Combatir la pobreza energética, mediar con las entidades financieras para evitar los desahucios y promocionar la vivienda pública. En el caso de marcar unas prioridades en la lucha contra la pérdida de un hogar, estas serían las principales, según fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra. Los colectivos ya han solicitado una reunión con el nuevo vicepresidente foral de Políticas Sociales, Miguel Laparra, para conocer qué actuaciones se plantea el Ejecutivo foral. Porque sobre la mesa ya se puso el compromiso de la PAH, incluido de forma íntegra en el acuerdo del nuevo Gobierno, así que ahora llega el momento de convertir esas promesas en actuaciones.
“¿Prioridades? Se trata más de unas actuaciones que se pueden desarrollar en paralelo. Hablamos de un problema complejo, que necesita de muchas medidas, como evitar que se produzcan desahucios. Para ello sería necesario hablar con las entidades bancarias y fijar un protocolo. Queda mucho trabajo por hacer”, afirma Ángel Larrea, integrante de la PAH de San Jorge-Sanduzelai.
De entrada, estas entidades están “satisfechas” con el acuerdo programático suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra en Navarra. En él, entre múltiples medidas de gran alcance (su ambición, y la capacidad de llevar a cabo tantos compromisos, han sido puestos en duda por fuerzas como UPN y PSN), y algunas enunciadas de forma rápida, se incluye íntegramente el compromiso de la PAH. Este, que las cuatro fuerzas ya firmaron durante la campaña electoral (Podemos no lo hizo inicialmente, pero sí se sumó después), apuesta por la promoción del alquiler, destinar viviendas de propiedad públicas vacías al fondo foral de vivienda social, incrementar este fondo en 400 inmuebles a lo largo de la legislatura, rehabilitar viviendas públicas deshabitadas e impulsar un observatorio de la vivienda.
Entre esas medidas de calado, también hay compromisos muy concretos. Por ejemplo, crear antes de junio de 2016 un censo de las viviendas deshabitadas y, para combatir la pobreza energética (contra la que también anunció medidas el último Gobierno Foral, en manos de UPN), garantizar los suministros básicos a familias en riesgo de exclusión social y evitar que se produzcan cortes. Este último paso sería el más cercano, ya que el objetivo es implantar medidas antes del próximo invierno, en octubre de este mismo ejercicio. El Centro de Estudios Ambientales ya concluyó que en 2012, último año con estadísticas, se calculaba que el 5% de los hogares navarros no podía vivir con la temperatura adecuada durante el invierno.
De ahí que Larrea mencione expresamente esta medida como una de las más urgentes. Otras son “asegurar que nadie se quede en la calle” y, para ello, evitar que se puedan ejecutar desahucios sin que exista una solución para las familias afectadas.
El objetivo, garantizar la inversión
Para evitar este tipo de situaciones, el representante de las PAH insiste en que son necesarias dos cuestiones: voluntad, que en principio el Gobierno Foral ya ha reflejado (Laparra aseguró que espera que las primeras medidas que implante sean para luchar contra la exclusión y la pobreza severa), e inversión, que es la que ahora hay que garantizar. Por tanto, a pesar de los gestos evidentes de apoyo de las cuatro fuerzas que han firmado el acuerdo programático a las Plataformas contra los Desahucios, estas esperan nuevos plazos, advierten de que estarán alerta e insisten en que no descartan movilizaciones en caso de que se produzcan este tipo de situaciones.
Fuentes de estas entidades ya afirmaron que, pese a la dificultad para contabilizar los desahucios que se llevan a cabo, y sobre todo para distinguir cuáles afectan a primeras viviendas, sus cálculos son que ahora en Navarra se pueden realizar unos 160 desahucios al año (en febrero, por ejemplo, se habló de unos 290, pero las cifras son solo estimaciones). De ahí que Larrea recuerde al Ejecutivo que “hay cuestiones que no pueden esperar” y exigen medidas urgentes. Ahora esperan la respuesta del nuevo Gobierno.