Por paradójico que resulte, recién aprobada en junio la nueva ley foral para la igualdad social de las personas LGTBI+, que amplía y regula el servicio de atención que ya se venía aplicando en Navarra a este colectivo, Salud ha suspendido esta prestación sanitaria. “Hoy aprobamos una ley transformadora, que reconoce derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados”, se felicitó la portavoz parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán el día de la aprobación en pleno. Todos los socios del cuatripartito coincidieron en señalar que la ley, propuesta por el PSN, era “pionera en el Estado”. Apenas dos meses más tarde, si una persona transexual pide una cita en Navarra para iniciar un tratamiento, Salud se la deniega.
No hay nuevas citas. Tampoco hay programadas consultas de revisión en los servicios de Endocrinología o Pediatría para los pacientes que ya estaban recibiendo tratamiento. Salud ha suspendido de hecho todo el servicio, aunque asegura que volverá a ponerse en marcha en septiembre a través de una “nueva unidad multidisciplinar”.
El PSN, impulsor de la nueva ley LGTBI+, ya ha pedido explicaciones al consejero Domínguez y quiere que comparezca en el Parlamento. El titular de Salud se ha adelantado a las críticas y, a través de un comunicado en el que no niega la suspensión del servicio, anuncia la puesta en marcha de una “nueva unidad de transexualidad dependiente del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Andraize”.
Con esta nueva “Unidad de Transexualidad”, explica el consejero, el departamento quiere dar cumplimiento a la nueva ley. La norma, recuerda, “establece como uno de sus principios fundamentales el reconocimiento de la autodeterminación de la identidad sexual sin necesidad de someterse a prueba psicológica o médica alguna”. Hasta el momento, cuando una persona acude al servicio de atención a la transexualidad, el protocolo establece que primero se le da una cita con el servicio de Psiquiatría o de Psicología, que derivará después el caso a los especialistas pertinentes. “La ley nos obliga a modificar el modelo de atención que se viene prestando a las personas transexuales, eliminando toda referencia al carácter patológico y, en consecuencia, suprimiendo los requisitos establecidos para el diagnóstico, que hasta el presente se incluía en el ámbito de las enfermedades mentales”, remarca el comunicado de Salud.
Ocurre, no obstante, que la nueva ley ofrecía al Gobierno un plazo de seis meses para adaptar la atención a la transexualidad al nuevo modelo asistencial. Pero, en dos meses, en lugar de adaptarlo, lo que Salud ha hecho es suspenderlo de facto. “Haber mantenido el modelo asistencial hubiera sido ilegal”, se justifica Salud sin tener en cuenta que la ley le ofrecía un plazo de medio año para la adaptación del servicio. “El Servicio Navarro de Salud se ha visto obligado a posponer nuevas citas hasta la puesta en marcha de la nueva unidad”, termina sus explicaciones el departamento.
Desde el PSN han protestado porque “las personas transexuales se encuentran con que no se acepta la entrada de nuevos casos. Y además, a las personas que ya estaban en proceso se les niegan las revisiones, sin darles una alternativa ni una previsión de cuándo va a existir dicha alternativa”. Desde Salud, por el contrario, aseguran que su decisión de no mantener el modelo asistencial “no afecta al seguimiento de los pacientes en tratamiento, que siguen siendo atendidos tanto en las consultas de Endocrinología como en Pediatría”. Pero Salud admite a continuación que no se están produciendo consultas: “Es habitual que en verano se demoren las citas, debido a las vacaciones del personal especializado de la unidad que no pueden ser sustituidas”, justifica. La programación de las consultas de revisión, añade, se comenzará a fijar en septiembre.