El nuevo Gobierno municipal de Pamplona, liderado por EH Bildu, ha presentado este viernes uno de sus grandes proyectos de legislatura, un plan de vivienda con el que se prevé habilitar en los próximos ocho años unas 1.600 viviendas para el alquiler social. El plan, que también incluye la construcción de 4.000 nuevas viviendas protegidas, recoge también un estudio para declarar a Pamplona zona residencial tensionada y así poder topar el precio de los alquileres, como recoge la Ley de Vivienda.
El Ejecutivo de EH Bildu, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos e IU), y que cuenta con el respaldo del PSN, que también ha participado en la elaboración del plan de vivienda, está ya en contacto con el Gobierno de Navarra, que es el competente según la Ley de Vivienda para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado. De hecho, la consejería de Vivienda (en manos de Contigo/Zurekin) trabaja ya en la elaboración de una base de datos para conocer el precio real de los alquileres. “Probablemente no hablamos solo de declarar zona residencial tensionada a Pamplona, sino a la comarca”, ha apuntado el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, quien ha recalcado que la capital navarra se encuentra en “máximos históricos” de precios del alquiler, que “siguen subiendo”.
Según datos recogidos por el Ayuntamiento de Pamplona, las familias destinan un 45% de su renta a sufragar los gastos de vivienda y la edad de emancipación ha aumentado hasta los 29,7 años.
Abaurrea ha destacado que Pamplona cuenta a partir de ahora con uno de los requisitos que recoge la Ley de Vivienda para la declaración de zona tensionada, que es contar con un plan de vivienda con medidas que complemente el tope de los precios. El nuevo Gobierno municipal de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin impulsará a este respecto la creación en los próximos ocho años de unas 1.600 viviendas protegidas para el alquiler. La cifra ascenderá a 4.000 en años sucesivos, de la mano del nuevo desarrollo de Donapea, donde se prevé construir 5.000 viviendas, de las que la mitad serán vivienda protegida.
De las viviendas asequibles previstas para los próximos ocho años, “una buena parte” irán destinadas al alquiler social (cerca de 600), otras serán de VPO fruto de la subasta de terrenos municipales (un mínimo de 410) y otras, que en la actualidad son viviendas vacías, saldrán al mercado en régimen de alquiler dentro de la Bolsa Foral de Alquiler. Además, se creará la figura de los alojamientos de emancipación juvenil y “se impulsarán cooperativas de vivienda y proyectos colaborativos para mayores”.
El plan plantea el uso de suelo dotacional para crear 402 viviendas de alquiler social, 82 alojamientos dedicados a la emancipación de los jóvenes y alojamientos colaborativos, además de 12 apartamentos tutelados para mayores. Este reparto de viviendas se hará en distintos barrios, aprovechando parcelas todavía sin desarrollar, como en Buztintxuri, Miagrosa-Arrosadia, Azpilagaña, Txantrea, Etxabakoitz Norte, Rochapea, San Jorge. Las promociones de vivienda social estarán dirigidas a jóvenes y familias vulnerables, en una proporción de 65-35%, según ha informado el Consistorio.
También se planteará el uso de bajos comerciales como viviendas “atendiendo a las necesidades de cada zona”, pudiendo mezclarse con fines dotacionales y comerciales. Además del uso de suelo dotacional, el Plan prevé también destinar a vivienda protegida el patrimonio municipal de suelo, bien para alquiler, alquiler con opción de compra o compra-venta. No obstante, “en todos los casos”, la vivienda protegida mantendrá esa condición con carácter “indefinido e inalterable”.
Además de la construcción de nuevas viviendas, el Ayuntamiento dará ayudas para la rehabilitación de viviendas e impulsará campañas para incentivar a propietarios con viviendas vacías a que las incluyan en la bolsa de alquiler.
Por último, prevé poner en marcha una nueva estrategia de emergencia habitacional y exclusión residencial, promoviendo la rehabilitación de viviendas municipales vacías para su uso como viviendas de emergencia habitacional, “reforzando este servicio con un trabajo combinado con el área de Acción Social y con el Gobierno de Navarra”.
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