El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, han anunciado este miércoles que el Ejecutivo foral ha aprobado en su sesión de Gobierno de esta semana un paquete de ayudas como respuesta a la subida del precio de las energías provocada por la guerra de Ucrania. Son una serie de medidas fiscales como el retraso del pago de algunos impuestos, deducciones tributarias o la agilización de los procedimientos para instalar energías renovables.
Desde el Gobierno foral destacan que este “plan de respuesta” ha sido elaborado de forma “muy pausada” y trabajada con los sectores más afectados. Representantes del Ejecutivo han mantenido con asociaciones empresariales (CEN, UPTA y ATA), entidades agrarias (UAGN, EHNE, UCAN) y del sector del transporte (ANET y TRADISNA e HIRU). “Las medidas tienen por objetivo impulsar la bajada de los precios de la energía para ciudadanía y empresas, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios”, ha señalado Elma Saiz.
La principal medida recogida en el paquete de ayudas es una reducción extraordinaria del 3% para microempresas y autónomos. Esta medida supondrá un coste para la Hacienda foral de entre unos 18 y 20 millones de euros, según ha precisado la consejera, pero no tendrá su impacto hasta la declaración de la renta del año que viene, ya que “se refiere al periodo impositivo del 2022”.
En el caso del los autónomos, la deducción será de un 3% del rendimiento neto positivo del sujeto pasivo, una vez aplicadas, en su caso, la reducción a que tengan derecho por determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada o en estimación directa especial, con un límite de 3.000 euros. Por su parte, en el Impuesto sobre Sociedades la deducción la aplicarán aquellos contribuyentes cuyo importe neto de cifra de negocios no supere 1.000.000 de euros en 2022. No podrán aplicar la deducción las entidades patrimoniales. La deducción a aplicar será de un 3% de la base imponible positiva, con un límite de 3.000 euros. Esta deducción podrá minorar el importe de la tributación mínima y se podrá aplicar antes que las deducciones por incentivos del Impuesto sobren Sociedades., detalla el Ejecutivo.
Para “aportar liquidez inmediata a empresas, pymes o autónomos que puedan atravesar dificultades”, el Gobierno ha anunciado también un nuevo aplazamiento excepcional de aquellas deudas tributarias que correspondan a autoliquidaciones de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del primer trimestre de 2022, así como del mes de marzo de 2022.
Asimismo, se exonera a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas de la obligación de realizar el pago fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 2022.
Por otro lado, se amplía un año el plazo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades para acogerse a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el año 2022; y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.
Limitación al precio del alquiler de vivienda protegida
En plan de respuesta del Gobierno de Navarra, extiende además la limitación a los precios del alquiler recogida en el plan nacional, a los contratos de arrendamiento de vivienda protegida, que se rigen por su propia regulación y “que afectan a familias que puedan encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad”, ha destacado el vicepresidente Remírez. Se excluyen del cómputo de los ingresos familiares ponderados en las actuaciones protegibles en materia de vivienda las subvenciones por arrendamiento de viviendas incluidas dentro del sistema público de alquiler.
También se simplifican y agilizan los procedimientos para la instalación de energías renovables. Se establecen como criterios conjuntos para someter los proyectos de energías renovables a este procedimiento, que sus líneas aéreas no se encuentren incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sean proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 MW o proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia igual o inferior a 150 MW y que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, estén ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada según la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables», herramienta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.