Investigan si es discriminatorio que un municipio de UPN pida 20 años de padrón para ayudas a la maternidad

La Oficina contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra investiga si es discriminatorio que el Ayuntamiento de Valtierra, gobernado por Unión del Pueblo Navarro (UPN), exija un mínimo de 20 años de empadronamiento en el municipio para poder solicitar una ayuda por maternidad de 3.000 euros.

En las bases de la convocatoria, este consistorio señala que la ayuda responde a una “necesidad” de “incentivar y apoyar” la natalidad para conseguir “una sociedad sostenible en el futuro, tanto social como económicamente”. Así, el Ayuntamiento dará a cada familia que lo solicite 3.000 euros por cada hijo nacido en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Pero para ello, “al menos uno de los dos progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda de nacimiento”. Además que el menor deberá permanecer empadronado en la localidad durante 20 años “ininterrumpidos”.

“Es preocupante y dañino abrir una senda discriminatoria a la hora de implementar ayudas públicas”, ha criticado la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, que ha anunciado que la oficina contra el Racismo y la Xenofobia ya investiga la posible discriminación en la ayuda.

Y es que la ley foral contra el racismo y la xenofobia recoge que toda aquella “situación por la que una disposición, un criterio, una interpretación o una práctica aparentemente neutra sitúa a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas” será considerada una “discriminación inderecta”.

La consejera ha emplazado además al Ayuntamiento de Valtierra y a UPN, partido que lo gobierna, a que expliquen “el objetivo que persiguen” con esta exigencia y si es una medida que quieren exportar a otras localidades en las que gobiernan. “No debemos permitir que discursos xenófobos y racistas circulen con normalidad en las instituciones públicas. Para nada suma para la convivencia y genera un clima de hostilidad”, ha concluido Maeztu.

La convocatoria de ayudas recoge otras exigencias que la consejera ha calificado de “muy cuestionables” como la que se refiere a que los hijos deberán ser biológicos, lo que excluye a aquellos menores que hayan sido acogidos o adoptados o la que pide una mayor justificación para familias monoparentales.