Los extranjeros sin persmiso legal de residencia en España podrán acceder a la futura renta garantizada que pondrá en marcha el Gobierno navarro. Actualmente y al margen de los ciudadanos nacionales que cumplen con los años de empadronamiento, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo. El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha defendido en el Parlamento foral que el anteproyecto de ley de renta garantizada presentado por el Ejecutivo mejora la protección social actualmente vigente y ha deseado que pueda haber un “gran acuerdo político y social” en torno a esta nueva legislación.
Miguel Laparra ha asegurado que la nueva renta garantizada “va más allá del acuerdo programático del Gobierno en notables elementos” y ha destacado que “pretende mejorar la protección social y la base de reconocimiento de derechos”. “Plantea una apuesta muy seria por la inserción en el empleo. Pretende combatir la pobreza, con especial incidencia en la pobreza infantil y mayores, y busca extender los derechos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación”, ha destacado.
En definitiva, ha considerado que este proyecto, presentado con el apoyo de los cuatro grupos que sostienen al Gobierno, aportará un “aumento del nivel de cobertura y del nivel de protección”. “No hay recortes, no lo admito, hay claramente un aumento de la cobertura”, ha destacado. Además, ha asegurado que el Gobierno quiere lograr “el máximo apoyo político y social posible” para la nueva ley, destacando que es “una de las reformas más importantes que pretendemos hacer desde el departamento en esta legislatura”. “Invitamos a que podamos recorrer juntos todo este proceso y seamos capaces de construir grandes consensos en torno a avances sociales”, ha indicado.
Residencia de dos años en Navarra
Las personas que quieran acceder a la nueva renta garantizada deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente. Además, tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año. Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 25 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos hace dos años.
Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación, tendrán una deducción fiscal de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.
Las dudas de UPN
La parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha afirmado que la ley presentada por el Gobierno “incumple el acuerdo programático en el plazo, en el alcance y en el requisito de antigüedad de residencia para la percepción de la ayuda”, aunque ha reconocido que “en algunos casos hay mayor cobertura, como para los mayores de 65 años”. García Malo ha dicho que este proyecto le suscita “muchas dudas” pero ha manifestado que no va a emitir todavía una opinión sobre él, para poder analizarlo “exhaustivamente”, y ha lamentado que “hasta el día de hoy el vicepresidente no ha tenido la deferencia de pedirnos nuestra opinión”.
Por el contrario, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha destacado que su grupo apoya de “muy buen grado” el proyecto de renta garantizada, “porque la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una apuesta prioritaria”. “Estamos hablando de derechos sociales, de unas políticas sociales de carácter redistributivo. Abogamos por fomentar la cohesión social. Va a ser una buena ley”, ha sostenido.
Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha hecho también una valoración positiva sobre el anteproyecto de ley y ha afirmado que “se trata de mejorar la protección social y extenderla sin discriminación”. “La mitad de la intervención de UPN ha estado dedicada a hablar de cortesía parlamentaria, cuando la legislatura pasada ninguna ley era participada. Esta ley ha sido ampliamente debatida con grupos técnicos, entidades sociales, y personas perceptoras”, ha afirmado.
El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha asegurado que su grupo está “muy contento” por cómo el vicepresidente ha contado con las cuatro fuerzas que sostienen al Gobierno y con “la participación de la sociedad civil organizada”. Ha dicho que es “urgente” la aprobación de la ley, pero ha pedido dar “un margen a la posible generación de consensos para fijar una ley que pueda sostenerse más allá de un cambio en el Gobierno”.
Por parte del PSN, Nuria Medina ha afirmado que la reforma planteada por el Gobierno foral “sigue las líneas del modelo que hemos defendido los socialistas y es a imagen y semejanza de las aprobadas por nuestros compañeros en el País Vasco y Aragón”. Además, ha dicho que le genera “cierto desconcierto que grupos como Podemos e I-E reconozcan de manera implícita las bondades del modelo socialdemócrata”.
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha indicado que los argumentos de Laparra “son siempre mucho más políticos que técnicos” y ha indicado que en el proceso de elaboración de la ley el Gobierno “ha dejado fuera a la mitad del Parlamento”. “¿Qué entiende por consenso? Luego nos pide que demos apoyo a la ley. Le daremos apoyo si nos parece adecuada la ley, independientemente de que haya contado con nosotros o no”, ha afirmado.
El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha hecho una valoración “muy positiva” del contenido del anteproyecto de ley y ha destacado que “hay un acuerdo que va a suponer un importante avance en derechos sociales en esta Comunidad”. “Ese es el problema para UPN y PPN, que el Gobierno ha sido capaz de presentar un proyecto y que además tiene un consenso importante. Me gustaría que la actitud de algún grupo no sea la de poner palos en las ruedas”, ha afirmado