Los tres magistrados que componen la sala 203 del Palacio de Justicia de Pamplona anunciarán en las próximas horas -las partes creen que la decisión será anunciada el miércoles- si estiman la petición de las defensas de los cinco acusados de la manada de poner en libertad a los condenados a la espera de una sentencia firme. La vista fijada el lunes finalizó sobre las 11.15 horas, y desde entonces los jueces preparan su decisión.
Los cinco acusados fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016 y se encuentran en prisión provisional desde el 7 de julio de ese año, pues fueron detenidos horas después de cometer los hechos. No obstante, fueron absueltos del delito de agresión sexual, circunstancia que generó una ola de protestas sin precedentes en España y el extranjero.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares y populares -ejercida esta última por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona- se oponen a la puesta en libertad. En la vista han estado presentes los tres condenados que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Pamplona: José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, que han sido trasladados a la Audiencia en furgón policial. Los dos que se encuentran recluidos en Madrid, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, han seguido el proceso por videoconferencia. Ninguno de los acusados ha intervenido en la vista, ya que era turno de que el tribunal escuchara a las partes.
El próximo 7 de julio se cumplen dos años desde que los miembros de la manada ingresaron en prisión provisional. Se trata del periodo máximo previsto en la ley para un encarcelamiento de ese tipo, aunque cumplido este plazo la legislación también contempla una posible ampliación. Podría prolongarse como máximo hasta la mitad de la condena impuesta, por lo que se podría prorrogar hasta otros dos años y medio.
La fiscal Elena Sarasate, que pidió 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de agresión sexual, delito contra la intimidad y el robo del móvil de la joven, se ha opuesto a la puesta en libertad. Solicitó, además, responsabilidad civil por el “sufrimiento moral” de la víctima. Sarasate le dio total credibilidad a la víctima en su informe final ante la Sala durante la celebración del juicio: “La intimidación fue gravísima e impidió resistencia o huida, no le quedó más remedio que someterse. La denunciante no consintió”, defendió entonces. Ahora plantea esos mismos argumentos en su recurso ante el Tribunal Superior de justicia de Navarra.
Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima, ha manifestado a la salida de la vista que tiene una “buena” sensación tras asistir a la comparecencia. Morán ha considerado que la vista “ha ido bien” y ha afirmado en declaraciones a los medios que ha ratificado lo que ya planteó por escrito ante el tribunal, es decir, su posición contraria a que los cinco condenados por abuso sexual sean puestos en libertad a la espera de sentencia firme.
El Gobierno de Navarra, que ejerce una de las acusaciones populares, también se opone a la puesta en libertad de estos agresores sexuales. La consejera Ana Ollo señaló la pasada semana que el Gobierno de Navarra ha presentado una petición para que no se conceda esta libertad provisional. Recordó que el Ejecutivo foral ha recurrido también la sentencia de este caso al entender que “no correspondía a lo que en un primer momento han defendido los letrados del Gobierno de Navarra, y también la Fiscalía y los letrados del Ayuntamiento de Pamplona, en el sentido de que es un delito en el que está implicado la intimidación y la violencia”.
El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado cinco escritos, uno por cada condenado, en los que insiste en “el riesgo de fuga” y la “importancia de las condenas” impuestas en la sentencia, no firme, del pasado mes de abril para negar su puesta en libertad. El abogado del Consistorio, Víctor Sarasa, ha insistido al salir de la Audiencia en la “gravedad de los hechos considerados probados” en la sentencia que condena a los cinco acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual para rechazar su puesta en libertad provisional.
La defensa los compara con Urdangarín y Diego Torres
El abogado de la defensa Agustín Martínez Becerra ha señalado en declaraciones a los medios que “lo ajustado a derecho” sería que el tribunal atendiera esta petición de la defensa y que “a partir de ahí siguiera el procedimiento judicial” hasta que se dicte sentencia firme.
Martínez Becerra ha considerado que los tres magistrados deberían tener en cuenta “el propio contenido de la sentencia y el propio contenido de su auto” del 14 de julio de 2017. “En el auto se hablaba de la existencia de un riesgo de fuga teniendo en consideración las altísimas penas que se pedían. La pena mínima solicitada era de 22 años y 10 meses. Teniendo en cuenta que la pena ha sido de nueve años y que ya llevan dos años en prisión, entendemos que no cabe plantear la existencia del riesgo de fuga como tal”, ha señalado.
El letrado hace refererencia en su escrito a otros casos de repercusión mediática en los que las personas condenadas en primera instancia se encuentran en libertad provisional, como Iñaki Urdangarin y Diego Torres, por decisión de la Audiencia de Baleares o varios de los condenados por el caso Gürtel, algunos de estos últimos a 15 o 14 años de cárcel.
Sobre la posible reiteración delictiva, el abogado ha señalado que “era una manifestación por parte del tribunal que carecía de ningún tipo de fundamento ni soporte, teniendo en consideración que no ha existido ninguna causa por la que hayan sido condenados”. “Si se hace referencia al procedimiento que se sigue en Pozoblanco, después de dos años prácticamente no existe todavía ni auto de procesamiento. Entender la existencia de reiteración delictiva carece de sentido”, ha señalado.
Sobre la posibilidad de pedir un traslado de los condenados a la cárcel de Sevilla, en caso de que sigan en prisión, Martínez Becerra ha señalado que “de momento vamos a pedir la libertad porque entendemos que es lo que procede hoy”. “A tenor de esa resolución ya no solamente no cabe el traslado a Sevilla a ninguna prisión, sino el traslado a Sevilla a sus correspondientes viviendas”, ha apuntado, para señalar que “la puesta en libertad debe ser lo más rápida posible”.
Diez días antes de la vista, Jesús Pérez, abogado del guardia civil integrante de La Manada, presentó un escrito solicitando la libertad de su cliente por motivos de “arraigo”. Pérez indicó que la petición se fundamentaba en que “no hay riesgo de reiteración delictiva ni riesgo de fuga”.
Ya el pasado 1 de diciembre de 2017, tras la vista oral del juicio celebrado el mes de noviembre, la Audiencia Provincial de Navarra rechazó la puesta en libertad de los cinco acusados como habían solicitado igualmente sus defensas. En este caso, también se produjo, al igual que en la sentencia, el voto particular de uno de los magistrados.