Se les acusa de un delito continuado de agresión sexual, uno contra la intimidad y otro de robo con intimidación y violencia. Los cometieron, supuestamente, contra una joven a la que introdujeron en un portal durante la madrugada del 7 de julio de 2016, en San Fermín. Los cinco procesados, miembros de un grupo de chat que se autodenomina ‘manada’, han negado ante el tribunal que juzga el caso que cometieran dichos delitos. Se han declarado inocentes. Solo uno de ellos ha admitido un posible delito de hurto, al reconocer que cogió el móvil de la joven cuando el grupo abandonaba el lugar de los hechos.
El juicio, que ha arrancado este lunes, se celebra íntegramente a puerta cerrada para proteger “el derecho fundamental a la intimidad” de la denunciante, así como para mantenerla a salvo, a ella y a los cinco acusados, de una “indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y
vida sexual“ , según decidieron los jueces. En esta primera jornada se han abordado las cuestiones previas que han planteado las partes y se ha tomado declaración a los acusados sobre si reconocían o no los delitos de los que se les acusa. La vista continuará mañana con la declaración de la víctima, que permanecerá sola en la sala mientras los acusados siguen su declaración desde otra estancia en la Audiencia de Pamplona. Será la única jornada en la que la joven, que vive en Madrid, tendrá que estar presente en el juicio.
Entre otras cuestiones, el tribunal ha deliberado hoy sobre la petición de fiscalía de cambiar el orden previsto para los interrogatorios. Como una medida para garantizar la seguridad jurídica de los acusados, el tribunal había decidido que los cinco fueran interrogados en la recta final del juicio, tras haber podido escuchar las declaraciones de la joven, de los policías que intervinieron en la investigación de los hechos y de los diferentes peritos que han contratado las partes. El fiscal encontraba ventajosa para los acusados esta programación, de forma que ha pedido al tribunal adelantar el interrogatorio de los acusados y que se hiciera previamente a la toma de declaración de la joven. El tribunal ha decidido no alterar el orden de pruebas que ya aprobó para el juicio.
Las instituciones seguirán personadas en la causa
El tribunal ha decidido también que sí pueden continuar personados en el juicio, como acusación popular, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Las defensas de los procesados habían pedido su exclusión al tratarse de instituciones, y no de sociedades, como requiere la figura de la acusación popular. Además, entendían que ambas instituciones no se ven perjudicadas por los hechos juzgados. Los jueces no han aceptado su petición.
Se da la circunstancia de que, en este juicio, es la acusación popular que ejercen Gobierno y Ayuntamiento la que exige penas más elevadas para los encausados: 25 años y 9 meses de prisión. La acusación particular pide para los cinco de ‘la manada’ 24 años y 9 meses de cárcel, mientras que la fiscalía reclama una condena de 22 años y 10 meses de privación de libertad. Varios grupos feministas han exigido un juicio “limpio y justo”.
Los acusados han llegado al Palacio de Justicia de Pamplona minutos después de las 9 de la mañana, en un vehículo de la Policía Nacional que les ha trasladado desde la cárcel de Pamplona. Tres de ellos llevan 16 meses recluidos en este centro penitenciario, mientras que los otros dos fueron trasladados a esta cárcel la semana pasada, procedentes de la prisión militar de Alcalá de Henares. Una vez dentro del edificio, han sido conducidos hasta la sala en la que se desarrolla la vista, donde les esperaban ya sus abogados.