“Buscamos cuál es la mejor manera de garantizar a toda Navarra agua de calidad, a un precio que no sea de oro líquido”. No hace aún dos semanas desde que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, expuso ante el Parlamento foral el que será su argumento central en torno a la ejecución o no de la segunda fase del Canal de Navarra. El Ejecutivo foral prepara su munición argumental con estudios, estadísticas y consejos de expertos, porque sabe que en los próximos meses librará con el Gobierno del PP, representado en Navarra también por sus socios de UPN, la batalla del agua.
La ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, ha anunciado ya dos veces que el Estado licitará la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra en 2017. Mientras tanto, el Gobierno de Barkos ultima un estudio con el que pretende redefinir el proyecto y prevé presentarlo a principios de año. Ambas instituciones comparten la gestión del canal en la empresa Canasa, participada al 40% por la Administración foral y al 60% por el Estado. La batalla se librará en el consejo de administración de Canasa, pero también en el ámbito de la opinión pública y en el debate político.
La construcción del pantano de Itoiz y el Canal de Navarra ha sido una de las obras más emblemáticas de los sucesivos gobiernos de UPN en la Comunidad foral. Contó desde el principio con el respaldo incondicional de los socialistas y la oposición frontal de la izquierda abertzale. El proyecto completo, que se programó en dos fases, supone trasladar el agua desde Itoiz hasta Ablitas en 170 kilómetros de canal que permitirá transformar en regadío 59.000 hectáreas de cultivos de secano. La primera fase, ya concluida, abastece además de agua a las mancomunidades de Pamplona y Mairaga, y ha supuesto la llegada del regadío a cerca de 22.500 hectáreas de secano. Antes de acometer la segunda fase, se inició la ampliación de la ya construida hacia los ríos Arga y Ega, lo que posibilitará el riego de 15.000 hectáreas más.
El coste de todo el Canal de Navarra, incluyendo el pantano de Itoiz, la primera fase del Canal y los gastos de la zona regable, suman hasta ahora 1.050 millones de los que el Navarra paga 390 de sus arcas públicas, el Estado 356 y los usuarios de la comunidad de regantes otros 304. Respecto a la zona regable, la primera fase la ejecuta el Gobierno de Navarra mediante una concesión para un plazo de 30 años, subdividida en tramos que desde 2006 van entrando en funcionamiento. Para ello se ha hecho la concentración parcelaria y las obras hidráulicas necesarias. Los propietarios de las parcelas pagan el 15% del gasto, y el resto el Gobierno a través de un canon. El contrato con la empresa concesionaria incluye también el mantenimiento de las instalaciones, cuyo pago va a cuenta de los propietarios de las parcelas.
Fue precisamente el elevado coste que supone para Navarra la razón que llevó a UPN y PP a acordar una reflexión en torno al proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. Pero las elecciones autonómicas que dieron un vuelco a la situación política de la Comunidad foral, con el acceso de los nacionalistas al poder, les hicieron cambiar de idea. Ya en la oposición, reclaman con insistencia la construcción de la segunda fase del canal: “Si no hubiera sido por el boicot de los de siempre y por los sobrecostes que generó su construcción, muy probablemente, el Canal ya hubiera llegado a la Ribera”, afirmó el líder de UPN, José Javier Esparza en Olite durante celebración del XV aniversario del día del partido. “Si este Gobierno paraliza la segunda fase del Canal de Navarra, nosotros la retomaremos cuando volvamos”, anunció.
Subida en las tarifas
Apenas un mes después de haber accedido al Gobierno, y todavía en pleno proceso de nombramientos y creación de la estructura de su gabinete, Barkos tuvo que hacer frente a la primera crisis urgente surgida por la gestión del Canal de Navarra: En agosto de 2015, el consejo de administración de Canasa anunció una subida del 60% en las tarifas de los usuarios del Canal de Navarra. La Comunidad de Regantes se opuso frontalmente: “los regantes tenemos la obligación de pagar por el agua que nos trae Canasa, pero tenemos el derecho a pagar lo justo y no más”, recalcó entonces su presidente, Félix Chueca. “El Canal de Navarra está diseñado y construido en su primera fase para el riego de 53.000 hectáreas y para el abastecimiento a más del 65% de la población de Navarra. Y no lo podemos pagar solamente las 22.475 hectáreas de la primera fase, y además en 30 años”, advirtió Chueca.
Tras notables desencuentros, Canasa y la Comunidad de Regantes llegaron a un acuerdo, ya con el Gobierno de Barkos en el ejercicio de sus funciones: en 2015 la tarifa se incrementó un 15% sobre la de 2014 en concepto de “aportación extraordinaria”, y se acordó un aumento del 2% sobre la de 2014 para los años 2016 a 2018.
El acuerdo en las tarifas seguía las recomendaciones de la Cámara de Comptos, que en octubre, y a petición del propio partido de Barkos, Geroa Bai, dio a conocer un informe sobre el Canal de Navarra en el que recomendaba “analizar la política pública de financiación de este tipo de infraestructuras, tan costosas y de larga duración, buscando la equidad intergeneracional y facilitando la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo en los primeros años”.
El informe de Comptos fue muy del gusto de UPN, porque recogía entre sus conclusiones que “el agua es actualmente, y lo será aún más en el futuro, un bien estratégico. Por lo que disponer de reservas es algo positivo”. Pero también ofrecía argumentos a Geroa Bai, al señalar que “sólo las instalaciones que realizó la empresa Aguacanal para que el agua llegase hasta los hidrantes costaron 169 millones de euros, pero el sistema de peaje en la sombra puede suponer que el canon anual, hasta 2036, pueda elevarse hasta 352 o 428 millones”, en función de cómo evolucione el IPC. A la vista de estas cifras, la presidenta Barkos no dudó en afirmar que los “intereses más propios de tiempos de la usura” podían terminar llevando a Canasa a establecer las tarifas no tanto por las necesidades de los regantes como por la necesidad de pagar este tipo de financiación.
Los grupos de UPN y PP han movido ficha en el Congreso y consiguieron que la ministra Tejerina, al final de su intervención en una comisión parlamentaria, recordase de pasada que el Estado quiere licitar la segunda fase del Canal de Navarra en 2017. El anuncio podría haber pasado perfectamente desapercibido en Navarra de no ser porque se produjo días antes de que el Gobierno foral vaya a presentar su estudio sobre las necesidades del agua en Navarra. Un estudio que, según las palabras de Barkos, no está por la labor de licitar unas obras que supongan pagar el agua a precio de oro.