El Gobierno de Navarra defiende que actuó de la manera “que exigía la situación” a la hora de decretar el cierre cautelar de la planta de generación de fertilizantes y compostaje Ecofert Sansoain ubicada en la localidad de Artajona que recibió 5.400 toneladas de lixiviados (residuos líquidos) procedentes de la incineradora de Zubieta propiedad del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK por sus siglas en euskera y dependiente de la Diputación). Así, el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Ejecutivo navarro, José María Aierdi, asegura que no le ha “temblado el pulso” a la hora de tomar las medidas que se han tomado.
En respuesta a una pregunta en el Parlamento de Navarra por parte de UPN, que iba dirigida a la presidenta María Chivite, Aierdi se ha mostrado “razonablemente satisfecho” con la gestión en el control de los lixiviados que llegaron a las instalaciones de Artajona. Según ha explicado, se supo de la llegada de estos residuos mediante las inspecciones que se realizan regularmente a estas instalaciones. Así, ha detallado que se realizaron inspecciones en la planta los días 24 de febrero,16 de marzo y 31 de mayo de 2023, y “previamente ya en el mes de abril de 2022 se había hecho una primera inspección mucho antes de que empezaran a llegar lodos desde Gipuzkoa” a la planta de Artajona. En paralelo a estas inspecciones, la unidad central operativa para delitos contra el medio ambiente del Seprona de la Guardia Civil (conocida como Ucoma) está investigando también estos hechos comisionada por un juzgado de Donostia, donde hay abierta una pieza penal sobre la gestión de la incineradora.
Tras el conocimiento de que la planta de Artajona estaba recibiendo lixiviados, cuando solo tiene autorización para recibir lodos, el Gobierno navarro decretó su cierre cautelar, decisión para la que, según ha apostillado Aierdi, no les “tembló el pulso”. “Se han adoptado las medidas hasta la propuesta de cierre temporal que exige la situación y no ha temblado el pulso en tomar una decisión de estas características”. Posteriormente ha indicado que la empresa recibe materiales “de más de 70 proveedores y evidentemente la mayoría lo hace de manera correcta y la responsabilidad del Gobierno es efectivamente comprobar que esa situación se produce”.
El consejero ha continuado señalando que la principal preocupación del Ejecutivo foral pasa ahora por realizar todos los controles sanitarios “que sean necesarios” para garantizar la seguridad del campo y los productores navarros. “Hasta el momento todos los que hemos realizado han sido positivos para que el producto que pueda salir de esta planta pueda echarse en el conjunto del territorio de nuestra comunidad”, ha precisado.
También ha apuntado que se “va a exigir el nivel de responsabilidades que corresponda en todo el procedimiento”.
Por su parte, el parlamentario de UPN Miguel Bujanda ha criticado la actuación del Ejecutivo navarro ante el que considera “el caso más grave que ha habido en Navarra de ataque al medio ambiente”. “Se le han colado 9.000 toneladas de lixiviados ilegales”, ha aseverado.
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