La Fiscalía, UPN y PP han reclamado no cerrar el caso por el que se investigaba al exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona decretase en diciembre de 2023 el archivo de la investigación por haberse cumplido el plazo de 12 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial.
Las tres acusaciones han argumentado que durante el proceso se perdieron 38 días de investigación entre el 28 de enero de 2021 y el 9 de marzo de ese mismo año, tiempo transcurrido desde que el Supremo perdió su competencia en el caso, al haber perdido Manuel Ayerdi su condición de aforado tras su dimisión como consejero y vicepresidente, y hasta que el caso se trasladó a los juzgados Pamplona. “Sería ilógico pretender que el Juzgado de Instrucción haya consumido esos 38 días del plazo de investigación, cuando la causa ni siquiera estaba en Pamplona, se encontraba físicamente en Madrid”, ha defendido la fiscal Ana Marcotegui, tras subrayar que en ese periodo de tiempo “no había ningún órgano judicial competente para investigar”.
Y es que la investigación fue iniciada por el Tribunal Supremo en enero de 2021 cuando se admitió a trámite la denuncia de UPN por presuntos delitos de prevaricación y malversación por haber concedido ayudas públicas por valor de 2,3 millones de euros a la empresa Davalor Salud cuando se encontraba en situación de insolvencia. Pero tras la dimisión del consejero y su pérdida de aforamiento, el Supremo declaró su pérdida de competencia para investigar el caso y ordenó su traslado al juzgado de Pamplona. El juez Fermín Otamendi pidió una prórroga de la investigación en febrero de 2022, cuando ya habían transcurrido los 12 meses de plazo máximo que marca la ley, por lo que la causa se archivó en puertas de la declaración del exvicepresidente, prevista para el 19 de diciembre. Ahora las acusaciones reclaman que el plazo de los 12 meses debería empezar a contarse desde que la causa llegó a los juzgados de Pamplona, en marzo de 2021, y no desde que se abrió la causa en el Supremo, argumentando que se trata de procesos distintos.
La fiscal también ha pedido que se descuente de los 12 meses los 31 días del mes de agosto, así como los de Navidad, por considerarlos “inhábiles”. Los letrados de UPN y PP han respaldado los argumentos de la Fiscalía y también han pedido que no se archive la investigación.
Las defensas, por su parte, han pedido que se desestimen los recursos y han responsabilizado a las acusaciones del vencimiento de los plazos por su “dejadez” a la hora de solicitar la prórroga para la investigación en plazo. “La ley de Enjuiciamiento Criminal por muchas vueltas e interpretaciones que se le quiera dar, dice con claridad que la investigación judicial se desarrollará en el plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa”, ha señalado el abogado de las directoras generales del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, que también fueron investigadas, Martín Zudaire. En esta línea, ha mencionado una sentencia de un “caso idéntico o parecido”, también de aforamiento, en la que “el Supremo dice que el plazo de los 12 meses se realiza desde el primer auto de incoación del procedimiento”.
La letrada de Manuel Ayerdi, Itziar Charterina, quien también ha participado en otros casos de corrupción con imputados del PNV, como el ‘caso De Miguel’ y la trama del coche eléctrico Hiriko, ha añadido que el Tribunal Constitucional “no dice nada” que pueda dar a entender que el cómputo de los 12 meses comienzan en un momento distinto al inicio de la causa.
El exvicepresidente Ayerdi fue investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a la luz de la posible concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a una empresa que se encontraba en una situación de crisis y que terminó en concurso de acreedores, Davalor Salud. La dimisión de su cargo en el Ejecutivo foral hizo que perdiera su aforamiento y que el asunto pasara al juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona.
Los hechos por lo que se le investigaba y por los que tuvo que dimitir como consejero en 2021 se remontan a la legislatura 2015/2019, cuando fue vicepresidente del Ejecutivo liderado por Uxue Barkos y consejero de Desarrollo Económico. Por su cargo, ejercía como presidente del consejo de administración de la entidad parapública Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). Fue entonces cuando, según UPN, partido que se querelló contra él, Ayerdi actuó obedeciendo a “una corazonada” y tomó la decisión con un “carácter totalmente personal” de conceder en septiembre de 2015 a la empresa un préstamo de un millón de euros. Se arguye que lo hizo “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”. El partido regionalista añadió que entre 2015 y 2017 el consejero nacionalista volvió a conceder a Davalor Salud cinco nuevos prestamos hasta sumar un montante total de 2,6 millones de euros.
Los ecos de la causa llegaron incluso al Gobierno vasco después de que la Fiscalía abriese una investigación por una denuncia presentada por el exdirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo contra la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a la que acusa de tráfico de influencias en el 'caso Davalor'. Esta investigación también fue archivada.
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