¿La drogodependencia debe tratarse únicamente desde un punto de vista sanitario? En la práctica, ha sido lo más común. En Navarra, en 2008, un 68% de las atenciones realizadas fueron en este plano, basado sobre todo en citas, revisiones y medicación. La tendencia, sin embargo, debe ser a abordar esta problemática con un modelo “biopsicosocial”, porque también hay problemas asociados a la adicción vinculados a la vivienda, el empleo, la falta de ingresos económicos o de apoyo familiar… Esta es una de las reflexiones de Javier Arza Porras, doctor en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra y profesor de este departamento, cuya tesis doctoral ha sido premiada con un accésit de los premios Reina Sofía contra las Drogas, concedidos por la Fundación para la Atención de Toxicomanías de Cruz Roja Española.
Arza, cuya tesis se denomina Estrategias para la atención sociosanitaria. El caso de las drogodependencias en Navarra (1993-2009), desarrolló esta investigación tras participar en la evaluación del primer Plan Foral de Drogodependencias. En el segundo, impulsado en 2012, se recoge que las razones que motivan un tratamiento en los centros de salud mental en Navarra fueron, principalmente, el alcohol, los opiáceos (con un descenso llamativo, no obstante) mientras, ya a mayor distancia, aumentaba el uso de diversas sustancias y de la cocaína. Y el 80% de las personas atendidas eran hombres.
Según apunta Arza, si hace dos o tres décadas era más constante en tipos de consumo y sus necesidades, ahora es “mucho más variado”: adicciones al alcohol, presencia de trastornos mentales asociados, personas inmigrantes, jóvenes con presiones familiares y judiciales, adultos sin aparentes dificultades de integración social… Y, también, personas vinculadas durante muchos años a esta red de tratamiento y que, por tanto, son casos “cronificados”.
¿Y cuáles son las carencias en esa atención? “El principal déficit reside en la coordinación con otros servicios no especializados (los sociales, la atención primaria de salud…), lo que acarrea debilidades en la detección precoz y dificultades para atender, de forma paralela o consecutiva, otras necesidades que se presentan junto a la drogodependencia”, apunta Arza.
Estas son las ya mencionadas, y habituales en situaciones de exclusión, como la falta de vivienda, de apoyos o de ingresos. ¿Cómo se solventa esta falta de coordinación y de atención multidisciplinar? El profesor apunta directamente a una necesidad de más servicios y de más personas profesionales en la atención, y una mejor coordinación entre los existentes. En Navarra, esta materia depende principalmente de Salud Mental y no de Políticas Sociales (un debate recurrente), y los centros de salud mental son el primer nivel en que las personas son atendidas (la memoria de Salud Mental de 2014 recoge que ese año se atendieron a través de estos centros a 247 personas por primera vez, y a un total de 1.835, aunque la cifra se refiere en general a las adicciones, también incluye la ludopatía y no el tabaquismo, que se aborda en atención primaria), además de disponer de recursos, entre otros, como un hospital de día especializado, tres comunidades terapéuticas residenciales con las que el Gobierno Foral concierta 90 plazas, la posibilidad de ingreso en la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica para desintoxicaciones o el programa de atención en el centro penitenciario.
La experiencia en una comunidad terapéutica
Arza considera que es necesario potenciar la actuación en esta red “con más recursos”. Lucía Lorda comparte esta petición, porque muchas partidas para los colectivos sociales se han perdido. Ella es la directora de una de esas tres comunidades terapéuticas, Larraingoa, dependiente de la asociación sin ánimo de lucro Antox (surgida en 1981). A este tipo de comunidades acceden ahora usuarios desde los 18 hasta cerca de los 70 años, la mayoría por consumo de alcohol y, después, opiáceos y otras sustancias. Y se dan casos, sobre todo en personas mayores, en los que puede haberse dado un consumo durante décadas y es ahora cuando surgen “otras complicaciones”, ya sean sanitarias, sociales (la soledad, sobre todo) o la vivienda.
Estas comunidades ofrecen un servicio (y las personas usuarias deben afrontar un porcentaje del coste) que responde a estas necesidades durante un máximo de doce meses de forma consecutiva (aunque puede haber nuevos ingresos ante recaídas), pero Lorda considera que faltan recursos intermedios, por ejemplo residenciales o alquileres sociales, para personas que también tienen problemas laborales o que necesitan estar ocupados para “estructurarse el día”.
Arza, por su parte, también habla de esta mejora en pisos de acogida o de reinserción, de la necesidad de recuperar una persona de liderazgo al frente del Plan Foral de Drogodependencias (esas competencias se dividieron hace cuatro años entre otras áreas), de mejorar la red de salud mental y de una propuesta pendiente que no ha salido adelante: en el primer Plan Floral de Drogodependencias se apostaba por crear “subequipos” especializados dentro de cada centro de salud. Actuar en esta materia, insiste, no solo mejoraría la atención en drogodependencias, sino en general el servicio sociosanitario.