Navarra trabaja en una fórmula jurídica para limitar la movilidad sin estado de alarma en caso de que la pandemia se dispare

El Gobierno de Navarra de María Chivite se prepara ya para un posible escenario de más restricciones, que esta vez sí afectarían a la movilidad y que se aplicarían en caso de que las medidas anunciadas este domingo por la presidenta no tuvieran su reflejo en un descenso de las cifras de contagios de coronavirus, que continúan en máximos. Fuentes del Ejecutivo foral confirman a elDiario.es que el equipo jurídico del Gobierno de Navarra está trabajando en posibles fórmulas que permitan hacer confinamientos perimetrales sin la necesidad de recurrir al estado de alarma y sin que exista el peligro de que los jueces los anulen.

Desde el Gobierno descartan de plano un estado de alarma en la Comunidad foral ya que entienden que no es necesario y dudan de su utilidad “en estos momentos”. Argumentan, además, que la aplicación de esta herramienta en Madrid se debe más a razones de desacuerdo político que propiamente sanitarias. En Navarra -indican desde el gabinete de Chivite- la coordinación con el Ministerio de Sanidad es plena. “Por ahora no sé qué cubriría el estado de alarma que no hayamos hecho hasta ahora. Los jueces han ratificado cada una de las medidas que hemos tomado”, señalaba este lunes la presidenta Chivite en una entrevista en la Cadena SER.

Sí que se está trabajando en cuáles serían las siguientes medidas restrictivas a tomar en caso de que las anunciadas el domingo no fuesen suficientes. Y entre ellas entrarían las restricciones a la movilidad, bien en algunos municipios, o incluso pudiendo llegar a un confinamiento perimetral de toda Navarra, algo que se contempla como posible escenario futuro en el caso de que la positividad no descienda y la presión hospitalaria crezca. El “armazón jurídico” ya estaría diseñado. Y, de alguna manera, también está probado con algunas limitaciones ya aplicadas en zonas como Peralta.

Con todo, desde el Ejecutivo de María Chivite confían en que no sea necesario llegar a tal escenario. Según los datos que maneja el Departamento de Salud, la gran mayoría de los contagios se producen en el ámbito de las relaciones sociales y familiares, lo que ha llevado al Gobierno a tomar medidas que limitan sobre todo el ocio. Los aforos se han reducido al mínimo (30% en interior, 50% en terrazas), se ha prohibido el consumo en barra y se ha adelantado el cierre de la hostelería a las 22:00 horas. Se espera que con ello se reduzca también al mínimo la interacción social y por ende, los contagios. Además, se sigue manteniendo que el 70% de los casos están convenientemente rastreados. La situación “está bien medida”, alegan desde el Gobierno.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y exmagistrado en Navarra Javier Tajadura, por el contrario, asegura que Navarra no debería temer un estado de alarma. Es un marco con “garantía democrática” porque tiene control parlamentario, indica. Además, remarca que “Navarra podría pedir una delegación de la gestión del estado de alarma”. Está previsto que el mando único lo puedan asumir los presidentes autonómicos en caso de que afecte exclusivamente una zona. No obstante, indica que “existen dudas de que la motivación afecte realmente solo a su territorio habiendo otro activo en Madrid y circunstancias similares en otros lugares”. Ahora bien, en la fase final del anterior estado de alarma, el Estado ya 'repartió' el mando único hasta el punto de que comunidades como Cantabria y Euskadi acordaron de manera autónoma poner el fin al régimen excepcional antes de tiempo y abrir el tránsito entre ellas para facilitar el turismo.

La aplicación de medidas de confinamiento al margen del estado de alarma ha motivado resoluciones judiciales en todas las direcciones. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, considera suficiente la ley orgánica de 1986 que alude a que los poderes públicos podrán aprobar las medidas “oportunas” para controlar enfermedades infecciones. El de Castilla y León, en cambio, validó los confinamientos aunque la Junta no apelara a esa normativa específicamente. En Madrid, en cambio, la omisión fue determinante para la suspensión. En Euskadi, una ley autonómica de 2017 habilita al lehendakari a ordenar “confinamientos” siempre que esté declarada la emergencia sanitaria, un mecanismo activado el 15 de agosto cuando la segunda ola llegó a tierras vascas.