“Los familiares de los fusilados tenemos derecho a que no estén en una carretera”
“No llegué a conocer a mi abuelo, pero en realidad sí que lo conozco”. Olga Alcega lleva “toda mi vida” acumulando información sobre Antonio, su abuelo paterno, vecino de Bureta (Aragón), cartero, campesino y dueño de la fonda El Comercio en Tudela, que el 1 de septiembre de 1936 fue apresado por la Guardia Civil después de sacar unas vacas al abrevadero, llevado al Ayuntamiento, torturado y, al día siguiente, fusilado. Uno de aquellos dos tiros acertó directamente en el cráneo, aunque en el certificado de defunción no constan las causas de la muerte. En realidad, a Antonio Alcega Lázaro le habían acusado de pertenecer a la Izquierda Republicana, y desde el propio Consistorio se pidió que fuera relevado de su puesto de cartero básicamente por rojo.
Olga cuenta con precisión y de seguido las fechas, los detalles de la muerte, y, por ejemplo, cómo vestía en el día en que fue hecho prisionero, con unos pantalones azul marino y una camisa blanca remangada. Habla con dolor de cómo su abuelo no pudo despedirse de sus cuatro hijos, que entonces estaban repartidos entre la escuela y Tudela, y de las marcas de golpes en las costillas que reveló la autopsia. Su abuela, Emilia Sarría Martínez, pidió un salvoconducto tras el arresto para buscar a su marido, pensando, como se recoge en esta carta de Olga a su abuelo, que seguía preso en el cuartel de la Guardia Civil en Magallón, municipio aragonés cercano a Navarra. Ella, Emilia, tendría que pelear después por el 50% de sus bienes gananciales, de los que se habían incautado.
Este recurso en el juzgado es uno de los documentos que Olga trasladó al juez Baltasar Garzón, durante su investigación sobre lo sucedido. La propia Olga ha descubierto muchos de esos detalles a través de documentos, de pruebas pero, sobre todo, los conoció de pequeña por el testimonio de una vecina. Y aquello se le quedó grabado, más incluso que a su hermana y hermano, y por eso siguió investigando. Entre 1977 y 1979, colaboró en la exhumación de numerosas fosas de la Ribera, cuando los restos se limpiaban con una esponja. En su caso, logró recuperar a Antonio en 2009, porque hasta entonces descansaba en una fosa junto a otras 81 personas, 79 hombres y dos mujeres. “Todo el mundo sabía que estaba ahí”, pero había que actuar para recuperar los restos y, por fin, permitir el duelo a la familia.
Su caso, con todo, es similar al de muchos otros. Ahora, Olga Alcega es la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, e insiste en la necesidad de que el Gobierno de Navarra cumpla las acciones contempladas en la Ley foral de Memoria Histórica, que exige que las arcas forales costeen la exhumación y las pruebas de ADN de las víctimas. Lamenta, sin embargo, que a menudo se alegue que “no hay dinero” para cumplir un objetivo que debería ser prioritario, ya que “el tiempo se acaba, los hijos de los fusilados y fusiladas se mueren y los testimonios se pierden”.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Berriozar ha costeado (5.000 euros) esta semana la excavación en una fosa en el monte Ezkaba en la que se han encontrado dos cuerpos, según las investigaciones (de la Sociedad de Ciencias Aranzadi) correspondientes a prisioneros de la conocida fuga del fuerte de San Cristóbal, que tuvo lugar en 1938. Esta actuación, en cualquier caso, continuará, ya que los testimonios apuntaban a entre cuatro y cinco personas fusiladas en ese punto. Ahora, el Consistorio exigirá al Gobierno Foral que pague el dinero que las arcas municipales han adelantado.
Este sábado, homenaje en la Vuelta del Castillo
En este tipo de reivindicaciones, asociaciones como affna36 quieren contar con el apoyo de toda la sociedad. Por ello, este sábado vuelve a organizar su acto de homenaje anual a las 308 personas fusiladas en 1936 en Pamplona, así como a las 3.450 que corrieron la misma suerte en Navarra. El acto tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas, en la Vuelta del Castillo de Pamplona, en una zona que se usó para realizar ejecuciones.
“El sábado es un día de homenaje, pero también de reivindicación”, apunta la presidenta de la asociación. “Al final, todos los días debemos luchar por esa financiación, y encontrar esos restos es muy importante. Los familiares tenemos derecho a que no estén en un cementerio cualquiera ni en una carretera, sino donde los depositemos. Muchos hijos dicen lo mismo a sus padres: Aquí te dejo y aquí vendré. Espérame”.
