Navarra estudia 41 solicitudes de reconocimiento de víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha

La comisión de reconocimiento de víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en Navarra está estudiando 41 solicitudes de reconocimiento, según ha señalado este miércoles el presidente de la comisión y director general de Memoria y Convivencia del Gobierno foral, Martín Zabalza. Algunas de ellas, según ha apuntado después la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera , Ana Ollo, se encuentran “muy avanzadas” y podrían reconocerse en “pocas semanas”.

Zabalza ha explicado que los expedientes “siguen abiertos, por lo tanto en fase confidencial”. De las 41 solicitudes, diez corresponden a personas fallecidas cuyas familias solicitan el reconocimiento de víctimas. Trece de las solicitudes responden a personas que solicitan su reconocimiento de víctimas “por haber sufrido torturas o malos tratos” y 18 solicitudes “se refieren a solicitudes de reconocimiento de víctima por haber sufrido daños físicos y o psicológicos”.

“Todos los expedientes que han tenido entrada en la comisión hasta la fecha se están tramitando, encontrándose en diferentes fases de procedimiento y dentro de plazo”, ha manifestado, tras destacar que se está “respetando, como no podía ser de otra manera, de forma radical, el mandato del alto tribunal”. “Reconocemos víctimas, sí, no identificamos victimarios”, ha dicho.

Según ha detallado Zabalza, las reuniones de la comisión han sido mensuales, salvando los periodos vacacionales. En cuanto a la metodología de trabajo, ha relatado que las solicitudes se registran en la Dirección General de Memoria y Convivencia, a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Esta oficina da traslado de un expediente base formado por la solicitud y toda la documentación anexa a la misma a la Comisión de reconocimiento.

Recibida la solicitud, la comisión resuelve en el plazo de un mes sobre la admisión a trámite. En caso de ser positiva, la tramitación es notificada al solicitante. Una vez admitida a trámite, se realiza “como mínimo” una entrevista “a todos y cada uno de los solicitantes, entrevista que es grabada en vídeo con todas las protecciones legales”.

Tras la entrevista, los forenses y la psicóloga elaboran un informe que envían al ponente responsable del expediente que, tras estudiarlo, las propone al Pleno de la Comisión para su estimación o denegación. Finalmente, el informe elaborado se traslada al Director General de Memoria y Convivencia, que tiene un tiempo de tres meses para resolver desestimando o reconociendo la solicitud y un mes para comunicar la resolución al solicitante.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado.

Además, el texto recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) en 1985, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.

Con esta modificación se corrige el texto de la ley original que vinculaba las indemnizaciones a la ley foral de víctimas del terrorismo del año 2010, lo que complicaba el acceso a las prestaciones de las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha por no estar mencionadas en la norma.