Un grupo de personas convocado por Sos Racismo ha protestado a la una de la tarde frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona por los “retrasos” en las citas de la Oficina de Extranjería, trámite necesario para que inmigrantes y refugiados puedan regularizar su situación legal en nuestro país.
Después de un cuarto de hora exhibiendo carteles y repartiendo algunos folletos informativos a los viandantes, dos representantes de la ONG han entregado en el registro de la Delegación un escrito con su protesta.
La portavoz Beatriz Villahizán explica que se trata de “retrasos en las citas de solicitud de arraigo social de unos 5 meses, en reagrupaciones familiares 4 o 5 meses, y más de un año para la primera cita solicitud de protección internacional”.
Una denuncia que se suma “al rechazo general de la Ley de Extranjería como máxima expresión del racismo institucionalizado, una ley que crea categorías de personas y las condena a la irregularidad y a la supresión de derechos”, apunta Villahizán, que considera por ello los retrasos “todavía más inadmisibles, porque suponen un obstáculo más para superar el laberinto legal y burocrático” al que se enfrentan las personas en situación irregular.
La portavoz de la ONG considera que la situación “pone en entredicho los compromisos del Gobierno en materia de asilo: hasta 13 meses de espera para la primera cita es demencial. Los 5 meses para la solicitud de arraigo social también hace peligrar que se caduque la documentación de las personas en situación irregular”, recalca.
En el caso de los solicitantes de asilo, la ONG considera que el Gobierno “está vulnerando gravemente los compromisos adquiridos. ¿Dónde queda la rapidez y eficacia prometidas por el Ministerio de Interior? Será que solo se emplea así en las devoluciones, como vimos el pasado mes de agosto en Ceuta, cuando en 24 horas decenas de técnicos trataron de cubrir el expediente a 116 personas que cruzaron la frontera unos días antes”.
Escasez de funcionarios en la Oficina
El también portavoz de Sos Racismo Javier Urroz achaca a “un problema de personal de atención al público en la Oficina de Extranjería” los retrasos: “Es una cuestión de dinero, y lo más grave es para los de arraigo social: ¿Qué empresario va a esperar 5 meses para contratar a un trabajador? Estamos condenando a las 4.000 personas que se encuentran en Navarra en esta situación a la ilegalidad”.
Pero más allá de retrasos puntuales, “la solución pasa por la derogación de la Ley de Extranjería, porque no puede haber una legislación diferente en función del origen de las personas”, subraya Villahizán.
“Llevamos años denunciando que en materia de extranjería existe un pacto de Estado y la doctrina migratoria consiste en el control, cierre y externalización progresiva de fronteras. No ha dejado de ser así desde 1985, cuando se legisló la primera ley de Extranjería. Es un problema de ideología, de fondo”, sentencia.