El Gobierno de Navarra quiere iniciar el nuevo curso político con un importante avance en materia de autogobierno, y por ello el Ejecutivo liderado por la socialista María Chivite ya ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez la celebración en octubre la Comisión Mixta de Transferencias en la que se traspasarán a la Comunidad foral las competencias que hasta ahora asumía la Guardia Civil en materia de Tráfico y la atención sanitaria en los centros penitenciarios ya acordadas en diciembre. Además, y como también ocurrirá con Euskadi, el Gobierno central cederá a Navarra la gestión y los fondos de las prestaciones del nuevo ingreso mínimo vital correspondiente a esta comunidad autónoma.
Según ha explicado en una entrevista a elDiario.es la presidenta de Navarra María Chivite, cuyo contenido completo será publicado el próximo domingo, el 28 de julio la jefa del Ejecutivo foral mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en la que se fijó el mes de octubre para la celebración de esta Comisión Mixta de Transferencias. Una comisión que llegará con algo de retraso (en un principio se había marcado el mes de junio como fecha límite para su celebración) por el parón institucional provocado por la pandemia del coronavirus.
Navarra asumirá las competencias de Tráfico por completo en un plazo de cinco años
La principal cuestión a tratar en dicha Comisión Mixta, y que tanto revuelo ha generado en ciertos sectores de la derecha, será el traspaso a Navarra de forma completa de las competencias de Tráfico, como ya tienen Euskadi y Cataluña. Ello supondrá que la Policía Foral gestionará de forma completa el tráfico en Navarra, algo que viene haciendo hasta la fecha de manera conjunta con la Guardia Civil.
La transferencia de Tráfico a Navarra no implicará que la Guardia Civil abandone Navarra, ya que el instituto armado tiene en la comunidad foral alrededor de 1.800 agentes, de los cuales solo 300 se encargan de labores de Tráfico en coordinación con otros 200 efectivos de la Policía Foral. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre las que también se encuentra la Policía Nacional, tienen competencias exclusivas recogidas en la Constitución y que nunca podrán realizar cuerpos autonómicos. Labores como la de vigilancia del aeropuerto de Noain y las aduanas, así como explosivos, traslado de presos, investigaciones de crimen organizado o terrorismo o la expedición del DNI o pasaporte. En general, son suyos todos los temas de carácter internacional o suprautonómico.
Además, fuentes del Gobierno de Navarra explican que la firma del acuerdo no significa que Navarra vaya a asumir las competencias de Tráfico de manera inmediata, algo que no podría hacer la Policía Foral en estos momentos por la falta de efectivos. La presidenta María Chivite habla de un plazo de cinco años para la asunción al completo del Tráfico. Para ello se habilitará una pasarela para que agentes de Tráfico de la Guardia Civil ya asentados en Navarra puedan seguir ejerciendo sus funciones dentro del cuerpo de la Policía Foral y se publicarán ofertas públicas de empleo para el cuerpo policial autonómico.
Además, esta transferencia tendrá que resolver las diferencias en el modelo de escala salarial de ambos cuerpos y algunas situaciones particulares como el derecho a una vivienda del que gozan una parte del cuerpo del instituto armado.
El traspaso de estas competencias ha provocado que la derecha haya lanzado ataques al Gobierno de Navarra formado por el PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Podemos, apoyado de manera externa por Izquierda-Ezkerra alegando que suponía la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Ataques especialmente duros por parte de UPN, partido que siempre ha defendido la transferencia de Tráfico a Navarra, y que de hecho en 2018 unió sus votos a los de EH Bildu y Geroa Bai para aprobar la ley navarra de Policía al incluir una enmienda en la que se incluía la pasarela para que guardias civiles pudiesen pasar a ser policías forales. Una pasarela que fue defendida en el Parlamento foral por el hoy diputado de Navarra Suma en el Congreso Sergio Sayas de la siguiente manera: Sobre todo, hemos conseguido una cosa fundamental para Unión del Pueblo Navarro, que era la pasarela para la Guardia Civil. Esto es algo que para nosotros era importantísimo y hoy está en esta ley. ¿Por qué era importante? Porque nosotros sí creemos en los trabajadores públicos, y creemos que cuando mucha gente durante muchos años se ha dedicado a prestar un servicio impagable a esta Comunidad no puede ser que se le dé la espalda cuando Navarra asuma una competencia. Y por supuesto que hay que hacerlo en el marco que toca, que es en el Convenio, en la bilateralidad, en la negociación de tú a tú que esta Comunidad tiene con el Gobierno de España, pero esta ley también tenía que recogerlo“.
Sanidad penitenciaria
En la Comisión Mixta también se formalizará el traspaso de la atención sanitaria en los centros penitenciarios, que fue acordada en diciembre junto con la de Tráfico. Navarra, al igual que el resto de comunidades autónomas, tiene la competencia exclusiva de Sanidad, a la que le quedaba este fleco de la sanidad penitenciaria que se resolverá en octubre.
Este acuerdo no guarda relación con el compromiso adquirido del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir a Euskadi la gestión de las cárceles y sus funcionarios en los próximos meses. Transferencia que también se ha visto retrasada a causa de la crisis del coronavirus.
Navarra gestionará el ingreso mínimo vital
Por último, en la comisión que Navarra y el Estado celebrarán en octubre también se acordará la transferencia del ingreso mínimo vital (la nueva medida diseñada en el estado de alarma por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la COVID-19 en las familias sin recursos) tanto para Navarra como para Euskadi por el régimen fiscal singular que tienen ambas comunidades derivado del convenio y concierto económico.
El nuevo acuerdo se traducirá en que la comunidad autónoma gestionará la tramitación del nuevo derecho y recibirá los fondos que abone el Estado. De esta manera el sistema se convierte en complementario del sistema propio de Renta Garantizada que ya funciona en Navarra desde 2016 y que en la mayoría de los supuestos supone cantidades más altas que las establecidas en las tablas del ingreso mínimo vital.
La transferencia a las comunidades forales del ingreso mínimo vital fue uno de los acuerdos anunciados por el PNV en mayo en una de las negociaciones con el Gobierno central de las prórrogas del estado de alarma. Sin embargo fuentes del Ejecutivo navarro explican que el grueso del trabajo en esta materia ya estaba completado entre Navarra y el Estado para que la transferencia de produjera de igual manera, a pesar del acuerdo con el PNV.