“No es un lugar del horror como el valle de los Caídos o el fuerte de San Cristóbal, que pueden resignificarse para conservar nuestra memoria histórica, es un monumento para la exaltación del fascismo puro y duro”. Con ese argumento base, 120 personas a título particular, pero provenientes de diferentes ámbitos políticos, sociales, sindicales y culturales de Navarra, irrumpen con una propuesta para el concurso de ideas que planea el Ayuntamiento de Pamplona sobre qué hacer con el monumento a los Caídos en la capital navarra: derribarlo. Sin medias tintas.
El director de cine Montxo Armendariz, el cantante Enrique Villarreal el Drogas, el actor Pepe Viyuela, el cantautor Fermín Balentzia y otras firmas provenientes de los partidos políticos de izquierdas en Navarra, el sindicalismo, la memoria histórica y el mundo de la cultura secundan la propuesta.
Efectivamente, a diferencia de otros lugares en Navarra y en el resto del Estado que poseen una significación histórica más ambigua por haber sido escenario de represiones o batallas, que los convierte en candidatos a convertirse en lugares de la memoria para una mejor comprensión del pasado, el monumento a los Caídos de Pamplona fue concebido desde los planos para homenaje y mayor gloria de uno de los dos bandos de la Guerra Civil. De hecho, el lema grabado en su frontispicio es Navarra a sus Muertos en la Cruzada, si bien tras la restauración acometida por el Ayuntamiento hoy se encuentra oculto con la nueva denominación y uso: Sala de Exposiciones. En cualquier caso, es un edificio en memoria de los 4.500 navarros muertos del bando sublevado y solo ellos.
Por eso los primeros 120 firmantes de la iniciativa, ya publicitada en la plataforma change.org para lograr más apoyos, consideran que su derribo constituiría “la mejor y única opción” para la ciudad.
En el manifiesto, destacan que el Monumento a los Caídos fue “diseñado y erigido a modo de inmenso panteón funerario por el fascismo para honrar a dos de los principales jefes y directores de la brutal rebelión armada y del genocidio que practicaron, tanto durante la guerra de exterminio desatada por ellos, como en la dictadura franquista posterior”.
Se refieren a dos de los militares enterrados en su cripta desde el 17 de julio de 1961 hasta noviembre de 2016, que se cuentan entre los máximos responsables del golpe de Estado contra la República: Emilio Mola, Gobernador Militar en Pamplona el 18 de julio de 1936, y José Sanjurjo, pamplonés en el exilio en aquella fecha por un intento de golpe de Estado anterior.
“Este monumento conmemora y ensalza las ideologías que ampararon esos horrores, la apología de crímenes de lesa humanidad y ese símbolo del pensamiento único impuesto a cualquier precio”, sostienen los firmantes, quienes defienden que “ninguna democracia lo hubiera construido nunca y ninguna democracia debe mantenerlo en pie si quiere defender la libertad y transmitir y enseñar los valores democráticos”.
En su opinión, “no es posible apelar al respeto de todas las ideas para mantenerlo en pie porque quienes lo erigieron optaron por autoexcluirse de la convivencia en sociedad y las ideas fascistas que transmite no deben tener espacio en una democracia”. “Mantener en pie este monumento puede reconvertirlo en foco de atracción de neofascistas, como está pasando en otros sitios de Europa”, advierten.
Asimismo, los firmantes del manifiesto consideran que el edificio “infringe la ley estatal de Memoria Histórica”, ya que “todo el monumento en su conjunto debe ser considerado un enorme objeto que exalta la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista”; además de “incumplir la ley de Memoria Histórica de Navarra”.
“Imperativo moral y legal” para su derribo
También critican que se trata del “monumento franquista urbano más grande que haya existido y el único que se mantiene en el centro de una ciudad, ocupando un espacio mucho mayor que la propia Plaza del Castillo”. Y también censuran que “está perfectamente diseñado para que no pueda ser utilizado para nada más que como un enorme monumento funerario”.
Según señalan, “por todas las razones expuestas que avalan el imperativo moral y legal de derribo de este monumento, netamente fascista y radicalmente contrario a la libertad y a la democracia”, solicitan a las instituciones públicas responsables (Ayuntamiento de Pamplona, Parlamento de Navarra y Gobierno de Navarra) el “inmediato inicio de las actuaciones pertinentes y necesarias para acometer la eliminación del citado monumento”.
Entre esos primeros firmantes aparecen también el director Raúl de la Fuente y el presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en el 36, Jokin de Carlos. También han apoyado el manifiesto representantes políticos como la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón, las parlamentarias de Podemos Ahal Dugu-Orain Bai Tere Sáez y Laura Pérez, así como el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez.
Otro de los firmantes, Iñigo Rudi, explica a eldiarionorte.es que junto a las razones “democráticas, de memoria” aparecen otras, como las urbanísticas: “Su derribo conectaría el Segundo Ensanche de Pamplona con el tercero, el soto de Lezkairu”. El edificio se construyó en 1942, y es obra de los arquitectos José Yárnoz y Víctor Eusa. En aquel tiempo sirvió para cerrar el Segundo Ensanche de Pamplona, hoy desbordado por la ciudad, que ha continuado con su expansión.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha considerado que “cualquier iniciativa que vaya en un sentido o en otro” sobre el futuro del monumento a los Caídos “lo que va a hacer es enriquecer un debate” sobre un tema que, en su opinión, “no deja indiferente a la ciudadanía” y en el que “la gente quiere intervenir y participar”.