La última concesión del vicepresidente económico Manu Ayerdi hacia sus socios de gobierno tiene forma de concurso público: el que ha convocado y adjudicado para elaborar un “amplio estudio de opinión” sobre la posibilidad de establecer una banca pública en Navarra. A través de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), el Gobierno ha publicado la adjudicación de dicho estudio a la empresa bilbaína Bizilan. El precio de la adjudicación ha sido de 12.740 euros (IVA excluido), un importe muy alejado de los 50.000 euros que el Gobierno pensaba destinar a esta cuestión.
Aunque el impulso al establecimiento de una banca pública en Navarra es un objetivo recogido en el acuerdo programático, la adjudicación de este estudio es una concesión en toda regla por parte del vicepresidente Ayerdi. Hay que recordar que el primer concurso que convocó el Gobierno fue adjudicado a la consultora AFI, y Ayerdi tuvo que declararlo desierto ante el monumental enfado de sus socios, que consideraban que esta entidad dirigida por Emilio Ontiveros había sido partícipe del fin de la antigua Caja de Ahorros de Navarra, a quien asesoró en sus últimos compases. De los socios del cuatripartito, Geroa Bai es el partido más reticente al establecimiento de una banca pública en la Comunidad foral.
El resto de sus socios exigió que convocase de nuevo el concurso, y que además de elaborar un informe técnico, se pidiese la opinión y el punto de vista de diferentes entidades y asociaciones que tuvieran que ver con el mundo económico.
Así lo hizo el vicepresidente. En una decisión que supuso un arriesgado precedente, declaró desierto el concurso adjudicado a AFI. La entidad no hizo uso de la cláusula de rescisión a la que tenía derecho y consintió en dar el concurso por no adjudicado, con lo que el Gobierno no tuvo que pagar ningún coste extra. Ahora, al nuevo concurso, se han presentado tres empresas. La adjudicataria ha resultado ser Bizilan, una consultora ubicada en Bilbao, dedicada a la realización de estudios económicos y de mercado y la elaboración de investigaciones sociológicas desde 1988 con “amplia” experiencia tanto en el ámbito privado como en el sector público.
Mientras Bizilan elabora su estudio, el Ejecutivo está analizando el informe jurídico, remitido recientemente por el equipo de la Universidad Pública de Navarra encargado del mismo e integrado por Fernando de la Hucha Celador, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y por Rafael Lara González, Catedrático de Derecho Mercantil.
El objeto del trabajo es conocer las actitudes, opiniones y expectativas de una lista seleccionada de agentes de interés en Navarra, con el fin de perfilar en qué ámbitos económicos y espacios sociales de la sociedad crearía valor una entidad financiera de carácter público.
Se trata de 28 entidades, que aportarán información desde cinco puntos de vista: el impacto sobre la financiación para las familias, la financiación para empresas, la financiación dirigida a administraciones, la opinión sindical, y la función social y los valores de las entidades financieras.
El Ejecutivo foral ha anunciado que se está organizando una jornada para conocer experiencias de referencia internacional en banca pública que se celebrará en Baluarte el 22 de septiembre.