La llegada de agua a la Ribera de Navarra, una necesidad que ningún grupo político discute, sigue siendo objeto de batalla política en la que la oposición pretende provocar grietas en la unidad del cuatripartito y el Gobierno foral aspira a cambiar el proyecto heredado de UPN para calmar las críticas internas de sus socios. La discusión en torno al Canal no dejaría de ser uno más de los episodios de batalla política que se dirime a diario en las instituciones forales, de no ser porque la obra es competencia estatal. Y, como ya ha ocurrido con el TAV, la II fase del Canal de Navarra es un proyecto en el que intentan meter baza tres jugadores: el Estado, el Gobierno de Navarra y la oposición foral, asociada en este caso con las tesis del Gobierno central.
El Canal de Navarra es un “binomio indisoluble” con el pantano de Itoiz, a cuya construcción se opuso fehacientemente EH Bildu con las diversas marcas que ha tenido a lo largo de los años. De hecho, la actual consejera de Interior del Gobierno foral, María José Beaumont, fue una de las cabezas visibles de la más firme oposición a la construcción del pantano. Pero ahora, a la vuelta de los años, se encuentra propuesta por EH Bildu al frente del departamento de Interior de un Gobierno cuatripartito en el que el principal socio, Geroa Bai, considera “estratégica y necesaria” la continuación de la obra del Canal.
El Gobierno foral se encuentra así prisionero entre la oposición de su principal socio a una obra que se considera estratégica, y las críticas de la oposición que le acusa de ser rehén de EH Bildu y no hacer lo suficiente para que la II fase del Canal sea una realidad en los plazos previstos. Como ya intentó hacer, sin éxito, con el TAV, el Gobierno ha procurado dar con una solución intermedia que aplaque la oposición de EH Bildu y pueda contentar también a UPN y PP. Pero este juego de equilibrios resulta muy difícil de mantener.
Como ya ha sucedido en otras ocasiones, la ministra del ramo, en esta ocasión Isabel Tejerina, titular de Agricultura, aprovechó una “reunión de seguimiento del pacto presupuestario” alcanzado con UPN para anunciar formalmente la próxima licitación de las obras. También se lo comunicó a la líder del PP en Navarra, Ana Beltrán. De manera que el Gobierno foral se enteró por la prensa de la intención del Estado de sacar a concurso la redacción del proyecto antes de que finalice este año. Y también tuvieron que escuchar de boca de los portavoces regionalista y popular la impronta que el Estado quiere dar a estas obras: “La Ribera no va a perder ni una sola gota de agua de calidad de la que estaba prevista”.
Previamente a esta reunión, como si estuviera planificado en una agenda política como parte de una estrategia conjunta, los regantes de la Ribera se habían reunido en Tudela para reclamar que el proyecto se diseñe para poder regar las 21.522 hectáreas previstas inicialmente en la ampliación del II tramo del Canal. Aunque la cita había sido convocada por las comunidades de regantes, la voz cantante del encuentro la llevaron dos cualificados portavoces de UPN y PP, Javier Esparza y José Cruz Pérez Lapazarán. Durante la reunión, se alertó sobre “los partidos políticos que no quieren traer agua a la Ribera” y se destacó la importancia de que los regantes de la zona estén “unidos en su reivindicación”.
UPN defendía que la obra se construyera mediante un canal a cielo abierto, capaz de transportar desde Itoiz hasta la Ribera de Navarra el agua suficiente como para regar las casi 22.000 hectáreas previstas en el proyecto inicial. El Gobierno foral, por su parte, hizo una revisión del proyecto que había heredado de los anteriores gobiernos de UPN, y sus técnicos apostaron en cambio por una infraestructura construida con tuberías soterradas. UPN acuñó rápidamente el término de que “el Gobierno quiere llevar el agua a la Ribera con un tubico”. UPN daba por hecho que el “tubico” no tenía capacidad para transportar tanta agua como se necesita para regar el número de hectáreas previstas. Pero las dimensiones del “tubico” están por definir, y la causa por la que el Gobierno entiende que no pueden regarse las 22.000 hectáreas que el Estado y UPN quieren poner en regadío es que eso supondría recortar las actuales dotaciones de riego ya establecidas para los agricultores que ya se benefician de la parte construida del canal. “Eso va a causar confrontación entre los regantes”, advirtió la consejera de Agricultura, Isabel Elizalde.
El número de hectáreas para regadío se estableció en 2013, durante la firma de la tercera actualización del convenio entre Navarra y el Estado para la ampliación de la segunda fase del canal, firmada por el ministro Arias Cañete y la presidenta foral Yolanda Barcina. Actualmente, los regantes disponen de una dotación de riego de 6.400 metros cúbicos por hectárea para una superficie de 34.842 hectáreas de regadío. De ellas, 22.478 se surten de agua de la primera fase del canal y otras 12.364 de la primera la ampliación. En 2015, de acuerdo con UPN, el Ministerio de Agricultura de Isabel García Tejerina aprobó ampliar la concesión de riego a 222,98 hectómetros cúbicos para 34.842 hectáreas, sin alterar la dotación de riego de los agricultores que se quedó en los 6.400 metros cúbicos. Con esta modificación, la reserva de agua de Itoiz para riego quedaba en 117 hectómetros cúbicos: 19 de ellos para 3.000 hectáreas de la ampliación de la primera fase y 98 hectómetros cúbicos para regadío en la Ribera. Según el ministerio, con esta dotación es suficiente para regar las 21.522 hectáreas de la zona sur de Navarra comprometidas en el proyecto inicial. Pero el Gobierno foral entiende que, de mantenerse la dotación de riego por agricultor en 6.400 metros cúbicos, el agua de riego solo podría cubrir 15.372 hectáreas.
Y aquí se centra ahora la discusión política. UPN ha tenido que admitir a regañadientas que el Estado prefiera la construcción con tubería soterrada en lugar de a cielo abierto, como la formación regionalista proponía. Pero ahora no están dispuestos a rebajar el número de hectáreas regables previstas en la segunda fase del canal, y han hecho de este punto una condición inamovible. Para presionar, han movilizado a las comunidades de regantes, presididas en su mayoría por alcaldes regionalistas, que reclaman poder regar cada hectárea prometida. También han atacado al Gobierno por el flanco dialéctico con numerosos discursos en los que aseguran que regar menos hectáreas de las previstas es, en realidad, una concesión de Geroa Bai a sus socios de EH Bildu, supuestamente contrarios a llevar el agua desde Itoiz hasta la Ribera.
Pero los datos, en esta ocasión, no están de su parte. Con las dotaciones de agua de boca y agua de riego concedidas por el ministerio en 2015, que recibieron el beneplácito de UPN, es imposible cubrir las necesidades de agua para el consumo humano y agua para regar que preveía el proyecto. Los regionalistas son muy conscientes de que la Ribera es su principal granero de votos, y las elecciones de 2019 están a la vuelta de la esquina, así que no pueden defraudar a los vecinos de la Ribera con una infraestructura que llevan prometiéndoles durante años. De manera que UPN ha recurrido al histórico de riegos de la primera fase del canal para darse cuenta de que la dotación de 6.400 hectómetros por regante da como resultado un exceso de agua. Los regionalistas pretenden ahora que el ministerio reduzca la dotación de regadío para los regantes de la primera fase del canal y de la ampliación. De ese modo, podría ampliarse la dotación para la Ribera y cubrir las necesidades de agua de boca sin tener que renunciar a regar ni una de las casi 22.000 hectáreas prometidas.
El principal sindicato agrario de Navarra, UAGN, ha pedido una tregua en la batalla política entre Gobierno y UPN. El vicepresidente de UAGN, Luis Miguel Serrano, ha asegurado que “lo único que queremos es que baje el agua a la Ribera, tanto para consumo de boca como para consumo de regadío. Que baje para 30.000, 20.000 o 15.000 hectáreas, las que haga falta, pero con el consumo garantizado. Para ello, la dotación de agua tiene que estar clara”, ha defendido.
La ministra Tejerina vuelve a Pamplona para reunirse con sus socios de UPN y con los representantes del PP en Navarra. Les otorga así la posibilidad de aparecer ante la opinión pública, sobre todo ante sus votantes, como los partidos con más influencia sobre el futuro del Canal, aunque no tengan representación en el consejo de Canasa, la empresa pública participada por el Gobierno foral y el Estatal en la que se toman las decisiones sobre esta infraestructura. El líder de UPN ya ha anunciado que los regantes tendrán que hacer un “ejercicio de solidaridad”, en referencia a que propondrá reducir la dotación de agua de riego de la zona media. Habrá que esperar a conocer la receptividad de la ministra García Tejerina a esta propuesta para saber cuántas hectáreas regará finalmente la segunda fase del canal.