Los recursos para mostrar una puerta de salida a la violencia de género
¿Una víctima de la violencia de género conoce qué servicios públicos están a su disposición? Las trabajadoras sociales del Servicio Municipal de Atención a la Mujer de Pamplona (SMAM) explican que, ante una situación así, muchas mujeres están aisladas, la mayoría desconoce esos apoyos y si cumplen los requisitos para utilizar recursos económicos, de vivienda o judiciales. En este centro, ubicado en el barrio pamplonés de la Rochapea, son asesoradas en este sentido. Mirenjo Larrainzar, trabajadora social con casi 11 años de experiencia en el SMAM, y Mertxe Esparza, con más de uno, explican los componentes de esta red de apoyo. Qué medidas solicitar, en cualquier caso, siempre es una decisión personal.
Para ello, insisten, el primer paso es que las personas afectadas se pongan en contacto con el servicio. Puede ser por teléfono, solicitando una cita previa (948 420 940), a través del teléfono de emergencias 112 o en el 016, centrado en casos de maltrato y que no deja rastro en la factura. A este tipo de servicios también se puede acudir de forma física o bien derivada por los centros de salud, la Policía Municipal, el Juzgado o los servicios sociales de base, que por ejemplo en zonas rurales, puntos difíciles en la que sacar a la luz la violencia machista, son las que asumen este tipo de labores. El Gobierno de Navarra, por su parte, también tiene una oficina de apoyo a las víctimas, mientras que municipios como Tudela o Estella cuentan con servicios similares al pamplonés.
El SMAM también atiende casos de desequilibrios de relaciones afectivas, dificultades en la ruptura de la pareja, problemas con la custodia, asesoramiento para abandonar la prostitución o respaldo a mujeres gestantes sin apoyos. En general, se trata de actuar ante situaciones de desigualdad. En total, tramita alrededor de 600 casos al año (en 2014, por ejemplo, según se recoge en la memoria del servicio, hubo 573 expedientes), de los que unos 300, en grandes cifras, son nuevos.
Y, de todos ellos, un 40% está vinculado a la violencia machista. Lo habitual es que se trate de mujeres de entre 30 y 39 años, pero también hay menores de 19 o mayores de 65. De estos casos, en general, muchos están vinculados a violencia psicológica, sexual o económica, que en la nueva ley foral de violencia de género, que recibió luz verde con el último gobierno de UPN en Navarra, están recogidos de forma específica.
Una salida económica
La violencia económica, que las víctimas se vean sin medios económicos, “subyuga muchísimo”, explica Esparza, porque “él controla el dinero, incluso aunque ella trabaje”. “Y una de las estrategias de la violencia es tapar las posibles salidas que tenga la mujer, algo que se utiliza para que ella no dé pasos adelante”, añade Larrainzar. De ahí que una de las cuestiones en las que se asesora a las mujeres sea en los recursos económicos que pueden solicitar a las instituciones. Está la opción de optar por una vivienda de protección oficial, solicitar la Renta de Inclusión Social, la Renta Activa de Inserción o las ayudas para mujeres con dificultades de empleabilidad. Y lamentan, eso sí, que pese a ese abanico puede haber casos que queden fuera.
Las soluciones de vivienda
A través del 112, por ejemplo, también se puede gestionar el ingreso en una de las soluciones de vivienda de las que dispone el Gobierno de Navarra para situaciones de riesgo. Estas trabajadoras sociales creen que uno de los debes de esta atención consiste en que las plazas son “limitadas”, pero el objetivo es que la mujer que desee dejar la vivienda que comparte con su pareja pueda dar ese paso sin el agobio de verse sin un techo. La Policía Municipal, además, puede acompañar a la atendida a su vivienda para recoger sus propiedades y dirigirse a un centro de urgencias. El sistema tiene tres escalones que no pueden saltarse: primero, se puede acceder a ese centro de urgencias durante un mes (no es necesario que haya denuncia para ello y siempre tiene que haber plazas disponibles), después se puede pasar a la llamada casa de acogida (su ubicación no se hace pública) durante alrededor de seis meses y, de ahí, a pisos.
Las dudas legales
El SMAM es un servicio municipal, pero en principio no actúa de oficio y acudir a él no supone denunciar el caso. Solo se explican los pasos que hay, pero “siempre respetando el ritmo de la mujer y sus decisiones”, puntualiza Esparza. El objetivo es “salir de esa situación de violencia”, y, recalcan, no solo está la vía penal. El asesoramiento judicial sirve para aclarar, por poner dos ejemplos, qué puede considerarse abandono del domicilio familiar o, si son extranjeras, si pueden volver con sus hijos o hijas a sus países de origen. La abogada del servicio orienta, pero no lleva esos casos. Y, para iniciar procesos de divorcio, también se puede optar por la justicia gratuita (el límite de ingresos depende de unos cálculos según un indicador de renta) a través del Colegio de Abogados.
Tratamiento psicológico
El servicio pamplonés dispone en la actualidad de dos trabajadoras sociales, una abogada, una administrativa y una psicóloga. Hace años, llegó a contar con tres trabajadoras sociales y una psicóloga más a tiempo parcial, una clara señal de que también en este tema ha habido recortes en las instituciones. En cuanto al tratamiento psicológico de las víctimas, el servicio tiene tratamientos individuales para que las mujeres atendidas intenten superar situaciones de autoestima baja, sentimiento de culpa o estrés post-traumático. El objetivo en todo el proceso, en general, es que no se sientan solas, que estén acompañadas. Y que vean una salida.
