“Desde el Gobierno central han puesto unas condiciones que van contra la salud de los enfermos, que se guían por criterios económicos, y algunas comunidades están encantadas con ello. Entre ellas, Navarra”. El presidente de la asociación de trasplantados y enfermos hepáticos de Navarra (Athena), Antonio García, se muestra así de contundente porque, ante esta problemática, el racionamiento que en todo el país se está produciendo con unos nuevos fármacos que podrían solventar la curación de enfermos de hepatitis C, cree que ha llegado el momento de pasar “de las palabras a los hechos”. Y la primera medida debería ser, según explica este afectado, que la prescripción de estos fármacos se hiciera según el criterio de los hepatólogos.
Esta situación, que García considera “lamentable”, se produce por la gestión del nuevo fármaco para tratar la enfermedad (un mal vírico que produce una inflamación del hígado), comercializado como Sovaldi. Diversos colectivos de enfermos ya se habían mostrado esperanzados por la llegada y aprobación en España de un nuevo medicamento para tratar este mal, el Sofosbuvir (que aquí adquiere el nombre de Sovaldi). Este supone un avance frente a las combinaciones habituales de fármacos, como el discutido Interferon, la Rivabirina y el Simeprevir, porque reduce los efectos adversos y aumenta la probabilidad de curación. Sin embargo, ya entonces colectivos como Athena advertían de la necesidad de estar atentos a la “letra pequeña” del anuncio del Ministerio de Sanidad, para conocer a qué grupo de pacientes podía prescribirse el mencionado Sovaldi.
Y ahí es donde surge la polémica. El pasado 5 de diciembre, el Ministerio de Sanidad anunció su Estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C (VHC) en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Este documento es el que marca las pautas de distribución de los nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C y apuesta por, según se lee en el texto, “ordenar” el acceso a los medicamentos y obtener mejores resultados y priorizar las “situaciones” en las que se carece de tratamientos alternativos. Esta guía ha recibido el rechazo de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEHH), que considera que “se ponen límites de acceso” a los medicamentos y “pone en riesgo la salud de los pacientes”.
De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) ya se ha encerrado en el hospital madrileño 12 de octubre para criticar el goteo de personas tratadas y la excusa de que estos tratamientos son muy caros. Porque, al final, han asegurado, todo es una cuestión de presupuesto.
¿Y en Navarra? ¿El Gobierno Foral puede facilitar el acceso a este medicamento haciendo valer sus competencias? Desde Athena, que agrupa a unas 50 personas entre afectados, trasplantados de hígado y familiares (en Navarra se calcula que habría unos 7.000 afectados por hepatitis C), consideran que el Ejecutivo de Yolanda Barcina está satisfecho con las restricciones implantadas desde Madrid, ya que lo contrario hubiera supuesto un importante desembolso para la Sanidad navarra. Por el momento, “en Navarra lo poco que sabemos es que a los no trasplantados se les están poniendo muchas restricciones. Y es un problema, porque por ejemplo a una persona que tiene una cirroris, con un tratamiento así le puedes evitar un trasplante”.
Más barato a largo plazo
García reconoce que, ahora, facilitar la llegada de Sovaldi podría conllevar un coste económico importante, pero este será mayor, y no tan a largo plazo, si a las personas susceptibles de recibir este tratamiento no se les facilita el medicamento y, por tanto, su salud se sigue agravando hasta requerir actuaciones más caras, como un trasplante, o derivar a cuadros más severos, como una cirrosis.
“Deberían ser los hepatólogos los que puedan decidir qué tratamiento sigue cada paciente. Sin cortapisas ni restricciones. Así evitaríamos el sentido que las autoridades sanitarias quieren dar a esta situación, que es solo economicista, no médico”, apunta García. Desde la asociación asumen que, en la actualidad, no se puede abrir las puertas de esta medicación a todos los afectados y afectadas, sino que hay que priorizar, pero insiste en que esto debería hacerse según un criterio médico y con el objetivo de llegar a los casos más urgentes en el menor tiempo posible, porque “hay gente que está al límite y el paso del tiempo va en su contra. No pueden esperar”.
Por todo ello, desde esta asociación navarra lamentan que haya instituciones que “están encantadas” con estas limitaciones, “a pesar de que vayan contra la salud del enfermo. Por eso esto es una fechoría”. Y apuestan por pasar de las palabras a los hechos, endurecer el discurso y exigir una respuesta: “El tiempo de las palabras ha pasado, porque no hemos conseguido nada. Estudiaremos todas nuestras posibilidades, incluso las jurídicas”.