Coronando el monte que le da su nombre, a más de 1.000 metros de altura en pleno enclave del valle Salazar, la ermita de Muskilda lleva años enfrentando a los vecinos del municipio navarro de Ochagavía con la Iglesia católica. Ambos reclaman ser los dueños de este templo construido en el siglo XII y que en su interior conserva una talla gótica de la Virgen datada en siglo XIV ,y tras dos sentencias judiciales con fallos opuestos, será ahora el Tribunal Supremo quien se pronuncie sobre a quién corresponde la propiedad.
El origen del conflicto se remonta al año 1999. Tan solo un año después de que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, modificara el reglamento hipotecario para dar derecho a la Iglesia católica a poner a su nombre bienes e inmuebles con el único requisito de prueba de propiedad de la firma del obispo de la diócesis del lugar, la Iglesia inmatriculó en Ochagavía un total de 13 propiedades. Entre ellas, siete en el monte Muskilda. A la ermita, le acompañaron la casa del párroco y varios terrenos de cultivo, todos ellos situados en terreno comunal, es decir, propiedad de los habitantes de Ochagavía.
No fue hasta el año 2012 cuando, el alcalde del pueblo, Mikel Aoiz -que se mantiene en el cargo- descubrió que en los archivos del Consistorio había “mucha documentación en la que se mostraba claramente que esa ermita era del pueblo”. Llevaron el caso al juzgado de Aoiz, que en 2017 falló a su favor. Sin embargo, la Iglesia recurrió la sentencia y hace pocos meses la Audiencia de Navarra le dio la razón, señalando que la ermita y los terrenos anexos son de propiedad eclesiástica. Ahora, su alcalde ha anunciado que recurrirán al Supremo y, “si hace falta” a Europa, por estar convencidos de que son bienes del pueblo.
El alcalde de Ochagavía, Mikel Aoiz, explica a este periódico que la sentencia de la Audiencia de Navarra se basa en una normativa medieval “que en la actualidad no tiene sentido porque atribuye al pueblo las obligaciones de mantener el patrimonio pero no implica su propiedad”. Y es que la ermita está administrada desde hace siglos por el patronato de Muskilda, un órgano formado por el Ayuntamiento de Ochagavía, un mayordomo -persona que se elige cada año por los vecinos para administrar las cuentas y desperfectos del tempo- y el párroco. “De toda la vida han sido el patronato y el Ayuntamiento quienes han pagado las reconstrucciones, los arreglos de los daños y quienes han gestionado la ermita”, defiende Mikel Aoiz. Sin embargo, la Audiencia de Navarra, en su sentencia de noviembre del 2021señala que el derecho de patronato no prueba ser el propietario del bien.
Han decidido acudir al Supremo porque tienen la certeza de que el suyo “es un caso peculiar” por tener documentación que acredita que tanto la ermita como los otros seis bienes que fueron inmatriculados en el monte Muskilda están en terreno comunal. Aoiz, anuncia además que si el Alto Tribunal no falla a su favor, seguirán “los pasos adelante para ir a Europa”. Asegura que ya han hablado con el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno foral, que les ha dado su “apoyo” para seguir adelante, y que incluso se ha abierto a incluir una partida en los presupuestos del 2023 para costear el proceso judicial.
49 bienes inmatriculados por la Iglesia que ahora dice que no le corresponden
El de Ochagavía es el ejemplo de uno de los caminos que distintos ayuntamientos de Navarra están llevando para recuperar sus bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia. Desde la Plataforma de defensa del patrimonio navarro su presidente, Andrés Valentín desaconseja esta vía por ser “muy costosa” y estar “llena de trampas”. Valentín reclama que se cumpla el compromiso de Pedro Sánchez en su discurso de investidura “cuando dijo que articularían las vías legislativas necesarias para que las propiedades inmatriculadas retornasen a su anterior situación”.
El Gobierno de Navarra, que entregó el pasado 23 de noviembre al Parlamento foral 2.952 notas simples de todos los bienes que la el arzobispado de Pamplona-Tudela puso a su nombre indebidamente entre 1900 y 2021, va a firmar en las próximas fechas un convenio con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para analizar cuántos de los casi 3.000 bienes inmatriculados están en terreno comunal y así poder reclamar su propiedad. “Es un trabajo que llevará mucho tiempo”, sostienen fuentes de este departamento consultadas por elDiario.es y un “proceso previo necesario” para reclamar las propiedades. Una vez se tengan identificadas, el Ejecutivo navarro buscará a través de la mediación que la Iglesia devuelva esos bienes, y en caso contrario, se acudirá a los tribunales.
El Gobierno foral va a crear a su vez una oficina de información para que los distintos municipios puedan informarse sobre las vías que existen para recuperar sus bienes.
Del total de bienes inmatriculados, a penas un 33% están tipificados como templos parroquiales, ermitas, antiguas ermitas, iglesias, abadías y basílicas y en solo cuatro municipios la Iglesia no puso a su nombre bienes que no eran de su propiedad. Además, esta semana la Conferencia Episcopal ha reconocido que en Navarra 49 bienes que inmatriculó ya no son suyos porque los ha vendido. En su gran mayoría son terrenos de cultivo y muchos de ellos están situados en Eslava.