La familia de Mikel Zabalza ha considerado “un jarro de agua fría” y “una ofensa” el nombramiento de Arturo Espejo como teniente general de la Guardia Civil, por su presunta implicación con la muerte del joven de Orbaizeta, quien fue detenido en una operación contra ETA en 1985 y cuyo cuerpo apareció después en el río Bidasoa tras haber sido torturado.
En una rueda de prensa en la Fábrica de Armas de Orbaizeta, en la que también han participado representantes de la plataforma Mikel Zabalza Gogoan y la Red de Torturados de Navarra, los familiares de Zabalza han lamentado que “estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace 37 años, ante un muro que no dejarán derribar” y ha acusado al Gobierno de España de haber “preferido elegir tortura en vez de verdad y justicia”.
Por su parte, la plataforma Mikel Zabalza Gogoan ha censurado que “hoy día la impunidad de la que gozan los torturadores es total y eso provoca la revictimización y por ende no le hace ningún favor a la convivencia”. Ha reclamado “pasar de las palabras a los hechos, desclasificar los documentos, reconocer de una vez aquella verdad que todos y todas conocemos y que reparen el daño causado. Solamente así podremos seguir adelante en el plano de la resolución y la convivencia”.
Finalmente, desde la Red de Personas Torturadas de Navarra han criticado “la indefensión y repugnancia que nos produce este tipo de hechos”. “No es ético reconocer y reparar por un lado, mientras se asciende y condecora por el otro”, han manifestado. “Vertebrar un escenario de convivencia en la sociedad navarra pasa, evidentemente, por reconocer violencias políticas hasta la fecha omitidas, pero al mismo tiempo es fundamental que los cargos y responsables políticos, así como sus instituciones, estén a la altura de las circunstancias”, han destacado.
El joven Mikel Zabalza –al que en su familia preferían llamar, en castellano, “Miguel Mari”– no era miembro de ETA ni colaborador de los terroristas. Era un treintañero navarro que trabajaba en la compañía del transporte público de Donostia. A pesar de ello, la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes”, según constató un informe oficial del Gobierno vasco conocido en 2022. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa.
La versión oficial policial de la época es que huyó mientras reconocía con unos agentes un supuesto zulo terrorista en ese punto, aunque apareció muchos días después en un lugar ya rastreado y sin signos de llevar semanas sumergido. Arturo Espejo era el agente instructor de la detención, uno de los guardias civiles que le custodiaba.
Casi cuatro décadas después, ese informe oficial desmontó esa tesis autoexculpatoria y concluye que hay un “grado de convicción suficientemente fundado” para sostener que Zabalza fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida” cometidos por funcionarios públicos. La única duda es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables. Fruto de ello, la familia de Zabalza ha podido acogerse a las indemnizaciones previstas en la ley vasca de víctimas de violencia policial, que complementa a la de víctimas del terrorismo. También Navarra dispone de una herramienta similar con compensaciones económicas incluso más elevadas.
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