La pandemia va a cambiar el diseño de las residencias en Navarra, los espacios más golpeado por la COVID-19 en los que han fallecido más de 300 personas, un tercio del total de muertes en la comunidad foral con coronavirus. El Gobierno de Navarra ha aprobado ya un decreto foral que regulará las nuevas condiciones para poder abrir una nueva residencia o modificar o ampliar una ya existente para convertirlas en espacios más seguros en caso de pandemia y con el que se cambiará el modelo de atención, que ahora será “centrado en la persona fortaleciendo su autonomía y la toma de decisiones de los y las residentes.
La norma, que entrará en vigor a los tres meses de su próxima publicación en el BON, estimada para el 17 de diciembre, plantea varios requisitos para autorizar la puesta en marcha de nuevos centros y servicios sociales para mayores, personas con discapacidad, con enfermedades mentales, centros de inclusión social y centros de día. Los requisitos no se limitan únicamente a los espacios físicos, sino que, tal y como ha explicado la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, se centrarán sobre todo para impulsar “modelos de atención más participativos y adaptados a las necesidades de las personas que atendidas”.
Así, entre las nuevas medidas necesarias para abrir un nuevo centro destaca que las residencias deberán tener un máximo de 130 plazas en el caso de las de ancianos y 70 en los centros de discapacidad. Además, el 80% de las habitaciones deberán ser individuales y de un mínimo de 14 metros cuadrados y las dobles de 20 metros cuadrados. Al menos el 65% de su superficie se articulará en torno a unidades de convivencia de un máximo de 16 personas y los futuros centros deberán acoger espacios comunes como cocina o zonas de estar o internet. Otro requerimiento contemplado en el nuevo decreto foral exige que, cuando el centro acoja una unidad de psicogeriatría, está se ubicará en un espacio físico diferenciado.
Las nuevas exigencias no obligan a realizar reformas arquitectónicas a los 525 servicios que en este momento atienden a unas 13.000 personas en Navarra en las distintas modalidades de servicios asistenciales. No obstante, en cuanto a los espacios, los centros ya existentes deberán adaptarse a la normativa en las futuras obras de modificación que amplíen más de 15 plazas.
Cambio en el modelo de atención
El nuevo Decreto establece una serie de principios básicos para todos los servicios, como la “normalización”, que pretende proporcionar un estilo de vida lo más cercanos a su entorno familiar y social, una atención integral que dé cobertura a las todas necesidades de las personas de forma interdisciplinar, personalizar la atención con profesionales asignados de manera estable a su cuidado, la promoción de las relaciones con familiares y personas de referencia; la formación y motivación del personal, la accesibilidad universal del servicio, comprensible a todas las personas, el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la promoción del voluntariado, tanto a nivel interno como con iniciativas externas que participen en los centros y servicios.
La norma aprobada ahora, a diferencia de la anterior, describe los diferentes tipos de servicios por la modalidad de atención y no por el perfil de las personas usuarias a las que va dirigido y establece las condiciones físicas, las prestaciones básicas con que deben contar cada uno de ellos así como las ratios de personal.
Diferencia los servicios de atención residencial en: residencias, mini residencia-hogar, viviendas vinculadas con residencias, piso tutelado, supervisado, vivienda con apoyo, apartamentos tutelados, viviendas de acogida y servicios para personas sin hogar, definiendo en cada uno de ellos el nivel de intensidad de los apoyos que prestan en alto, moderado y bajo.
También recoge los servicios de atención diurna en estancias diurnas, centros de día (para personas dependientes, centros de día rurales, centros de rehabilitación psicosocial y centros de inclusión social) y centros ocupacionales, definiendo para cada uno de ellos igualmente las condiciones físicas, prestaciones básicas y ratios de personal.
Por último, el decreto establece la posibilidad de centros multiservicios para dar cobertura a personas de diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito rural, y regula la implantación de experiencias piloto que tras su evaluación puedan incorporarse al catálogo de servicios sociales, tales como las viviendas colaborativas o “cohousing”.
Más de 13.000 personas en Navarra usan alguno de los 525 servicios regulados por el nuevo decreto foral. De ellas, casi 9.000 permanecen en alguno de los 321 establecimientos para mayores (de los que 219 son residenciales). El resto, reciben atención específica en 90 centros de inclusión social (más de 1.000 personas), 71 para personas con discapacidad (acogen a 2.300 residentes) y 43 para pacientes con enfermedades mentales (atienden a unas 1.200 personas). 5.000 profesionales de distintas ramas trabajan en centros de día y residencias.