La comisión de personas expertas que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia Católica en Navarra, que se creó al amparo de la ley foral 24/2022, admitió en 2023 un total de 53 expedientes para su valoración. De ellos, se ha otorgado la condición de víctima a una quincena, otros nueve se encuentran en proceso y el resto, 28, están pendientes de iniciar los trámites.
Así se desprende de la memoria relativa al periodo comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, elaborada por la comisión y que ha sido presentada este miércoles ante el Parlamento de Navarra por parte del presidente de la comisión, Josean Echauri, el vicepresidente, Mikel Córdoba, y Esther Aldave, miembro de la entidad.
Según ha explicado Echauri, de entre las personas víctimas, 11 son hombres y cinco mujeres. De las cinco mujeres, cuatro han sido víctimas por parte de victimarios de sexo masculino y una mujer por parte de una victimaria femenina. Por su parte, todos los hombres han sido víctimas de victimarios masculinos. Por lo tanto, entre los victimarios se encuentran 15 hombres y una mujer. 13 de las víctimas refieren haber sido abusados por un victimario, dos personas por dos y una por tres victimarios.
La edad media de las personas evaluadas es de 63 años, y la edad media de inicio de los abusos es a los nueve años, aunque hay víctimas que los sufrieron desde los 6 años y otras desde los 12. Asimismo, la mayoría de los abusos ocurrieron en la década de los 60 (ocho casos), seguida por la de los 70 (cinco casos), dos en la década de los 80 y una en la de los 50.
El entorno de los mismos se produjo en el contexto educativo y colegios (12), en parroquias (tres) y una en un domicilio familiar. Asimismo, nueve victimarios ejercían como profesores en los distintos colegios, tres eran párrocos, dos desarrollaban labores de enfermería en centros educativos y dos eran cuidadores en colegios. 13 víctimas pertenecían al alumnado y tres a la feligresía de diferentes parroquias de Navarra.
Para la categorización de los abusos se han establecido tres niveles: leve, moderado y grave. La mayoría se encuadran en la categoría moderada, que comprende tocamientos con carácter sexualizante. Por su parte, cuatro son de carácter leve (tocamientos por encima de la ropa, comentarios y proposiciones sexuales), y otros cuatro entran en la categoría de abusos graves.
La memoria recoge que 12 de las personas reconocidas como víctimas, un 75%, indican que nunca comunicaron los hechos sufridos, dos avisaron al colegio y otros dos a familiares cercanos. Por su parte, diez de las víctimas refieren que sí hubo testigos en el momento de los abusos, en su mayoría compañeros de clase, frente a otras seis que señalan que los hechos se produjeron en la intimidad.
En lo relativo a la reparación del daño, 11 de las víctimas solicitan de los centros, congregaciones, órdenes o diócesis implicadas el reconocimiento público y personal de los hechos sucedidos, así como su responsabilidad. Además, tres víctimas demandan una petición pública de perdón, ya sea por acción y omisión. Otras tres manifiestan su petición de que se haga público el nombre de los victimarios, y dos piden una indemnización económica.
62 solicitudes recibidas
Entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Gobierno de Navarra ha recibido un total de 62 solicitudes. De ellas, 58 corresponden a víctimas y cuatro a testimonios de testigos.
De las 58 solicitudes de víctimas, 26 expedientes han sido iniciados para su valoración. Entre estos, 16 ya están finalizados (15 se han reconocido ya y una persona declinó el reconocimiento); nueve más están en proceso, pendientes de que la comisión concluya la valoración, y una persona más abandonó voluntariamente el proceso.
Los otros 32 expedientes están pendientes de iniciar los trámites y a la espera del primer contacto para la entrevista. De estos documentos, 3 no se han admitido porque los abusos ocurrieron fuera de Navarra y otro caso tiene una causa penal abierta, ambos criterios excluyen la posibilidad de valoración por parte de la comisión.
Por su parte, Córdoba ha afirmado que no han apreciado “que existan dificultades para el desarrollo del trabajo” y que “la colaboración mantenida con el Arzobispado y con las órdenes ha sido satisfactoria”. “Ha habido una relación que valoramos muy positivamente y que, de hecho, es fundamental”, ha dicho.
Además, ha valorado que “en fechas recientes se han incorporado a la comisión las dos personas designadas por la Iglesia”. “Estamos realmente encantados con su incorporación y creemos que esto va a ayudar de manera muy importante a seguir un camino que hasta la fecha hemos recorrido con la sensación de estabilidad y normalidad”, ha subrayado. Por su parte, Aldave ha destacado la importancia de “comprender ese contexto histórico en el que transcurrieron estos hechos”.