Como un familiar emigrado a miles de kilómetros, la Ikurriña y la disposición transitoria cuarta de la Constitución -que facilitaría una anexión directa de Navarra a Euskadi si así lo quisiera la ciudadanía de la Comunidad foral- son dos constantes de la política que recobran actualidad y vuelven al hogar en periodos festivos y electorales.
Esta vez le ha tocado al alcalde de Berriozar, Raúl Maiza (EH Bildu), declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por colocar la enseña vasca en la plaza Eguzki de la localidad navarra durante las fiestas patronales. Ha sido denunciado por la asociación Doble 12, que considera que cometió los delitos de desobediencia y prevaricación al hacer caso omiso a las numerosas sentencias judiciales previas que censuraban el uso de la bandera oficial de la Comunidad Autónoma Vasca en Navarra.
EH Bildu ha aprovechado para hacer de la cita un acto de campaña, y ha congregado a varios de sus cargos municipales y al candidato al Senado y también alcalde de Tafalla, Arturo Golaracena. EH Bildu ha llegado un acuerdo para concurrir al senado con la lista Cambio-Aldaketa, que agrupa a los partidos que sostienen en el Gobierno a Uxue Barkos: Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra.
El alcalde acusado opina que la denuncia “obedece a la desesperación y al nerviosismo político y electoral del régimen, que quiere ganar en los tribunales lo que no gana en las urnas, no tiene nada que ofrecer a la sociedad navarra, solo persecución de símbolos y ataque a la libertad de expresión”.
Arturo Goldaracena ha añadido un matiz importante: ha transmitido su “solidaridad con los concejales y con el alcalde de Berriozar, que hoy han sido llamados aquí a declarar por la colocación de una ikurriña en una plaza del pueblo por un grupo de vecinos”.
EH Bildu y el resto de partidos de tendencia nacionalista vasca, o de sensibilidad más vasquista, consideran la Ikurriña “un símbolo que es parte muy importante de la sociedad navarra”, ha indicado. El candidato ha censurado que se lleve a los tribunales cualquier situación que entendemos que entra dentro de las libertades de expresión de la ciudadanía“.
Por contra, Ricardo Guelbenzu, de la denunciante asociación Doble 12, ha explicado que han actuado en este caso por “la defensa de los símbolos de Navarra”. Ha argumentado que “muchos navarros llevan en el corazón la Ikurriña y todos tienen derecho a ponerla en su balcón o en sus temas particulares, pero no en una institución que representa a la ciudadanía; hay que respetar las instituciones, tenemos que respetar las reglas del juego, es muy importante para tener una buena convivencia”. “Nosotros no queremos tensionar la convivencia y nos molesta un poco que haya coincidido con el tema electoral, no tiene nada que ver con el tema electoral”, ha asegurado.
Una derogación controvertida
El Parlamento de Navarra derogó la Ley Foral 24/2003 de Símbolos de Navarra en marzo de 2017 con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra con el objetivo de que las entidades locales de Navarra pudiesen colocar la Ikurriña si así lo deseaban.
Al derogarla, los socios del cuatripartito acordaron un pacto de mínimos que aludía a “la experiencia acumulada, desde que en 1981 se reguló por primera vez el uso del escudo y la bandera de Navarra”, que a su juicio “ha puesto de manifiesto que el camino de la exclusión y la prohibición de otros símbolos distintos a los oficialmente establecidos como navarros no soluciona nada. Por el contrario, se ha terminado apostando por una regulación legal que ha contribuido a un camino de enfrentamiento y prohibición de símbolos que eran mayoritariamente aceptados por distintas entidades locales junto a los símbolos oficiales”.
A pesar de estar de acuerdo en no querer la Ley de Símbolos, los socios de Gobierno no lo estaban tanto en qué querían realmente, y el vacío legal ha sido inevitable: “En tanto y cuanto se alcanza un acuerdo político e institucional en Navarra sobre una nueva Ley Foral de Símbolos incluyente que recoja todas las aspiraciones legítimas de la ciudadanía, se hace precisa la derogación de la vigente Ley Foral de Símbolos, permitiéndose el desarrollo de una política democrática de tolerancia e integración en lo relativo a los mismos”, reza la Ley Foral derogatoria hoy vigente.
Los jueces, sin embargo, optan mayoritariamente en sus sentencias por recurrir a la normativa anterior, ya que a día de hoy el único marco legal es el de la ley de 1981, que establece que la bandera de España deberá ondear en los edificios públicos y que prevé también la colocación de la bandera de la Comunidad Autónoma y de la entidad local. Nada de ikurriñas en Navarra. Esa es la razón de que no ondeara en el Ayuntamiento de Pamplona durante el Chupinazo de los pasados Sanfermines.