Reunir en un debate titulado ¿Debe haber límites en la comunicación? Hacia un manual de buenas prácticas que defienda todos los intereses a periodistas, abogados, el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Fiscalía y la Guardia Civil es una actividad de riesgo en la Pamplona de 2018. Y más si entre el auditorio hay más periodistas, más abogados, más policías y más jueces.
Esto es lo que ha hecho la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Navarra, que cumple su XXX aniversario en la Comunidad foral. Más allá de las posiciones encontradas entre unos y otros profesionales, ha quedado claro que no están de acuerdo, y ya que había que echar la culpa a alguien de la falta de sintonía de los ciudadanos con la Justicia en general, han acordado echársela a los legisladores, que no hacen leyes apropiadas. Precisamente eran estos, los políticos, los únicos que no estaban representados en la mesa de debate.
Todos, a excepción del delegado del Gobierno, José Luis Arasti, que ha mantenido un tono prudente en la presentación de la jornada celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra. Ha reconocido que “vivimos tiempos convulsos tanto para la Justicia como institución como para los medios”, con sentencias “públicamente cuestionadas”, como la reciente sobre quién debe pagar los gastos hipotecarios, la manada, etc. “Se duda de la independencia del Poder Judicial”, apunta Arasti, que plantea “si todo vale, si debe haber límites”.
“Las decisiones de los jueces son observadas con lupa y criticadas públicamente en una sociedad más libre cada vez, por suerte”, se felicita el delegado del Gobierno. “Y más ahora con las redes sociales”. Ha alertado, eso sí, de los peligros de la “revictimización o victimización secundaria”, especialmente en el caso de las víctimas de violencia de género o agresiones sexuales.
En la misma línea de moderación, Santiago Martín Gómez, coronel jefe de la zona de Navarra, ha apuntado a un hecho no por evidente reconocido por todos: “A veces se producen conflictos en la relación de simbiosis que se da entre los profesionales de los medios con todos los operadores que trabajamos en el sistema judicial”.
Ha sido el teniente coronel Antonio Barbero quien ha lanzado algunas preguntas para animar el debate: sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, la verdad y el interés general, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, la diferencia entre un personaje público y uno privado, las filtraciones, la confidencialidad de las fuentes… temas todos de candente actualidad, hoy y siempre en el periodismo judicial.
El decano del Colegio de Periodistas de Navarra, Miguel Ángel Barón, ha recogido el guante, y ha opinado que “el único límite que tiene el periodista es el artículo 20 de la Constitución”. Ha argumentado su posición depositando la confianza “en las personas por encima de las normas y reglamentos”, y ha recordado que los “intereses diferentes” de unos y otros actores “no esconden el general común, el bien de la sociedad”. “Hay que dejar a los profesionales que realicen su labor con responsabilidad”, ha dicho, y también ha considerado que los gabinetes de comunicación y de prensa “no deben hacer ni propaganda ni ser un muro de contención. Deben estar al servicio del periodista, al servicio de la sociedad. Siempre con lealtad a la institución”. Para terminar, ha recordado que las filtraciones “son siempre interesadas, y el problema es del que las emite, el filtrador, no del que las recibe, el periodista”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Patxi Pérez, ha abundado en la labor de los gabinetes de comunicación como gestores de la información entre instituciones y los medios-sociedad, y ha recordado el caso del periodista de la CNN Jim Acosta al que la Casa Blanca trató de quitar su acreditación de prensa y que le fue devuelta por una decisión judicial.
Fernando Azagra, vicedecano del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, ha reconocido que “la imagen de la Justicia está seriamente dañada hoy en día”, y ha citado la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial como ejemplo de las “tensiones inaceptables entre el poder judicial y el político”. Presión que se traslada a la opinión pública con la connivencia irresponsable de “medios, partidos políticos, asociaciones, ministros…”.
Ha subrayado que el derecho de defensa y la presunción de inocencia “no son bagatelas” en nuestro ordenamiento jurídico, como tampoco el derecho a la intimidad de las víctimas. “Los procesos son un espectáculo de masas. Como los casos de la niña Asunta, la manada, Urdangarín... causas gigantescas en las que los abogados intervienen en programas televisivos, y a través de esta actividad sufragan el coste de las defensas”, denuncia. Un “espectáculo retroalimentado que provoca una sobreexposición de las víctimas”.
Tras mostrarse dispuesto a avanzar en un “manual de buenas prácticas”, ha pedido “un gran pacto político para la reforma global de la Justicia”. Asimismo, ha criticado que los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia “no han conseguido mejorar la imagen del Poder Judicial, quizá por falta de medios oportunos”, y ha citado la no divulgación del vídeo de la manada como ejemplo de buenas prácticas de todos los profesionales presentes en la mesa. “Sin una opinión pública libre no se sostiene la democracia”, ha recordado, “y matar al mensajero no es la mejor opción”.
Gonzalo Ruiz Eraso, encargado de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha defendido que en la comunicación judicial “en la fase de instrucción tiene que haber límites, los marca la legislación vigente y los jueces”. En concreto el juez de instrucción, último responsable de la información divulgada por el gabinete. Ruiz Eraso ha reivindicado su trabajo como “parte no interesada” en el proceso judicial que ofrece “información objetiva, responsable y en el menor tiempo posible”. Ha reconocido, no obstante, que “algunos jueces no colaboran todo lo que deberían con el servicio de prensa”, y se ha referido a sentencias polémicas “malinterpretadas” recientes, como la última sobre maltrato habitual dictada por, los mismos jueces que dictaron el fallo sobre ‘la manada’.
El fiscal jefe de Navarra, Jaime Goyena, ha asegurado que “la queja de los periodistas es siempre la misma: el sector más opaco de la sociedad es la administración de Justicia. Bloque granítico, dicen. Es así porque lo ordena la ley. No nos resistimos a hablar con la prensa por prurito profesional, sino por la obligación de reserva”.
Y debe ser así “porque la publicidad distorsiona mucho el procedimiento de investigación. En delitos de agresión sexual o de drogas, si el sospechoso sabe que está siendo investigado va a destruir pruebas, va a intentar eludir la acción de la justicia marchándose a otro país… También los testigos modifican sustancialmente su comportamiento si el juicio tiene repercusión en los medios”, ha recalcado. “En fase de investigación, la publicidad tiene efectos negativos y constatables, por lo que no se puede divulgar nada”. Con un talante conciliador, ha pedido a los periodistas “que nos ayuden un poco en nuestro trabajo”.
Para terminar, Fernando Bouzas, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra, ha reivindicado “el interés legítimo de todo organismo público por comunicar”, y ha citado “la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad de las víctimas, y la protección de la investigación” como límites a ese derecho. Asimismo, ha reflexionado sobre la “presión brutal” de los medios de comunicación en los casos que más interés despiertan, que en ocasiones “puede distorsionar la realidad”.
Tras las exposiciones, el público ha participado en un animado debate en el que, entre otras intervenciones, la psicóloga de víctimas del delito Juana Azcárate ha expresado su preocupación por que “el tratamiento de las noticias sobre agresiones sexuales está llevando a retirar denuncias por parte de las víctimas para no ser identificadas”.