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El Gobierno de Navarra trata de que el fin del gaztetxe Maravillas sea una decisión técnica y no política

El edificio, situado en la plaza de la Navarrería de Pamplona.

Miguel M. Ariztegi

La tesis del desalojo blando gana enteros como punto final de la aventura del gaztetxe Maravillas, que okupa el palacio Marqués de Rozalejo en el Casco Viejo de Pamplona. Después de que la Policía Foral irrumpiese en el interior la madrugada del martes pasadas las 4.30 horas y no encontrase a nadie dentro, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha recalcado horas después lo obvio: “No ha habido un desalojo”, y serán los técnicos de Patrimonio los que orientarán la decisión -técnica, y no política- del Ejecutivo sobre si es necesario precintar el edificio porque su uso tras las “mejoras” realizadas por los okupas podría poner en riesgo la seguridad. “Una vez que se conozcan los informes técnicos tomaremos las decisiones oportunas”, ha defendido Ana Ollo.

Y los técnicos del Servicio de Patrimonio del Gobierno han confirmado, tras una primera inspección visual del edificio, que “persisten los mismos riesgos” que en agosto, cuando el inmueble fue desalojado por primera vez, y han constatado incluso un “agravamiento”. El informe, ya presentado en el Juzgado de Instrucción número 4, que ha ordenado la operación policial para facilitar el acceso de los técnicos al inmueble, ha sido hecho público por el Gobierno. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, también está al corriente.

El Gobierno hilvana así una forma viable de acabar con el desgaste que le está suponiendo la gestión del desalojo del gaztetxe. En el informe, los técnicos indican que han constatado que en el edificio ocupado “se realizan actividades de reunión, cine y bar” y que “se han realizado obras en el interior”. Entre otras cosas, han “ampliado la instalación eléctrica”, que presenta múltiples deficiencias y está enganchada de forma irregular a la red desde la fachada del edificio. Asimismo, los técnicos constatan “la acumulación de enseres y productos inflamables”, incluso una “bombona de butano”, además de la existencia de “huecos en zonas abiertas y accesibles a las personas sin protección adecuada, con riesgo de caída” y “el deterioro de zonas de la estructura accesible, con riesgo para las personas”. Tras 11 horas de inspección, los técnicos continuaban en el edificio al cierre de esta noticia.

El Gobierno de Navarra explica que gracias a “información vecinal” tuvo conocimiento de que en el palacio del Marqués de Rozalejo “se escuchaban ruidos de obras en el interior”, un dato que se consideró “preocupante” porque “las obras podían poner en peligro a los ocupantes, causar daños en elementos protegidos del inmueble o provocar desperfectos en edificios colindantes”.

Por eso el día 2 de enero solicitó del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, donde se sigue el juicio por delitos leves, “autorización judicial para la entrada en el edificio por agentes de la Policía Foral junto con técnicos designados por el Servicio de Patrimonio a fin de constatar la veracidad o no de dichas informaciones vecinales, esto es, la realización en el interior de algún tipo de obras y, en su caso, la determinación, alcance y consecuencias de las que se pudieran estar realizando”.

Para los okupas sí es un desalojo

Gaztetxe Maravillas defiende, no obstante, que la Policía ha acudido al inmueble para “desalojarlo”. Nada más conocer la operación, los okupas y sus simpatizantes se han movilizado a través de las redes sociales. Han organizado una kalejira de protesta que ha recibido cargas antidisturbios de la Policía Nacional cuando ha llegado a las puertas del Parlamento de Navarra, pasadas las 9.30 de la mañana. Las escaramuzas se han sucedido en diferentes puntos del Casco Viejo de Pamplona. La kalejira se ha repetido por la tarde, a partir de las 18 horas.

La polémica gestión del desalojo del gaztetxe ha tenido su reflejo en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que ha rechazado una propuesta de declaración institucional presentada por EH Bildu y Orain Bai -socios del cuatripartito- para defender que el acceso de técnicos de Patrimonio del Gobierno de Navarra “se podría haber evitado”. Solo Izquierda-Ezkerra -también firmante del acuerdo de Gobierno- se ha sumado al texto, que defendía haber “retirado la denuncia contra miembros del colectivo Gaztetxe Maravillas”, y haber “recurrido al diálogo”. Los votos en contra de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN han impedido que la propuesta saliera adelante.

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