A Podemos Navarra se le acobardan los socios de gobierno cuando se trata de aprobar una de sus cuestiones estrella como es la supresión de privilegios políticos. Aunque la proposición de ley impulsada por la formación morada para eliminar en Navarra las cesantías e incrementar las incompatibilidades de los altos cargos continúa su trámite parlamentario, será necesaria la convocatoria de la comisión que vela por el cumplimiento del acuerdo programático del Gobierno para que los cuatro partidos que lo apoyan intenten llegar a un acuerdo.
Aunque los cuatro partidos llevaban ya un par de semanas con la proposición de ley que impulsa Podemos sobre la mesa, no han sido capaces de limar sus diferencias. Así que, ante la posibilidad de que el tema se quedase atascado, Podemos y Bildu presentaron ante el Parlamento el proyecto de ley de la formación morada para su tramitación. Y la obligatoriedad de pronunciarse públicamente sobre esta ley en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha destapado que las discrepancias de los socios son enormes. En su acuerdo programático figura la necesidad de aprobar un “código ético” que supere la actual legislación de cesantías e incompatibilidades de cargos públicos. Pero a la hora de plasmar negro sobre blanco dicho código ético, el acuerdo salta por los aires.
El desencuentro es de tal calibre, que Geroa Bai, partido que lidera el Gobierno foral, ha pedido sin éxito la retirada del texto de su tramitación parlamentaria. Incluso Bildu, que ha propuesto junto con Podemos la ley para su tramitación en la Cámara, reconoce que “estas no son formas de presentar la iniciativa”, pero explica que lo han hecho así para “desatascar” el tema. IE, por su parte, pide un proyecto con planteamientos “razonables”, mientras que Podemos califica de “laxa” su propia propuesta de ley.
Desde esta situación de partida, el acuerdo entre los cuatro partidos se antoja difícil. Ayudará el hecho de que las negociaciones serán a puerta cerrada en la comisión de seguimiento del pacto programático, pero si ni siquiera en el seno de dicha comisión son capaces de ponerse de acuerdo, las discrepancias volverán a ser públicas durante el trámite parlamentario de la ley.
Lo que pide Podemos
Lo que pide PodemosEn su proposición de ley, Podemos quiere extender a 10 años el régimen de incompatibilidades para cargos públicos. Actualmente, quienes abandonan un cargo ejecutivo no pueden ejercer durante dos años ninguna actividad privada relacionada con asuntos con los que trataron durante el ejercicio del cargo.
El texto de Podemos señala que “”durante los diez años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el cargo, ni celebrar contratos de asistencias técnica, decisiones o similares con las administraciones públicas“. Y añade la obligación de informar a la Administración de cualquier actividad profesional que dichos ex altos cargos vayan a desarrollar.
En cuanto a las cesantías, una retribución económica que se paga a determinados ex altos cargos durante un tiempo, y que equivale al 80% del sueldo que tenían en el ejercicio del cargo, Podemos apuesta directamente por su supresión. Se trata, consideran, de un privilegio injusto llamado a desaparecer. En un contexto marcado por la crisis económica, el incremento de la desigualdad social y la corrupción, carece de fundamento otorgar tales extraordinarios privilegios a quienes tuvieron el honor de ostentar los más latos cargos de la comunidad, cuyo desempeño ya es una retribución en sí misma“, recoge Podemos en la exposición de motivos de su ley.
En lo que va de 2016, el Gobierno foral ha abonado 70.770,37 euros en concepto de las cesantías que cobran 15 ex altos cargos del Gobierno que presidía Yolanda Barcina. El año pasado, las cesantías cobradas por los ex altos cargos del Gobierno de UPN superó los 614.000 euros.
En qué discrepan sus socios
Si para la portavoz de Podemos, Laura Pérez, la ley es una proposición de mínimos y resulta “bastante laxa”, sus socios de gobierno miran la ley desde otros puntos de vista muy alejados. Para Geroa Bai, en palabras de su portavoz parlamentaria María Solana, se trata de un tema “tan serio y de tanta envergadura” que no puede solucionarse a la ligera, presentando una ley sin el consenso previo de los socios. Para Solana es “poco razonable” extender a 10 años el régimen de incompatibilidades. “Si no se acompaña de otras medidas, nos aboca a que sólo ocupen los altos cargos políticos profesionales, funcionarios o ricos”.
Desde Bildu, Adolfo Araiz se muestra partidario de que los ex altos cargos no puedan ejercer “determinadas actividades privadas” tras su paso por la política. También apuesta por estudiar la posible retroactividad de la norma, para que afecte no sólo a los ex altos cargos futuros, sino también a actuales ex altos cargos, en referencia a quienes formaron parte de anteriores ejecutivos de UPN.
Por su parte, IE prefiere no poner etiquetas a la propuesta de ley de Podemos. Pero José Miguel Nuin sí ha advertido que “no hay que desconocer tampoco que los altos cargos del Gobierno de Navarra no tienen desempleo”. Para IE, habría que apostar por “firmar convenios con la Seguridad Social para que altos cargos puedan cotizar por desempleo y tengan derecho al paro como el resto de los trabajadores, esto es lo racional”, ha indicado.