Si Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno, la Policía Foral de Navarra tendrá ante sí uno de los restos de mayor envergadura de su historia: hacerse con el total de las competencias de tráfico y seguridad vial. Tal y como se recoge en el acuerdo firmado entre el PSOE y el PNV “se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido en extensión que las realizadas en su momento a la CAV”. La clave está en que si es con el mismo contenido y extensión que las realizadas en Euskadi en 1983, quiere decir que la Policía Foral se hará cargo del control en su totalidad de las carreteras navarras, algo que hasta ahora comparte con la Guardia Civil y que partidos como Navarra Suma defienden que siga haciendo.
De ser así, la Policía Foral pasaría a ser el principal cuerpo policial de Navarra en seis meses al asumir mayor número de competencias en la Comunidad foral que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A la de tráfico se suman las que ya tiene como “velar por la protección y seguridad de las autoridades de la Comunidad foral”, así como de sus edificios e instituciones, también garantizar el funcionamiento de los servicios públicos “cuya competencia corresponda a la Comunidad Foral” o restablecer el orden y la seguridad ciudadana, entre otras, tal y como viene recogido en la Ley Foral de Policías de Navarra. Por su parte las competencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado seguirían siendo el control de las fronteras, puertos, aeropuertos y aduanas, extranjería e inmigración, la expedición del DNI y el pasaporte o la investigación en materias internacionales o supraautonómicas, entre otras.
En cifras, que la Policía foral tuviese la competencia de tráfico supondría que se necesitasen a unos 150 agentes más para dedicarse de forma específica a esa materia, indican a este periódico varios sindicatos del cuerpo policial, que pese a valorar de forma positiva la transferencia, dudan que se puedan hacer efectiva con los recursos de los que disponen a la fecha. Actualmente están encargados del tráfico unos 400 agentes, 175 de ellos guardias civiles, que de consumarse la transferencia dejarían de ejercer las funciones de tráfico y seguridad vial. Estos sindicatos denuncian que en seis meses “es imposible” que la Policía Foral pueda asumir las competencias completas de tráfico, ya que para cubrir las plazas harían falta nuevas promociones de agentes, un proceso, indican, que se alarga más allá de los nueve meses entre convocar los exámenes y el paso por la Academia de los aprendices.
Es una de las principales quejas de los sindicatos desde hace años, la falta de efectivos en el cuerpo de Policía Foral, que estima que está sobre los 1.080 efectivos, un problema que dicen se “agudizaría” si tuvieran que asumir otra competencia más de forma completa. Para ello aseguran haría falta más personal, más medios y más formación, porque recuerdan “tráfico es una especialidad en la que es necesaria una formación específica”. Una alternativa a la convocatoria de una OPE (Oferta Pública de Empleo) para aumentar la plantilla sería la integración de agentes de policía de los cuerpos municipales de Navarra, una medida que está recogida en la Ley de las policías de Navarra, pero a la que las centrales ya se han opuesto a este proceso que, en su opinión, puede generar conflictos jurídicos ya que las plazas obtenidas por los municipales eran para ese puesto y no para otro.
“El colmo de la desvergüenza”
La noticia no ha sentado muy bien a la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), que a través de un comunicado ha manifestado su “estupor” ante el posible traspaso de las competencias de tráfico a Navarra. Entienden que con esta decisión se trata de “expulsar” a los guardias civiles de Tráfico de la Comunidad Foral, por lo que han anunciado la convocatoria de movilizaciones y un llamamiento para obtener el apoyo de la sociedad. En la misma línea han ido las críticas del presidente de UPN, Javier Esparza, que ha calificado el acuerdo como “el colmo de la desvergüenza”, a pesar de que su partido pactó la misma transferencia con Aznar en el año 2000.
Siguiendo el modelo de Euskadi
Como se recoge en el acuerdo el traspaso de las competencias “se harán en el mismo contenido y extensión que en su día en la CAV”. En Euskadi la transferencia fue inmediata una vez se firmó el acuerdo, lo que provocó “pequeños roces y piques” con los guardias civiles, recuerda Jesús Uribe, ertzaina de la primera promoción de Tráfico, que los tilda de “normales, ya que muchas veces pasaba que a un accidente ellos llegaban antes porque tenían el cuartel más cerca y querían llevar el caso, pero poco a poco comprendieron que ya no tenían esa competencia”. Uribe recuerda esos primeros años de la Ertzaintza al cargo de la competencia de tráfico como intensos, ya que les tocó asumir “nuevas funciones con el mismo personal”. Asegura que la clave estuvo en la reorganización del cuerpo, algo que prevé que se producirá en la Policía Foral para poder hacerse cargo, de nuevo, de esta competencia “de manera efectiva”.
Una policía que nació como un cuerpo de carreteras
Y es que la Policía Foral nació como tal en 1928 con el nombre de Cuerpo de Policía de Carretera. Fue creada por la Diputación de Navarra con el objetivo de “vigilar la circulación y controlar los impuestos provinciales, patentes de circulación y matrículas de vehículos por las carreteras”. El control del tráfico siguió correspondiendo a la Policía de Carreteras navarra hasta que en 1941 el régimen franquista creó la Policía Armada y de Tráfico, con la que empezó a compartir la vigilancia de los vehículos matriculados. Unos años más tarde, en 1959, a través de una ley, el Ministerio español de la Gobernación traspasó la competencia sancionadora a los gobernadores civiles y en 1960 llegaron a Navarra de los primeros cuarenta guardias civiles de Tráfico. De esta forma la policía autonómica perdía por completo la competencia de tráfico.
Con la aprobación del Amejoramiento en 1982 (la Lorafna) en principio se revertía esa situación al establecer que “en todo lo relativo al tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta”, de las que se encargaba la ya denominada Policía Foral y por ello desde entonces se ha venido reclamando desde el Gobierno foral el traspaso de las competencias de tráfico.