que el Gobierno de Navarra les haya propuesto una sanción por estos envíos, que apuntan cesaron en enero de 2024. Desde entonces los envían a otra empresa.

El informe llega tras una cascada de inspecciones e investigaciones que han implicado a técnicos de Medio Ambiente, Guarderío forestal, Policía Foral y Guardia Civil, y que han constatado que la planta recibió de modo “ilegal” residuos líquidos como si fueran lodos, cuando carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes, procedentes de la empresa Oleofat (13.799 toneladas entre 2022 y 2023) la planta de Zubieta, gestionada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), dependiente de la Diputación Foral (5.500 toneladas) y Viscofan (597 toneladas). Es más, la Guardia Civil comprobó que había niveles altos de ecotoxicidad en la balsa de residuos de la empresa y que había un trasiego no autorizado de líquidos entre Ecofert Sansoain y otra empresa de los mismos dueños, La Coya.

Por estos hechos, el Gobierno de Navarra, además de clausurar la planta de Ecofert Sansoain en Artajona de manera cautelar, sancionó a esa empresa y a Oleofat con multas económicas que superan los 100.000 euros. También pidió al Ejecutivo vasco que hiciera lo propio con la incineradora dependiente de la Diputación de Gipuzkoa al no poder Navarra sancionar a una empresa residenciada en otra comunidad. Pero el nuevo Gobierno de Imanol Pradales ha decidido no sancionar a Gipuzkoa al considerar que “no existe infracción alguna” en el traslado de 5.500 toneladas de lixiviados.

En paralelo, un juzgado de Donostia tiene abierta desde comienzos de octubre de 2023 una investigación penal en la que hay varios imputados, incluido José Ignacio Asensio, el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa y responsable del complejo de Zubieta en calidad de presidenta del consorcio público foral GHH. El caso tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía por dos posibles delitos, uno de tipo ambiental y otro de falsedad documental por haber intentado tapar los movimientos de los residuos líquidos cambiando el código LER de los envíos. El ministerio público, eso sí, ha pedido una prórroga del plazo de instrucción hasta abril de 2025 porque la Guardia Civil, que es la Policía judicial en esta causa, no ha entregado aún su informe de conclusiones. Será después cuando comparezcan los investigados, entre ellos el diputado Asensio, que siempre ha defendido con vehemencia que no se ha producido ningún tipo de anomalía, hasta el punto de cargar duramente contra Navarra. También está citada como testigo la directora general de Medio Ambiente de la comunidad foral, Ana Bretaña, que deberá ratificar sus acusaciones.