Los cambios para ampliar la RIS salen adelante y UPN denuncia que son “una chapuza”
El Parlamento de Navarro ha dado luz verde a los cambios en la Renta de Inclusión Social, que permitirán ampliar el número de sus posibles solicitantes. El PSN ha sacado adelante las modificaciones a la norma que él mismo cambió durante su etapa en el Gobierno Foral junto a UPN (en 2012), que entre otras cuestiones amplía las cuantías y los plazos, pero que mantiene requisitos como el empadronamiento en Navarra durante 24 meses. La vía aprobada es intermedia entre el carácter más restrictivo de la RIS actual y la más amplia que proponía gran parte de la oposición, algo que ha provocado por ejemplo las críticas de grupos como Bildu y Aralar. El Gobierno Foral, por su parte, calcula que estos cambios supondrán un coste extra de 32,3 millones, una cifra que ha cuestionado el PSN.
El PSN presentó esta semana su propuesta y al final, ha logrado los apoyos necesarios. Hasta ese momento, sobre la mesa únicamente estaba la realizada por grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, y que proponía un sistema más amplio. En la ley hasta ahora vigente, se exige un requisito de empadronamiento de 24 meses, pueden solicitarla personas de 25 a 65 años y, salvo excepciones, se otorga durante un máximo de 30 meses. La propuesta de estas formaciones de la oposición, en cambio, recogía la voz de la plataforma en defensa de la renta básica, que abogaba por exigir únicamente 12 meses de padrón, que incluyera a todas las personas independientemente de su situación administrativa y que facilitara la renovación de la prestación más allá de sus límites.
Ante esta propuesta, que el PSN consideró “una locura”, el grupo socialista presentó una alternativa, y no abierta al debate. La propuesta, han insistido, es “realista” y permite “ampliar a la población diana, porque la crisis está generando una brecha social”. Así, se amplía la cuantía (una persona, por ejemplo, tendrá el 100% del Salario Mínimo, y no el 85% actual), se reduce la posible solicitud a los 18 años y se extiende más allá de los 65 si hay cargas familiares, además de ampliarse la extensión de la RIS a 36 meses; pero, eso sí, se mantiene la exigencia de 24 meses de empadronamiento para las personas solicitantes y solo se incluye a aquellos inmigrantes que residan en Navarra y hayan perdido su trabajo y, por ello, cambie su situación.
Este planteamiento sembró la duda sobre si las modificaciones saldrían adelante, puesto que a los proponentes les planteaba la necesidad de elegir: o aceptar esas medidas para incluir a más posibles solicitantes o defender su alternativa, más ambiciosa (que quería recuperar el espíritu de la Renta Básica, modificada por la ley que hasta ahora está en vigor y que, según los cálculos en los que ha insistido la oposición, ha dejado fuera a entre 2.500 y 3.500 personas), y ver cómo decaía, puesto que los votos del PSN resultaban claves.
El Gobierno calcula que costará 32,3 millones más
Y, finalmente, la propuesta socialista ha salido adelante, eso sí entre críticas de otros grupos de la oposición, como Bildu, Aralar o Izquierda-Ezkerra, que han cuestionado en mayor o menor medida que estos cambios han “destrozado” el propósito de este debate y han asegurado que la propuesta final se queda “corta”, pero han reconocido que han votado a favor “por responsabilidad”. En lo que sí ha coincidido la oposición ha sido en criticar cómo ha reaccionado el Gobierno Foral ante estos cambios, en los que ha hablado de, por ejemplo, el efecto llamada de esta nueva RIS.
Por su parte, el consejero navarro de Política Social, Íñigo Alli, ha denunciado las “calumnias” y la “demagogia” de la oposición y ha vuelto a recordar que, según los datos del Gobierno central, Navarra da una RIS cada 25 habitantes, cuando la media estatal es de 175. Alli ha calculado que, a los más de 50 millones que se destinan al año en la RIS, se sumarán los 32,3 millones en los que están valorados los cambios promovidos por el cambio acordado entre la oposición. UPN y PPN han votado en contra por considerarla, respectivamente, “un despropósito” y una modificación aprobada a la carrera y “sin rigor”. Sea como fuere, la nueva Renta de Inclusión ya es una realidad.
