El juzgado de Donostia que analiza el traslado irregular de unas 5.500 toneladas de lixiviados desde el complejo de Zubieta, en Gipuzkoa, hasta la planta de Ecofert Sansoain en Artajona, en Navarra, ha ordenado a la Guardia Civil que analice no solamente las aguas, sino también el fondo de la balsa donde se acumularon estos residuos. Aunque los primeros análisis del Gobierno de Navarra negaron la existencia de toxicidad -como se ha repetido este viernes en el Parlamento- se quiere determinar si, por decantación, los metales pesados pudieron incrustarse en el suelo de la instalación, que no tenía autorización para tratar ese tiempo de sustancias, según explican fuentes judiciales.
Desde el Ejecutivo navarro han calificado en varias ocasiones este envío de residuos como “ilegal” por su condición de “líquido” cuando la planta de Artajona únicamente puede recepcionar lodos. Con todo, este viernes, en una comisión parlamentaria la 'número dos' del Departamento de Medio Ambiente, Ana Bretaña, ha vuelto a asegurar que los análisis realizados hasta la fecha no han detectado “ninguna toxicidad”. El parlamentario del principal grupo de la posición, Miguel Bujanda, de UPN, sin embargo ha recordado que las muestras se recogieron únicamente de la superficie de la balsa y no del fondo, como ha reclamado ahora la Justicia que se haga. “Me dijeron en una respuesta por escrito que no se les había ocurrido que se podían recoger muestras del fondo de la balsa y que se habían cogido de la superficie”, ha señalado.
El consejero de Medio ambiente, José María Aierdi, de Geroa Bai (Socialverdes y PNV), ha insistido en que quienes “han cometido mala praxis” son la “empresa receptora”, es decir, Ecofert Sansoain, que ha sido clausurada por el Ejecutivo navarro de manera cautelar y a la que se le ha impuesto multas por valor de exactamente 100.002 euros, y “la empresa emisora”, el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-I), dependiente de la Diputación de Gipuzkoa. “En ningún caso el Departamento ha pretendido tapar absolutamente nada, sino que ha facilitado toda la información disponible y ha actuado con la máxima diligencia desde el momento que ha tenido información a ese respecto”, ha aseverado.
La directora general de Medio ambiente, Ana Bretaña, ha defendido la actuación de su Departamento en la gestión de esta crisis y ha apuntado que, tras tener conocimiento de estos envíos, intensificó las inspecciones a la empresa con sede en Artajona. “Se multiplicaron por seis los niveles de inspección que tiene este tipo de instalaciones y todo este procedimiento se ha traducido en una serie de expedientes sancionadores. A día de hoy, la empresa cuenta con cinco expedientes sancionadores ya cerrados, dos en curso con resolución ya finalizada y este último que está con resolución de inicio”, ha explicado.
José Ignacio Asensio, diputado socialista de Medio Ambiente de Gipuzkoa y presidente del consorcio de residuos (GHK), fue denunciado por la Fiscalía, que dio credibilidad a una información previa de la entidad GuraSOS que hacía referencia a que la planta receptora de Artajona, Ecofert Sansoain, no tenía autorización para recibir lixiviados y que estos llegaron un código diferente. El ministerio fiscal vio indicios de un doble delito, uno ambiental y otro de falsedad documental. Las diligencias judiciales continúan abiertas y todavía no se ha notificado nada a Asensio y ni al resto de denunciados. Se está a la espera de un informe de la Policía judicial, que en este caso es la Guardia Civil. En paralelo, en Donostia hay abierta una causa por otros problemas en Zubieta, como el vertido que mató peces en la regata Arkaitzerreka.
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