Pamplona se hará cargo de las pérdidas de la empresa de bicicletas eléctricas para que siga prestando el servicio

El Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Ride On, que presta el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de la ciudad, han cerrado un acuerdo para garantizar la continuidad del servicio, su “estabilización financiera” y el “desbloqueo de una posible comarcalización”. La empresa había anunciado hace dos semanas el cese de su actividad por las pérdidas que imposibilitaban su continuidad. Según este acuerdo, el Consistorio se compromete a compensar a la empresa las pérdidas anuales que pueda generar la prestación del servicio y además comprará el stock y los derechos de instalación y comercialización de 40 bases y 400 bicicletas.

Esta operación será posible gracias a la liquidación pactada de la concesión original del servicio con una orden posterior de continuidad por “razones de interés público” a favor de Ride On y a un acuerdo de compra del stock cifrado inicialmente en 800.000 euros que serán abonados en cuatro años: el 50% este mismo 2025, el 20% en 2026 y 2027, y el 10% restante en 2028. Igualmente, el Consistorio adelantará una partida de 200.000 euros para que la empresa haga frente a sus pagos inmediatos, especialmente las nóminas de la plantilla.

Así lo han informado este miércoles en rueda de prensa los concejales responsables de las áreas de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, y de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, han sido los encargados de presentar este miércoles los términos de este acuerdo.

Para Izagirre, se trata de un “buenísimo acuerdo” porque la compra del stock permite “ampliar el servicio a los municipios de la comarca que así lo quieran” y, además, el Ayuntamiento “podrá recuperar parte de la inversión” proporcionando este servicio a otras localidades. De la misma manera, ha asegurado que es “la única forma viable” de garantizar el servicio y que la ciudadanía pueda contar con él “durante el tiempo que se les prometió, es decir, 2029”.

Joxe Abaurrea, por su parte, ha afirmado que se ha llegado a esta situación debido a la “pésima gestión de UPN y de Ibarrola, que estuvo en la parte central de la toma de decisiones y la ocultación de datos”. Así, ha indicado que en abril de 2023 la empresa entró en concurso de acreedores “pero UPN lo tapó”; en junio la empresa advirtió de que tenía “pérdidas cuantiosas y solicita un equilibrio económico”; y en julio, un informe del Consistorio señalaba que el servicio “en su actual estructura e ingresos, no es viable”. Una situación ante al cual, ha reprochado, el gobierno municipal de UPN hizo una “huída hacia adelante”, con “parcheo e improvisación” y “manteniendo una ficción” en la que parecía que el servicio “funcionaba”.

El Ayuntamiento y la empresa han acordado la liquidación de la concesión original, que al ser a riesgo y ventura implicaba que la empresa debía asumir el 100% de las posibles pérdidas, “circunstancia que la ha llevado a la quiebra y a un concurso de acreedores”. En segundo lugar, han pactado una orden de continuidad del servicio por razones “de interés público” con compensación de las pérdidas que éste pudiera generar. Esta fórmula implica que la empresa, hasta el final de la concesión (2029) o hasta que se lance una nueva licitación, estará obligada a seguir prestando el servicio “con todas las garantías de calidad” a cambio de que la Administración, en su caso, compense las posibles pérdidas.

Desde el equipo de gobierno han explicado que esta parte del acuerdo, “equiparable a la figura de la tácita reconducción”, se fundamenta en el resultado de una auditoría independiente encargada por el Ayuntamiento a la empresa PKF Attest. Ese dictamen, realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2024, concluía que la prestación del servicio “era deficitaria en las condiciones pactadas en su día” y que, por tanto, su continuidad “quedaba en entredicho”. Las causas argumentadas por la empresa son: que las tarifas impuestas por la anterior Administración “no cubrían el mínimo de viabilidad comercial (se acordaron en diciembre de 2021 y se modificaron en mayo de 2023)”; que el modelo de negocio que debía compensar esa viabilidad (publicidad exterior en MUPI) “se vio seriamente comprometido” con una segunda licitación que fue a parar a manos de la competencia directa de Ride On (enero de 2023) y la aprobación de una ampliación del servicio “sin una redefinición correlativa de la plantilla (diciembre de 2023)”.

El acuerdo alcanzado ahora estipula que el Ayuntamiento, mientras el servicio siga funcionando, compensará posibles pérdidas, pero siempre que se cumplan dos condiciones: que el servicio se desarrolle “en los parámetros de calidad que se acordaron” y que las cuentas que presente la empresa trimestralmente sean auditadas por el área de Economía y Hacienda.

Compra de stock y ofecimiento a otros ayuntamientos de la comarca

La segunda parte del acuerdo se refiere a la posibilidad de “comarcalización” del servicio. En la concesión original, aprobada por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2021, se circunscribía el servicio de bicicletas eléctricas en exclusiva al término municipal de Pamplona “negando expresamente la posibilidad de una extensión a otros municipios”.

El compromiso alcanzado ahora implica que el Ayuntamiento asume la propiedad de todo el stock de la empresa para disponer de él, también desde la perspectiva comercial, en caso de que sea necesario. Así, si otro consistorio quiere instalar el servicio en su término municipal podría hacerlo “directamente con el Ayuntamiento de Pamplona a través de un convenio”. “Asumiendo los costes de instalación y funcionamiento, sería posible suministrarles tanto las bases, como las bicicletas y el soporte técnico e informático”, explican desde el Ayuntamiento.

El presupuesto de esta operación se ha fijado inicialmente en 800.000 euros. Esta cantidad se divide en dos conceptos: por una parte 100.000 euros por el valor residual de los elementos ya en funcionamiento y, por otra parte, 700.000 euros para la adquisición del stock de Ride On. Este stock incluye 40 bases y 400 bicicletas. El acuerdo implica asimismo que, a su entrega, todos estos elementos, así como los recambios que también se incluyen en el stock, tendrán que estar en condiciones de funcionamiento. Correrá a cargo de la empresa el ensamblaje de las bicicletas mientras la puesta al día de las mismas la asumirá el Ayuntamiento.

Previo al abono de la cantidad pactada, ambas partes han acordado también una inspección técnica para comprobar el estado real del stockaje. Si esa inspección es satisfactoria, el acuerdo incluye una fórmula de pago concreta: 400.000 euros este año (el 50%), 160.000 en 2026 (20%), 160.000 en 2027 (20%) y 80.000 (10%) en 2028.

En cuanto al arreglo y mantenimiento de las bicicletas y de los elementos técnicos que conforman el servicio, éste deberá estar incluido en los costes de funcionamiento anuales. Al igual que el resto, se abonarán en caso de que la empresa justifique debidamente las pérdidas y siempre previo contraste y comprobación por parte de los servicios técnicos municipales.

El acuerdo alcanzado contiene, asimismo, el compromiso del Ayuntamiento de adelantar una partida de 200.000 euros para que la empresa pueda hacer frente a los pagos inmediatos. El mayor porcentaje de estos pagos son con la plantilla del servicio a quienes Ride On adeuda dos meses de nóminas. Esa cantidad que ahora se adelanta, se detraerá a finales de año de las compensaciones que, en su caso, tenga que pagar el Ayuntamiento.