Navarra blindará a los profesores de religión elegidos por el obispo pese a que su carga lectiva se reducirá a la mitad

Navarra Suma, una coalición de UPN, PP y Ciudadanos, ha logrado gracias al apoyo del principal socio del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai, aprobar una ley que garantizará el empleo a más de un centenar de docentes de religión de la escuela pública, a la que accedieron tras ser seleccionados por el Obispado y sin ser personal funcionario, a pesar de que la carga lectiva se reducirá a la mitad el próximo curso. La norma, que ha dividido al Ejecutivo foral y que despierta dudas jurídicas en el resto de grupos, blindará a este profesorado en la red pública sin la posibilidad de impartir otras materias que no sean religión, por ser personal específico y no haber opositado.

En cumplimiento del acuerdo de coalición que en 2019 firmaron PSN, Geroa Bai, Podemos e Izqueirda-Ezkerra para investir a la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, el departamento de Educación ya ha anunciado que a partir del próximo curso las enseñanzas de religión en educación Infantil y Primaria se impartirán en el horario mínimo establecido en la nueva ley orgánica LOMLOE. Esto es, una hora lectiva semanal en Infantil y Primaria y dos horas semanales en Secundaria y Bachillerato. La reducción de la carga lectiva, que se hará de manera progresiva entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024, implicará que en el próximo curso, según los cálculos del Ejecutivo, 29 docentes se quedarán sin carga lectiva. La cifra se elevará a 56 en el siguiente curso, de una plantilla total de 145 profesores y profesoras. Educación ya ha advertido que mantener a este profesorado contratado supondría un sobrecoste anual a la administración de 2,5 millones de euros.

Para evitar que la reducción de horas de esta asignatura en la red pública provocase en el profesorado con contrato indefinido “una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos”, Navarra Suma presentó una proposición de ley para garantizarles el puesto de trabajo convirtiéndolos en personal funcionario de facto cuando no han accedido al empleo mediante una oposición. Y es que estos docentes son seleccionados por el Obispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

A día de hoy, continúa siendo el obispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

El resto de grupos se han opuesto a la aprobación de la norma al considerar que contraviene “los principios de igualdad y de mérito” en el acceso a la función pública. Ante las dudas jurídicas que suscitó la proposición de ley se encargó un informe al Consejo de Navarra, órgano consultivo que se encarga de velar por “el cumplimiento de la Constitución Española, de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y del resto del ordenamiento jurídico”, que este mismo miércoles, a menos de 24 horas de la celebración del pleno en el que se votaba la norma, falló que la ley, tal y como estaba redactada, “no se ajustaría a la legalidad vigente”, refiriéndose al Real Decreto del profesorado de religión, que establece en su artículo 4.2 que son las autoridades educativas las encargadas de determinar si la modalidad del contrato es a tiempo completo o parcial. El consejo destaca que la ley podría suponer “una congelación de los profesores de religión con contrato indefinido en su actual puesto de trabajo, jornada y destino, sin posibilidad por parte de la Administración educativa de modificar dichas condiciones”. Finalmente, Navarra Suma y Geroa Bai han acordado modificar el artículo único de la ley adecuándolo a lo remitido por el Consejo de Navarra.

Navarra Suma propone ahora que el personal que no tenga carga lectiva de religión sea destinado a otras labores como la “comunidades de aprendizaje” o biblioteca, algo que desde Educación no comparten por ir en contra de “la igualdad de oportunidades”. El propio consejero de Educación , Carlos Gimeno, emplazó a este profesorado a participar “en las próximas oposiciones” junto con el resto de docentes.