Navarra gestionará la tramitación, resolución y recaudación de las multas de tráfico a partir de julio de 2026. Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al estatuto en el resto de comunidades autónomas, para superar el veto del Tribunal Supremo al traspaso de las competencias de Tráfico a la comunidad foral, la representación navarra ha avalado el acuerdo con el Estado que incluye la calendarización de las competencias. Se prevé que el próximo 25 de marzo el acuerdo sea ratificado por la Junta de Transferencias Navarra-Estado en Madrid.
Así, se ha fijado que la gestión de las sanciones de tráfico corresponderá a la Administración del Estado desde la fecha en la que se firme el traspaso hasta el 30 de junio de 2026, con independencia del cuerpo policial que formule la denuncia. Actualmente, la vigilancia de las carreteras navarras la comparten la Policía Foral y la Guardia Civil. A partir del 1 de julio de 2026, la tramitación, resolución y recaudación de los expedientes sancionadores corresponderá a Navarra.
Según se ha acordado, durante el régimen transitorio el importe por la recaudación de las sanciones -ingresado hasta el 30 de junio de 2026 por el Estado y a partir de entonces por Navarra- se destinará a cubrir los costes de las funciones desempeñadas por el Estado y los costes de las funciones asumidas por Navarra. “Satisfechos los costes de ambas administraciones, si hubiera remanente, hasta el 30 de junio de 2026 éste se revertirá en un 75% al Estado y un 25% a Navarra; y a partir del 1 de julio de 2026, y hasta el final del periodo transitorio, el remanente será un 75% para Navarra y un 25% para el Estado”, señalan desde el Ejecutivo foral.
Durante el periodo transitorio, la distribución de dichos ingresos se llevará a cabo en la Comisión específica donde cada Administración remitirá trimestralmente una certificación con los gastos reales en que haya incurrido. Esta Comisión se reunirá en el primer mes desde la entrada en vigor de la transferencia y en agosto de 2026 para determinar la cobertura de costes una vez transferida a Navarra la gestión de los expedientes sancionadores y la recaudación, añaden.
Por otro lado, el acuerdo entre los Gobiernos central y navarro incluye una “implementación progresiva” de las competencias de Tráfico. Así, la Policía Foral y la Guardia Civil seguirán compartiendo la gestión de las carreteras durante un “plazo máximo” de tres años, tiempo en el que el cuerpo de Policía Foral deberá reforzarse con los agentes necesarios para la gestión en exclusiva. Según apuntó la presidenta María Chivite, se calcula que para ello será necesaria la incorporación de 149 agentes (actualmente hay 227 policías de tráfico) a la Policía Foral.
Entre los nuevos agentes de la Policía Foral, además de aquellos que accedan mediante oposición, podrán incluirse también agentes de la comandancia de tráfico de la Guardia Civil que quieran permanecer en Navarra y cambien su uniforme verde por el rojo merced a una pasarela incluida en la ley de Policías de Navarra de 2018 mediante una enmienda defendida por el entonces parlamentario de UPN Sergio Sayas, hoy en las filas del PP.
Tras ese periodo, Policía Foral pasará a asumir las labores de vigilancia y control de carreteras en exclusiva de forma definitiva en la misma situación que actualmente disponen Euskadi y Catalunya.
En la reunión de la representación navarra de la junta de transferencias en la que se ha avalado el acuerdo entre Navarra y el Estado para el traspaso de Tráfico únicamente se ha opuesto al acuerdo la representante del PP, Irene Royo. Vox, partido que también se opone a la gestión en exclusiva de las competencias de Tráfico por parte de la Policía Foral, no ha acudido a la reunión.
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