La dimisión forzada del jefe de la Policía Nacional en Navarra, Daniel Rodríguez, por los insultos a partidos y políticos democráticos y las loas a golpistas y partidos de ultraderecha vertidos desde su cuenta de Twitter destapados por eldiario.es ha sido aplaudida por la clase política navarra a excepción de la presidenta del PPN, Ana Beltrán, que no ha querido “entrar en lo que dijo o dejó de decir en redes sociales” porque las considera propias de su “ámbito personal”. Antes al contrario, ha destacado los “buenos logros” del máximo responsable de la Policía Nacional en Navarra durante los últimos seis años.
El resto de actores que han querido pronunciarse al respecto -tanto el Gobierno, como el partido mayoritario, UPN, el PNV y Podemos- han celebrado la renuncia forzosa de Rodríguez. El delegado del Gobierno, José Luis Arasti, ha asegurado que si no hubiera dimitido hubiese sido cesado de forma fulminante porque “no podía permanecer en el cargo ni un minuto más”.
Incluso el Sindicato Unificado de Policía -mayoritario en el cuerpo- ha desmarcado a los miembros de la Policía Nacional destinados en Navarra de las “opiniones personales” de su jefe, ha subrayado que no las “comparte” y ha considerado que “no debería haberlas hecho”, pues “no son buenas para la imagen corporativa, teniendo en cuenta que somos una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos”. El sindicato ha calificado la dimisión del jefe de Policía como “un ejercicio de responsabilidad”.
Frente a esa extraña unanimidad -con matices- tan poco propia de la política en la Comunidad foral, Ana Beltrán ha insistido en “el trabajo que hacen cada día todos los miembros de la Policía Nacional en nuestra comunidad, en situación hostil, nada fácil”. “Creo que es el día de poner en valor a nuestra Policía Nacional por su trabajo”, ha subrayado en un discurso que recuerda a tiempos superados.
La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha tildado a primera hora de la mañana de “grave” el contenido de los tuits publicados, por lo que ha asegurado que el Ejecutivo pedirá “explicaciones”.
El presidente de UPN, Javier Esparza, ha rechazado los insultos, y ha afirmado que “tiene que haber respeto a las ideas de todo el mundo”. Esparza ha señalado, no obstante, que se trata de “un hecho particular de una persona concreta”. “No se puede generalizar y no me gustaría que hubiera formaciones políticas que intentaran generalizar esto al conjunto de la Policía Nacional”, ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación.
El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha calificado de “inadmisibles” los insultos y ha exigido medidas para que este tipo de situaciones “no se repitan a futuro”.
“En un Estado que se autodefine como democrático y de derecho nunca puede repetirse que el máximo cargo de la Policía Nacional de una comunidad haga manifestaciones de ensalzamiento a golpistas, a la ultraderecha y denigre e insulte a cargos públicos de formaciones democráticas”, ha sostenido Hualde.
El secretario general de Podemos Navarra y diputado en el Congreso, Eduardo Santos, ha afirmado que “la confianza de la ciudadanía en personajes como el jefe superior de Policía de Navarra, Daniel Rodríguez, que no tienen ningún respeto a la pluralidad ideológica y social de la comunidad a la que dicen servir, es nula”.
En opinión de Santos, “lo ocurrido con el jefe de Policía pone de manifiesto el grave problema que existe en la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con la asunción de los valores constitucionales, el respeto a los derechos fundamentales y la neutralidad ideológica en el ejercicio de sus funciones a la que están obligados por ley”.
Falta de respeto al Estado de Derecho
Santos ha recordado la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Congreso sobre la “policía patriótica” del PP, en la que a su juicio se pusieron de manifiesto actuaciones “como la elaboración de informes falsos para atacar a responsables políticos, entre ellos Pablo Iglesias”. Y ha remarcado que Unidos Podemos “pidió en esa comisión la comparecencia del tristemente famoso comisario Villarejo, cuestión a la que tanto PP como PSOE y Ciudadanos se negaron”.
“Pero no es sólo la implicación de altos cargos policiales en las cloacas del Estado, los casos de la medalla pensionada del torturador Billy el Niño y su recepción con honores en un organismo oficial invitado por el comisario mariscal de Gante, o la del golpista Tejero de manera reincidente en actos semioficiales, van más allá de casos aislados y comienzan a configurar la necesidad de una acción de Gobierno decidida a fin de asegurar que los servidores públicos ejercen su función con respeto absoluto al Estado de Derecho”, ha sostenido en un comunicado.
Por todo esto, Santos ha considerado que “sería conveniente la comparecencia del ministro de Interior o de la secretaria de Estado de Seguridad para saber qué medidas piensa tomar el Gobierno para restaurar esa confianza”, con lo que no descarta presentar en los próximos días una iniciativa en este sentido.