La ley foral que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, en vigor en Navarra desde enero de 2019, incluye medidas más ambiciosas que las planteadas por el Gobierno de España en el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos en el marco de la negociación de los Presupuestos. Con tres años de ventaja sobre la cuestión desde que entrara en vigor la actual norma, la Comunidad foral ha visto duplicar el parque de vivienda protegida con más de 6.200 navarros acogidos a este derecho reconocido por vez primera en la Ley 18/2018. Los mecanismos contemplados en el territorio no sólo mejoran en algunas cuestiones lo anunciado por el Gobierno estatal, sino que el Departamento de Vivienda dirigido por José María Aierdi (Geroa Bai) se encuentra trabajando en varias modificaciones legislativas para movilizar los inmuebles deshabitados mediante incentivos fiscales.
A través de una proposición de ley en la que deben ponerse de acuerdo los socios del Gobierno de María Chivite, el Departamento de Vivienda estudia establecer un Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) que fijará una referencia en el precio máximo de alquiler de un inmueble según sus características. De aprobarse, entraría en vigor a partir de 2022 y permitiría a los consistorios gravar o desgravar en función de dicha referencia, con el fin de evitar incrementos abusivos y zonas tensionadas. En paralelo, el Gobierno foral tendrá listo antes de finalizar el año un Registro de Viviendas Deshabitadas que engrosan, de momento, 814 inmuebles. Estas dos medidas serán de ayuda a los consistorios, que podrán acometer subidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de viviendas vacías a partir del próximo 1 de enero, y que van desde el 0,5% el primer año, el 1% el segundo y el 1,5% a partir del tercero. Muy por debajo, con todo, del incremento del 150% contemplado por la ley estatal.
Según estima el Departamento de Vivienda, en la comunidad foral hay cerca de 4.000 inmuebles vacíos. De ellos, más de 3.000 corresponden a personas físicas y 640 pertenecen a grandes tenedores, en su mayoría entidades financieras. Según apuntan fuentes del departamento, la elaboración de esta lista es compleja, pero consiste un procedimiento “garantista”, a través del cruce de datos como el catastro o del consumo en facturas de agua y luz. De entrada, la ley navarra no considera vivienda vacía las segundas residencias, pero sí “cuando no se destine a uso residencial durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación”.
En Navarra, las zonas más tensionadas se registran en Pamplona y en puntos determinados de su núcleo urbano, como son el Casco Viejo o los barrios de San Juan e Iturrama, con alta demanda por los estudiantes universitarios. Otra de las opciones en las opciones para movilizar este parque vacío es motivar la inscripción de inmuebles en la bolsa de alquiler público Nasuvinsa. Esto apareja beneficios como la posibilidad de optar a subvenciones a fondo perdido para reformas y rehabilitación, a cambio de ceder los inmuebles al alquiler público. En esta línea, el Ejecutivo foral ha iniciado negociaciones con entidades financieras y también con la Iglesia para que cedan sus viviendas vacías a la bolsa.
Por otra parte, la actual ley navarra incluye la posibilidad de expropiar a grandes tenedores -en la Comunidad foral, los que poseen más de 19 inmuebles frente a los 10 para el Gobierno central- y que estén deshabitadas por más de dos años. Este plazo el Gobierno foral pretende reducirlo a un año con la nueva modificación legislativa. Asimismo, la nueva reforma reducirá en las nuevas promociones el actual 70% destinado a vivienda protegida al 50%. Un porcentaje aún superior al 30% planteado por la Ley de Vivienda estatal.
En global, el parque de vivienda protegida para el alquiler en Navarra está conformado por cerca de 10.000 inmuebles, el doble que antes de la entrada en vigor la nueva ley en 2019. De ellos, 4.000 forman parte del mercado libre y cuentan con alquiler protegido; otro millar pertenece al parque público; 827 pertenecen a particulares que las han cedido a la bolsa de alquiler; y más de 4.000 responden a los beneficiarios de los programas ‘EmanZipa’ y ‘DaVid’.
Más de 6.200 navarros se han acogido al derecho a la vivienda
Desde que Navarra recogiera en la Ley 18/2018 el derecho subjetivo a la vivienda, se han acogido al mismo más de 5.000 jóvenes de entre 18 y 31 años a través del programa ‘EmanZipa’. Actualmente están inscritos 2.775 solicitantes a este mecanismo que no contempla un plazo máximo para beneficiarse y es de carácter indefinido. En concreto, contempla ayudas de hasta 250 euros sobre el 50% de un precio máximo de alquiler fijado en 650 euros mensuales. Este límite prevé ampliarse en la modificación legislativa al resultar difícil encontrar inmuebles por menos de esa cantidad.
Por otra parte, bajo el paraguas del programa ‘DaVid’ se están beneficiando actualmente 1.290 unidades familiares. Cuando este mecanismo entró en vigor podían acceder al mismo familias en situación de vulnerabilidad, de manera que en su primer año fueron 219 los que acogidos a este derecho. El motivo del crecimiento exponencial de estas ayudas radica en la ampliación que realizó el Gobierno foral a raíz del primer Estado Alarma durante la crisis sanitaria, con el que ha dado cobertura a los afectados por un ERTE. En la nueva modificación normativa, el departamento de Aierdi prevé extender este programa a personas desempleadas para dar así continuidad a quienes, afectados por un ERTE, hayan perdido finalmente su empleo durante la crisis sanitaria. Esta modificación se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. En global, entre ambos programas, Navarra ha destinado cerca de 8 millones de euros en el presente ejercicio a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda.
Asimismo, otra de las modificaciones que pretende introducir el Ejecutivo foral busca la coexistencia de la vivienda protegida y la libre en las nuevas promociones, de manera que en un mismo edifico puedan darse ambas opciones. De esta manera, se pretende una mayor integración social al evitar situaciones de exclusión o pronunciadas brechas socioeconómicas por barrios. Por último, el departamento de Vivienda busca ampliar el parque público de vivienda en un millar de inmuebles más antes de finalizar la legislatura y alcanzar un total de 2.000 dentro del plan Navarra Social Housing.